El propósito es tan viejo como la humanidad: intentar apropiarse de manera fraudulenta la mayor parte de dinero público posible.
Cuando el Estado era mínimo, la corruptela afectaba sobre todo a los contratos de Defensa. Muchas fortunas actuales se labraron a golpe de amaños en los suministros de armas, uniformes (a veces rizando el rizo criminal, como la corrupción conjunta de militares y Joan March para vender armas españolas robadas, a los rebeldes marroquíes que les mataban) o fletes de tropas. Otras veces –como en el caso del marqués de Comillas- con el transporte ilegal de esclavos o el sobreprecio de los uniformes para el Ejército de la guerra de Cuba. Las más de las veces el contrabando, de alturas y de bajuras.
Cuando en el estremecedor e imprescindible libro Un pueblo traicionado. España de 1874 a nuestros días. Corrupción, incompetencia política y división social de Paul Preston, se repasan los sobornos y latrocinios de un primer ministro (Alejandro Lerroux), de los infinitos saqueadores en la dictadura de Primo de Rivera, de los generales de Franco que subastaban a aliados y nazis su neutralidad con coimas multimillonarias o la hipocresía de Franco y su familia disfrazando de austeridad los robos legalizados desde el poder, la verdad es que a uno le dan ganas de renunciar a la nacionalidad. Pero, como diría un castizo: "¡Pa' qué!".
El Gobierno y el PP se enzarzan en una guerra total por la corrupción
Ana Belén Ramos
En la historia reciente, los contratos de obra pública eran la ubre fundamental para robar fondos. Pero no solo: la mafia italiana confesaba que más dinero que los contratos incumplidos de recogida de residuos, la extorsión o la trata de personas (sexual o laboral), la falsificación de supuestos de dependencia o de acogimiento a refugiados o a inmigrantes, había triplicado sus ingresos fraudulentos. La Gürtel exploró el filón de los eventos y las fiestas municipales, y la pandemia, finalmente, fue la Champions de los corruptos, una orgía de latrocinios basada en la suspensión de las reglas de contratación, que alumbró el siguiente capítulo de Medinas y Luceños estafando a los madrileños, Koldos y similares o el novio de la que le gusta la fruta y, a lo que parece, también los áticos de lujo y los Maseratis si los paga otro.
Cuando este robo se hace por delincuentes hábiles o que explotan la carencia de medios de la Administración (la mejor garantía de prosperidad para los estafadores junto a la no-normativa de los paraísos fiscales) la solución es aprender y corregir los agujeros por los que se cuelan, poner más medios, aplicar sanciones disuasorias, adaptar las leyes o buscar la cooperación internacional.
Los socios de la corrupción
Pablo Pombo
Pero cuando el robo se hace por los propios políticos en connivencia con empresarios desaprensivos, la cosa es peor.
Y dentro de esta variante de ladrones, aquella en la que los políticos roban para el partido (y de paso se llevan su tajada o su comisión), es, para mí, la peor. Al fin y al cabo, un ladrón de los de siempre solo roba dinero, pero cuando un servidor público roba y dice que él no se ha llevado nada, que es para el partido, roba la legitimidad de las instituciones y el destrozo en la convivencia es mayúsculo. Destruye la credibilidad de nuestro sistema.
Por eso me parece especialmente vergonzosa la modificación legal por la que se rebajaron las penas hasta hacerlo rentable en el nuevo Código Penal.
El desguace de la malversación
Gonzalo Quintero Olivares
En efecto, al amparo de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso (hay que ver el título, que disuade de leerlo al más pintado) se introdujo una enmienda no prevista en el texto inicial.
Tras un pacto del PSOE con ERC (y con los demás partidos disimulando, pero aprovechándose de ello) se revocó la modificación de 2015 que endurecía el castigo a los corruptos. ¡Qué poco dura en nuestro país el espíritu regeneracionista!
Ahora si robas más de 50.000 euros y es para quedártelo, te pueden caer hasta ocho años de prisión. Pero si robas para el partido, te caen de seis meses a tres años (salvo si te pillan y no lo devuelves en diez días, que entonces sí, te aplican las penas gordas).
La reforma de la malversación provoca la primera revisión de penas por corrupción
Beatriz Parera
O sea, contratos hinchados, o subvenciones fraudulentas que alimenten campañas electorales o maquinarias de los partidos, un tratamiento muy caritativo. Y en la calle la gente parece entenderlo: “Total, él no se ha llevado ni un duro”...
Curiosamente, si prospera el proyecto de ley estrella, se van a poder amnistiar delitos de malversación de dinero público aplicados el procés, por la cosa de la convivencia, pero no podrán amnistiarse “los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea”. En cristiano: si robaste de los presupuestos catalanes para la independencia, amnistiable, si aplicaste fondos europeos a lo mismo, nanai. Es una cosa rara.
Bueno, y todo esto, ¿a dónde nos lleva?
El Supremo reformula el 'procés': los siete líderes independentistas más beneficiados
Pablo Gabilondo
A que no podemos dejar solos a los políticos para que regulen su propio estatuto, no les podemos dejar solos, porque siempre barrerán para casa, para sus propios intereses, los de lo que cada uno llame como quiera: clase política, casta, élites extractivas… Quizás no haga mucha falta argumentos para abundar en su descrédito, pero una autoridad en partidología como el extodo José Bono, decía en las primeras páginas de sus memorias “Se levanta la sesión” que los partidos están muertos a manos de sus mandamases...1
Y ¿cómo salir del bucle de la exclusividad legislativa a cargo de los representantes electos designados por partidos con lista cerradas y pésimo funcionamiento democrático? Pues, como en el famoso eslogan del Brexit, “recuperando el control”.
En una reciente tribuna avanzaba un precedente de empoderamiento directo a los ciudadanos:
“Y como perro no come carne de perro ni ningún ganadero pone a la zorra a cuidar de las gallinas, tenemos que diseñar mecanismos de control a los partidos que no decidan los partidos.
Cuando en Chile o en Islandia se había tocado fondo se recurrió… a los ciudadanos. Elegidos por sorteo. Representativos, capaces de decidir, al igual que votan en las urnas sin examen de títulos ni de preparación, sobre textos preparados por expertos con alternativas. De redactar y aprobar, nada menos que un proyecto de constitución. Se puede“.
Hoy quiero avanzar un poco más en este argumento trayendo otros dos momentos cruciales del funcionamiento de la democracia en los que los ciudadanos cobran el protagonismo y recuperan esa delegación hacia sus representantes que tan dañina es cuando se trata de autorregularse: me refiero a administrar justicia y al control de los resultados electorales.
Democracia de consenso o tiranía de la minoría
Eloy García
El art. 125 de la CE estableció que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales”
Cada dos años todos los habitantes de la provincia mayores de 18 años entran en un sorteo aleatorio en el que se designa a los candidatos. Cada vez que se tiene que formar uno, se acaba designando a 25 personas, entre las que se hace una segunda selección. Esta elección se hace en la Audiencia. Acusaciones y defensas seleccionan a los 11 miembros que finalmente formarán el jurado. Nueve titulares y dos suplentes.
Algo de tanta gravedad como declarar la culpabilidad o inocencia de un acusado, en delitos como asesinatos, homicidios o robos con violencia, pero también desde 2017 las violaciones de domicilio, el cohecho por parte de un funcionario o cargo público o la omisión de socorro en un delito de tráfico, lo deciden ciudadanos corrientes, para que luego el juez aplique la pena. Por supuesto que condicionados y asimilando lo que dicen las partes acusadora y defensora, abogados y fiscales y con las indicaciones del juez. Pero son ellos los que deciden.
Cuando los partidos se han puesto a regular el sistema electoral, los expertos han criticado la aproximación partidista y de cálculo interesado
Igualmente, la llamada Administración electoral es conformada por los ciudadanos y con una referencia mínima en la Constitución: el art. 81.1 apenas dice: “Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”. Nada más.
Cuando los partidos se han puesto a regular el sistema electoral, todos los expertos han criticado la aproximación partidista y de cálculo interesado más que la búsqueda del interés público. Tanto en el Estado (se ha buscado la estabilidad parlamentaria…) como en las CC. AA. (las comarcas electorales catalanas se hicieron para favorecer el voto rural frente al urbano), aunque analizar ese hilo nos llevaría lejos y quedará para otra tribuna).
Pero, a lo que nos interesa, miles de electores conforman las mesas en las que los ciudadanos depositan su voto, hacen el recuento, elevan las actas a la Junta Electoral... Y funciona a la perfección desde hace muchos años. Supervisado por las juntas electorales, sí, pero las mesas las forman ciudadanos corrientes.
Solo renunciando al privilegio de autorregularse se puede empezar a recuperar el prestigio y la credibilidad de los políticos
Pocos saben que hasta 1995 y derogado precisamente por la ley del jurado, existía una antigualla llamada antejuicio, un trámite previo, que se establecía como garantía a favor de jueces y magistrados, en el que se decidía si había lugar o no a proceder criminalmente contra ellos por razón de su cargo, cosa que decidía... otro juez. Unos cuantos años antes, en 1957, la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado anuló el privilegio del permiso que debían otorgar los órganos o autoridades superiores jerárquicos determinados por la ley como condición imprescindible para que se pudieran tramitar denuncias o incoar procedimientos penales contra los funcionarios públicos por hechos relativos a sus funciones.
Muchos privilegios han sido eliminados. Ahora toca seguir haciéndolo. Creo que solo renunciando al privilegio de autorregularse y creando un mecanismo de decisión ciudadana directa para aprobarse el estatuto de los políticos (retribuciones, incompatibilidades, pensiones, registros de intereses, asesores a su disposición, aforamientos, etc.) se puede empezar a recuperar el prestigio y la credibilidad de los políticos. Elegidos por sorteo representativo, asesorados por expertos, como en los juicios por jurado o en las elecciones, pero garantizando una nueva separación de poderes (hoy arruinada) recuperando parcelas de decisión por los propios ciudadanos.
Ese mecanismo puede ampararse en las actuales competencias de las cámaras que ratificarían formalmente lo acordado sin posibilidad de cambiarlo, quitando la reserva de Ley o diversos mecanismos a perfilar.
O nos ponemos a ello o el desgaste del actual sistema se volverá insoportable... si es que no lo es ya.
Recuperemos el control.
*Luis Cueto Álvarez de Sotomayor. Funcionario del Estado.
1“Los jefes se han apropiado de los partidos; los electores cuentan menos que los militantes; los militantes, menos que sus dirigentes, y los dirigentes, menos que el líder. Como dice José Antonio Gómez Yáñez: «Los partidos están bastante malitos y han envejecido aceleradamente. ¿Cuál es el problema? Que los necesitamos. No hay otro instrumento». Un buen amigo me decía hace poco tiempo que los partidos parecen haber pasado por la mano de un eficaz taxidermista: los ha vaciado por dentro, les ha quitado las vísceras, pero la apariencia exterior no delata todavía la ausencia de vida”
Las neuronas espejo forman parte de nuestros procesos cognitivos y aprendizaje, que se produce a menudo por imitación, como en la adquisición del lenguaje. Estas células nos ayudan a interpretar y comprender las acciones de los demás y también a imitarlos, incluso inconscientemente, como cuando se contagian los bostezos, gestos o posturas o cuando los bebés nos sonríen al sonreírles. Junto al sistema límbico, juegan un papel clave en las conductas empáticas, en la conexión emocional que nos permite entender y reaccionar ante los sentimientos y las emociones que experimentan quienes nos rodean.
Todos tenemos sistemas de neuronas espejo, más abundantes en el cerebro de las mujeres, por cierto, según los investigadores. Ellas se ponen más fácilmente en el lugar del otro y son más sensibles o conscientes de la emocionalidad ajena, algo especialmente conveniente, por cierto, para ejercer con éxito posiciones de liderazgo.
Si la principal misión del líder, casi en cualquier tipo de organización, es conseguir rendimiento y resultados a través de las personas de su equipo, la conexión con ellas y la de estas entre sí, es fundamental. En otros apuntes de liderazgo nos hemos referido a la importancia del ejemplo a la hora de liderar, o de las relaciones interpersonales a la hora de rendir. En este caso, me gustaría centrarme en la empatía, un término complejo que no siempre usamos adecuadamente. A efectos del ámbito organizacional o social, la empatía sería algo así como la capacidad para leer y entender los estados mentales del otro y elaborar respuestas ajustadas que promuevan una interacción más saludable y eficaz.
¿Tienes los rasgos de personalidad de un líder?
Plácido Fajardo
Es un error asumir que, para ser más eficiente, trabajar más duro y enfocarse en los resultados, hay que desconectar personal y emocionalmente de quienes te rodean en el trabajo. No es solo una evidencia práctica, sino una afirmación con base científica, sostenida por Jamil Zaki profesor de Psicología de la Universidad de Stanford, en una de sus investigaciones. El autor de The War for Kindness: Building Empathy in a Fractured World es entrevistado por socios de McKinsey en un reciente pódcast de esta firma, en el que reivindican el valor de la empatía en el trabajo.
"No tengo tiempo para sentarme con mi empleado y preguntarle cómo va su vida. No quiero convertir el trabajo en una sesión de terapia", es algo que todos hemos escuchado en algún momento. Hay quienes piensan que no es conveniente profundizar demasiado en la esfera personal de los colaboradores y que la conexión ha de limitarse estrictamente al plano profesional, a la transacción “do ut des”. Pues parece ser, según Zaki, que no es ese el uso más eficiente del tiempo de un gestor de personas. Por el contrario, si la gente se siente conectada con sus colegas y jefes, trabaja de forma más eficiente y creativa, más dura y rápidamente.
¿Tiene cerca algún líder narcisista?
Plácido Fajardo
Son varios los niveles de conexión demostrativos de empatía. Con las situaciones de dolor o sufrimiento ajeno, por ejemplo, lo primero es el contagio emocional que nos hace sentirnos afectados. Lo siguiente es la empatía cognitiva, que nos hace ser más conscientes de ese dolor, imaginando cómo lo experimentaríamos en carne propia. Y al final, dice Zaki, tendríamos la preocupación empática o compasión, que es el deseo auténtico de aliviar, de hacer sentir mejor al que sufre.
Existen múltiples situaciones en las que la empatía afecta al rendimiento profesional, tanto hacia los compañeros como, especialmente, del jefe hacia los colaboradores. No me refiero solo a interesarse por los estados de ánimo o preocuparse por los problemas -al menos no perjudicar los primeros ni aumentar los segundos-. Cosas como faltar al respeto, gritar, abroncar en público, no valorar ni reconocer el trabajo o transmitir una presión innecesaria y excesiva son evidentes comportamientos faltos de empatía. De hecho, las situaciones de carga emocional intensa reducen nuestra capacidad para mentalizar, dicen los expertos. Si tú me dices algo gritando, lo más probable es que “pierda” mi capacidad de comprender qué te pasa, qué estás sintiendo o qué necesitas de mí, y directamente reaccione en modo defensa-ataque. Recuerdo a un compañero que decía “los malos jefes no es que sean malos motivando, es que son buenísimos desmotivando”.
Por último, es bueno recordar que también supone falta de empatía el hecho de omitir la ayuda conveniente y evitar el feedback útil y constructivo. Coincido con el citado profesor en que lo más amable y empático que puedes hacer por alguien es decirle lo que necesita escuchar para crecer. Hacerlo con cuidado y afecto, conscientes del impacto que estamos generando en el interlocutor es, además de una muestra de empatía, todo un arte que conviene practicar a menudo.
]]>Dentro de ese amplísimo campo, el propósito de este artículo es modesto: proponer brevemente algunas reflexiones sobre cómo afecta al mundo del derecho el salto de la IA discriminativa a la IA generativa, entendidas una y otra de la siguiente manera:
Sistemas de IA discriminativa: son los orientados al análisis de información recibida y la clasificación de esa información en categorías predefinidas. Dicho de otra manera: discriminan datos según ciertos criterios predefinidos.Sistemas de IA generativa: son los orientados a la generación de nuevo contenido (textos, diseños, imágenes, etc.) a partir de cierta información de partida.
Formación y regulación para reducir los riesgos de la IA y explotar su potencial
Tomás Muñoz M.
Partiremos de un paralelismo con los métodos de razonamiento humano: la deducción y la inducción.
La deducción va de lo general a lo particular, partiendo de premisas generales para llegar a una conclusión específica. La inducción, en cambio, intenta llegar a conclusiones generales a partir de premisas particulares.
Desde este punto de vista, la IA discriminativa se basa en un proceso deductivo: a partir de largos cuerpos de datos trata de alcanzar una conclusión para un caso concreto. Por el contrario, la IA generativa se enfoca en la creación de contenido nuevo, como texto, imágenes, música y videos a partir de una solicitud concreta. Es decir, se trata de sistemas que siguen un proceso inductivo. Esta capacidad de generar contenido a partir de un pensamiento aislado había sido históricamente una capacidad netamente humana, asociada a un fuerte componente de creatividad, y es por ello que el cambio que se atisba en el horizonte es tan rupturista.
Hasta los recientes avances en los sistemas de IA generativa, la mayoría de los sistemas de IA utilizados en el ámbito jurídico se basaban en procesos deductivos (IA discriminativa). Estos sistemas han sido de gran ayuda en tareas como la gestión y archivo de grandes volúmenes de documentación para llevar a cabo auditorias legales, revisión, clasificación y sistematización de bases de datos o la asistencia en la redacción de contratos mediante la identificación automatiza de precedentes de cláusulas.
Si bien estas tareas han facilitado la labor de los abogados, en la actualidad nos encontramos en un punto de inflexión que puede cambiar el mundo del derecho. Los sistemas de IA generativa y, especialmente los basados en grandes modelos de lenguaje (por sus siglas en inglés, LLM) están entrenados para realizar tareas de análisis y redacción de textos.
Trasladando estas características al mundo del derecho, es evidente que los modelos de IA generativa capaces de entender tienen potencialmente un efecto transformador en la forma de trabajar de los abogados y, en general, en el mundo del derecho.
A consecuencia de lo anterior, en la actualidad encontramos múltiples soluciones de IA generativa basadas en LLM capaces de ayudar a los abogados en sus tareas como, por ejemplo:
Análisis de documentos jurídicos(sentencias, contratos, normativa, etc.) para, por ejemplo, resumir aspectos relevantes del documento o identificar riesgos jurídicos.
Asistencia en negociacionesque ayuden a los abogados a preparar una negociación o una vista, reproduciendo roles enfrentados y presentando argumentos para cada una de las partes.Elaboración de primeros borradores de documentos jurídicos, cláusulas contractuales, escrito judicial o dictamen.Planteamiento de posibles soluciones a cuestiones jurídicas concretas, de mayor o menor complejidad.
Para alcanzar resultados satisfactorios como los anteriores, no solo es necesario encontrar el sistema de IA generativa que sea adecuado para las tareas que queremos llevar a cabo (entre otros, que cuente con un entrenamiento y un enfoque específicos para las tareas jurídicas), sino también formar a los abogados para sacar el máximo rendimiento de esta tecnología.
Las empresas y despachos deben llevar a cabo pruebas del sistema para evaluar su calidad y precisión, así como identificar los mejores casos de uso. Del mismo modo, estos sistemas requieren de formación a los abogados para que comprendan estos sistemas y saquen el mayor rendimiento posible. Los abogados deben ser conscientes de la importancia de saber cómo plantear una pregunta o tarea al sistema (denominado prompt) y cómo afinarla sucesivamente para obtener una respuesta satisfactoria. En resumidas cuentas, a mayor entrenamiento del sistema y formación de los abogados, mayor probabilidad de éxito de resultado.
En cualquier caso, los sistemas de IA generativa presentan ciertas limitaciones de las que debemos ser conscientes. En primer lugar, este tipo de sistemas no tienen un sentido de discernir lo verdadero de lo falso. Por ello, el contenido que obtengamos debe ser siempre analizado por un profesional para evitar casos como el ocurrido en Estados Unidos en el que a dos abogados utilizaron ChatGPT para presentar un escrito judicial con precedentes jurisprudenciales inventados.
Por otro lado, los sistemas de IA generativa no tienen por el momento capacidad de entendimiento de los outputs (textos, imágenes, canciones, etc.) en el contexto del mundo jurídico. Estos sistemas se limitan a aprender patrones y estructuras de datos, pero no comprenden las conexiones del mundo real de la manera en que lo hacen los humanos. Esto puede llevar a errores básicos de lógica o de sentido común.
En resumidas cuentas, los sistemas de IA generativa suponen grandes oportunidades para el mundo del derecho; no obstante, es importante ser conscientes de los riesgos de estos sistemas y supervisar siempre los resultados obtenidos por estos. Hoy en día, incluso los más avanzados son solo una herramienta que puede ayudar al abogado a encontrar la mejor solución en derecho, pero no una herramienta-abogado en sí misma.
*Álvaro Bourkaib Fernández de Córdoba, socio de Cuatrecasas; Pablo Tena Sanz, abogado asociado de Cuatrecasas, y Alex Rayón Jerez, CEO de Brain and Code.
]]>Aludimos al talento con admiración, quizás porque representa la sublimación de lo humano. Tener talento, sea en el campo que sea, se asocia a exclusividad, a privilegio. Quienes demuestran talento en el uso de su inteligencia son realmente los “elegidos para la gloria”, como en aquella película de Philip Kaufman.
Como todo lo que constituye objeto del deseo, la necesidad de identificar, reconocer y valorar el talento en los seres humanos se convierte en una prioridad de primer orden. Hay campos en los que esto resulta más fácil porque hay métricas tangibles o comúnmente aceptadas: las marcas en el deporte, la crítica especializada, los logros científicos o técnicos o el masivo reconocimiento popular otorgado de forma incuestionable a artistas, escritores o músicos.
En el mundo de las organizaciones, sean o no empresariales, a veces el talento intenta medirse con una vara fiable asociada a los resultados, condición necesaria pero no suficiente. Algunas incluyen en la ecuación la forma en que aquellos se consiguen, porque no siempre todo vale. En otros casos el talento, simplemente, más que explicitarse, se intuye. Se mezcla con afinidades personales, filias y fobias, o se enturbia con el efecto halo, en el que habilidades o logros notables camuflan carencias sobresalientes. Raramente hay un diagnóstico común y compartido de lo que el talento significa, más allá de un conjunto de subjetividades en su valoración.
Lo esencial del talento
Plácido Fajardo
Algunos autores han asimilado el talento con el potencial, que es algo así como las capacidades implícitas, pero aún no afloradas lo que, por cierto, dificulta todavía más su medición. Existen metodologías y herramientas que sirven como apoyo para ello, aunque nunca sustituyen al buen criterio humano experimentado.
Tras más de 30 años lidiando —en el noble sentido de la palabra— con los asuntos del comportamiento humano en la organización, he ido creándome algunos criterios de medida más o menos sencillos de valorar. Hoy comparto estos cuatro atributos que —entre otros— adornan el talento y lo cualifican como especialmente valioso: adaptable, curioso, generoso y humilde.
Talento adaptable. Saber adaptarse satisfactoriamente a las diferentes situaciones y entornos es todo un arte. Hay personas capaces de subir y bajar con acierto, o sea, son tan hábiles cuando tienen que reportar o relacionarse con los de más arriba, como cuando tienen que involucrar o movilizar a los de más abajo. Tan eficaces cuando han de volar a diez mil pies de altura definiendo la estrategia, como cuando han de bajar de golpe a la tierra para remangarse y arreglar una de esas pequeñas miserias cotidianas.
Tienen talento adaptable quienes, habiendo cambiado sustancialmente de entorno de trabajo —cambio de organización, de función, de rol, de cultura, de geografía, etc.—, siempre han sido capaces de contribuir exitosamente. Demostrar talento en un mismo entorno durante muchos años, en circunstancias parecidas donde abundan los lugares comunes, tiene mucho menos mérito que hacerlo en mundos bien distintos, que ponen a prueba un set de recursos y capacidades muy variadas.
Talento curioso. La curiosidad es uno de los rasgos de personalidad más identificativos del potencial de liderazgo, y más predictivo del crecimiento y desarrollo profesional —y también personal, claro—. Como hemos comentado en apuntes anteriores, la curiosidad nos abre al mundo, nos lleva a interesarnos por lo desconocido, a buscar respuestas y a hacernos preguntas. Justo lo contrario a quienes muestran desdén hacia lo que ignoran, que es la peor de las ignorancias. La curiosidad acelera el aprendizaje de quien la posee, que necesita experimentar, investigar para conocer más.
La huella del talento
Plácido Fajardo
Talento generoso. La grandeza de las personas se observa, en buena medida, en su generosidad, de la cual son enemigas la envidia —tristeza que provoca el bien ajeno— y la tacañería, que nos hacen empequeñecer. El talento de verdad es generoso, no tiene miedo de compartir conocimientos o experiencias. Disfruta enseñando y comprobando cómo otros aprenden. “Crecer haciendo crecer”, como dice Xavier Marcet, y experimentar esa gratificante sensación de ver progresar a quienes hemos dado una parte de lo que sabemos.
Talento humilde. Y, por último, no podía faltar la humildad. El talento verdadero es muy consciente de que siempre le queda tanto por aprender y por mejorar. Humildad y talento van de la mano. Su ausencia frena el aprendizaje de los arrogantes, que se creen superiores. La sabiduría mezclada con la altivez pierde toda su gracia. Lo menos atractivo del mundo es un jefe arrogante, por mucho que sepa. En cambio, quienes muestran humildad estando arriba son como un imán para quienes le rodean. Dominar el ego, tan abundante en las organizaciones, es una excelsa manifestación de talento.
]]>Los derechos en broma ofrece mucho más que un diagnóstico puramente coyuntural; penetra profundamente en la anatomía de un estado que califica de “parvulario”, que infantiliza al ciudadano convirtiéndole en un ser desvalido necesitado permanentemente de cuidado y protección.
Los individuos, así desposeídos de toda fortaleza y autonomía se entregan mansamente a lo que el profesor De Lora denomina “burocracia del consuelo”, una formidable maquinaria administrativa que se nutre permanentemente del interminable agravio que pretende eliminar.
El combustible que alimenta constantemente la llama es, precisamente, la “legislación santimonia”, una modalidad legislativa que rezuma virtuosidad, que hace de la ostentación moral un signo de distinción mediante el uso de un lenguaje inflacionario sobre los derechos humanos, las libertades fundamentales, los grandes ideales constitucionales, la inalienable igualdad entre todos los seres humanos y demás iconos de una legislación que más que prescribir, parece consagrada a elevar una especie de plegaria laica invocando algún ignoto ideal. La ley ya no ordena, organiza o disciplina; más bien reza mediante una plática cuyo objetivo responde al principio fundamental de la legislación santimonia: en la lucha contra el mal lo importante es sentirse bien.
Esta inusitada explosión de moralidad encuentra su hábitat natural en los preámbulos o en las exposiciones de motivos de las diferentes normas que experimentan una verdadera inflación de algo parecido a una especie de singular “emotividad jurídica”, en constantes apelaciones a los principios fundacionales o a misteriosas entidades metafísicas carentes de cualquier referente empírico. Los ejemplos son múltiples y se extienden a todo tipo de cuestiones y materias desde el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a la agencia de supervisión de inteligencia artificial, normas relativas al medioambiente o leyes de control alimentario y por supuesto a todas las cuestiones relacionadas con los derechos y libertades.
La razón de ello resulta obvia: por su propia naturaleza el articulado de las normas tiene una función más prescriptiva, presenta más resistencias técnicas y ofrece menos oportunidades para ser utilizado como cámara de eco de esos grandes relatos que apenas enmascara la legislación santimonia.
Por extraño que parezca, en España carecemos casi por completo de un mecanismo de evaluación de las políticas e inversiones públicas
Pero no es este el aspecto que ahora quiero destacar. Los derechos en broma ofrecen un amplio elenco de la multitud de variedades que se agrupan bajo el halo protector de los buenos deseos y las buenas intenciones.
Mi propósito es conectar —procurando una explicación plausible— la indiscutible evidencia de la incontrolada propagación de la legislación santimonia con otra singular característica de nuestro sistema legislativo que, por ausencia o incomparecencia, favorece la emergencia de esta modalidad de legislación moralizante. Me refiero a la inexistente valoración de las políticas públicas.
Por extraño que pueda parecer, en nuestro país carecemos casi por completo de un mecanismo de evaluación de las políticas e inversiones públicas. Hasta hace muy poco no disponíamos siquiera de una ley al respecto y eso que solo en el último año se dictaron más de doce mil normas de todo rango. Tan solo en diciembre de 2022 se aprobó una ley de evaluación de políticas públicas y ello por imperativo de la Unión Europea en relación con los fondos de recuperación de los que estamos siendo beneficiarios.
La aprobación de la ley no supone ninguna garantía, y tampoco un cambio en el desolador panorama de la medición y evaluación en nuestro país. Al decir de la mayoría de los especialistas la ley es muy deficiente, le falta transparencia, el organismo evaluador carece de independencia y desconoce por completo las técnicas de evaluación, en particular, el análisis coste-beneficio, que es considerado unánimemente como el fundamento de las políticas de evaluación.
En el laberinto burocrático que crea la ley no se vislumbra ninguna evaluación ex ante, ni tampoco se articula ningún seguimiento de resultados de manera tal que las políticas e iniciativas legislativas carecen de todo referente empírico serio. El análisis de impacto normativo, un sucedáneo que ha devenido en poco más que un protocolo estandarizado, no ofrece ninguna información relevante limitándose a engrosar la nefasta burocracia del papel.
¿Y qué sucede entonces, cuando la política legislativa obedece a razones de pura oportunidad sin ningún análisis que permita ponderar los inevitables costes que conlleva su aplicación con los razonables beneficios sociales que se esperan obtener? Es, precisamente, en ese momento cuando la sacralizada jerga de la legislación santimonia toma el control, exhibiendo su formidable despliegue de exacerbada virtud.
"Intenté pagar una multa a Hacienda y el sistema convirtió mi vida en un infierno"
Carlos Prieto
Las élites políticas completamente profesionalizadas implementan discrecionalmente sus decisiones, liberadas de cualquier otro control que no sea el del inmediato rédito electoral. Hace ya mucho tiempo que la teoría del Public Choice desmitificó para siempre el beatífico altruismo que se irrogan los gobernantes. Ante la completa ausencia de toda evaluación cualquier iniciativa por disparatada que sea tiene un lugar bajo el sol. Solo se exige que brille con la suficiente intensidad para competir en ese mercado de fuegos de artificio que configura la búsqueda del consenso y del voto.
Y en este escenario, la generosidad siempre sufragada con dinero ajeno es la divisa más cotizada. Hace ya algún tiempo tuve ocasión de pronunciarme respecto de una de estas iniciativas que cumplen todos los requisitos y gozan del beneplácito público porque teclean hábilmente las sensibles fibras del altruismo recíproco y de la solidaridad.
La mal llamada “ley de segunda oportunidad” y su necesario correlato “el concurso sin masa” son un paradigmático ejemplo de legislación santimonia en el complejo mundo del concurso y la quiebra. Nadie con un mínimo de sensibilidad se atrevería a cuestionar los propósitos que inspiran esta institución. Pero tampoco nadie con un mínimo de experiencia y conocimiento puede negar los nefastos y perversos resultados que se derivan de su aplicación.
El fracaso de la segunda oportunidad en el ámbito empresarial
Fide
Lejos de ofrecer una segunda oportunidad, la exoneración del pasivo ha generado un lucrativo negocio para una minoría de profesionales favoreciendo el riesgo moral y el endeudamiento negligente y temerario. Más del 90% de las deudas que se exoneran proceden de créditos al consumo, sin vinculación alguna, por lejana que sea, con ninguna iniciativa empresarial.
El catastrófico resultado es de una evidencia cegadora y hubiera bastado un mero análisis ex ante de la norma para prever sus desastrosas consecuencias, entre otras, la esperpéntica financiación de todo este tinglado que recae en los proveedores, los profesionales y en todos aquellos que careciendo de poder de mercado no pueden desplazar el perjuicio que soportan. La verdadera exoneración es para las entidades financieras que trasladan fácilmente los costes a sus clientes solventes, encareciendo el crédito lo que, sin duda, dificultará el acceso a los mercados financieros.
Pese a la creciente y extendida moralización de nuestra vida pública la legislación santimonia ya no goza de tan buena salud. Ni siquiera todos los blindajes ideológicos o políticos, el cierre del universo del discurso en torno a reiterados y gastados mitos y la estigmatización de cualquier crítica o disidencia, son suficientes para inmunizar esta práctica clientelar de los duros embates de la realidad.
*Álvaro Lobato Lavín. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona. Patrono de Fide.
]]>Según los detalles que se han revelado del acuerdo provisional, la definición de sistema de IA parece ser la ya introducida por las modificaciones del Parlamento Europeo al texto de la Comisión, la cual está alineada con el enfoque propuesto por la OCDE. Asimismo, se excluye del ámbito de aplicación de la regulación los sistemas utilizados exclusivamente con fines militares o de defensa, investigación e innovación, y al uso de sistemas de IA con fines no profesionales por personas individuales. Tampoco afectará a las competencias de los Estados miembros en materia de seguridad nacional.
El reglamento establece un planteamiento basado en los riesgos que conlleva el uso de los sistemas de IA, distinguiendo entre cuatro categorías.
Se prohíben los sistemas de riesgo inaceptable por considerarse una clara amenaza para los derechos fundamentales y valores de la Unión Europea. Esta categoría abarca, entre otros, sistemas de clasificación social o social scoring que puntúan a los ciudadanos basándose en su comportamiento y reputación o sistemas de IA para el reconocimiento de emociones en lugares de trabajo e instituciones educativas.
Los sistemas de IA de alto riesgo estarán sujetos a obligaciones que deberán cumplir antes y después de su comercialización. Por ejemplo, la elaboración de documentación detallada, trazabilidad, supervisión humana o ciberseguridad, así como la implementación de sistemas de gestión de calidad y riesgo. Se trata de sistemas que pueden afectar de forma negativa los derechos fundamentales o la seguridad de las personas si no se usan adecuadamente. Entre estos se incluirían los sistemas de IA relacionados con el suministro de infraestructuras críticas.
La gran mayoría de los sistemas de IA que utilizamos en la actualidad pertenecen a la categoría de sistemas de riesgo mínimo, para los cuales el reglamento no establece obligaciones adicionales, pero incentiva que adopten estándares de conducta voluntarios para fomentar la confianza ciudadana.
Por último, los sistemas que presenten un riesgo limitado estarán principalmente sujetos a obligaciones de transparencia. Fundamentalmente, deberán revelar que el contenido fue generado por IA para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas sobre su uso posterior.
Las obligaciones y responsabilidades se exigen a los distintos agentes de la cadena de valor de los sistemas de IA, fundamentalmente a los proveedores y usuarios o denominados deployers. El acercamiento, en definitiva, busca la no dilución de responsabilidad a través de la cadena de suministro de este tipo de servicios.
Uno de los puntos más controvertidos en las negociaciones ha sido el de los sistemas de IA propósito general (GPAI). En las primeras versiones solo cabría su categorización como meros chatbots y, en consecuencia, sujetos únicamente a requisitos de transparencia. No obstante, la explosión de las aplicaciones más populares como ChatGPT o Bard, llevó al legislador a reconsiderar la forma en la que debían regularse estos sistemas tan potentes. Desde esta perspectiva, el reglamento introduce normas específicas enfocadas no en el uso, sino en la potencia y capacidades de los sistemas y los modelos de IA en los que se basan, lo que ha despertado la crítica de aquellos que argumentan que se está obstaculizando la competitividad tecnológica en la UE.
Asimismo, se contemplan obligaciones más estrictas para aquellos sistemas con riesgo sistémico y normas de transparencia adicionales para los sistemas capaces de realizar una amplia gama de tareas distintas, como generar vídeo, texto, imágenes, conversar en chatbots... la llamada inteligencia artificial generativa y multimodal. Finalmente, tras largas negociaciones en los trílogos, se ha optado por una referencia genérica al cumplimiento de la normativa de propiedad intelectual, sin entrar en una regulación específica.
Otro de los puntos de mira de las últimas negociaciones ha sido el de la vigilancia biométrica en tiempo real en los espacios públicos. La balanza se situaba entre aquellos que abogaban por una prohibición absoluta, frente a los que defendían su permisión con fines de seguridad nacional. Finalmente, parece que se ha optado por la segunda opción, estableciéndose salvaguardias adicionales y limitando las excepciones a casos muy concretos, como la prevención de amenazas de atentados terroristas o la localización de personas sospechosas de los delitos más graves.
Sin duda, el gran debate que se plantea detrás del reglamento es: ¿freno o impulso? En un panorama de indiscutible popularización de la IA, el reglamento pretende garantizar que los sistemas de IA sean seguros y respeten los derechos fundamentales y legislación vigente, a la vez que promueve la inversión e innovación en IA. Para ello, el texto impone cargas regulatorias relevantes a las empresas en aras de proteger los derechos de los ciudadanos europeos, creando una tensión entre innovación y regulación, cargas que pueden resultar especialmente gravosas para las startups y medianas empresas.
¿Lo que echamos de menos? Con independencia de que el reglamento favorezca o no el llamado efecto Bruselas, es necesaria una mayor apuesta financiera por parte de la UE de cara a financiar la infraestructura tecnológica material y humana necesaria para no quedarse atrás. En definitiva, el caldo de cultivo empresarial que Estados Unidos y China sí han sabido favorecer.
*Cristina Mesa Sánchez, socia de Garrigues, consejera académica de Fide.
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La dominancia es una de las dimensiones que conforma nuestro perfil de personalidad, que puede medirse mediante pruebas que evalúan los comportamientos. Por ejemplo, la conocida metodología DISC, revisada por el Dr. Thomas Hendrickson, es una prueba rigurosa y fiable, principalmente orientada al mundo del trabajo u organizacional, que usamos habitualmente en nuestra firma para esa medición.
Un nivel adecuado de dominancia es conveniente para ejercer puestos directivos que requieren, entre otras cosas, firme determinación, elevada dosis de acción y gran orientación a resultados. A las personas dominantes les gustan los retos que otras personas considerarían temerarios, son competitivas y no regatean esfuerzos para conseguir sus metas. Poseen gran empuje personal y prefieren entornos que les ofrezcan continuamente nuevos horizontes y desafíos. La excesiva dominancia llega a resultar perjudicial, provoca una ambición desmedida que lleva a las personas a excederse en sus prerrogativas, a desentenderse de los demás, mostrarse arrogantes al sentirse superiores.
Ascender y mantenerse en el poder a base de dominancia es un clásico en las organizaciones y en la vida social. Pero me ha resultado curioso un trabajo de investigación elaborado hace unos años por Jon K. Maner, profesor de Psicología de la Universidad de Florida, en el que contrapone dominación y prestigio como “dos estrategias distintas utilizadas para navegar por las jerarquías sociales”. Ambas sirven para ascender a posiciones de alto rango y requieren de una elevada capacidad de influencia social, indica el autor.
Es ambición, no codicia
Plácido Fajardo
La primera tiene un origen filogenético que compartimos con otras especies, en las que la jerarquía se regula según la fuerza, el tamaño o la capacidad de intimidación de sus integrantes. Entre los chimpancés, por ejemplo, los grandes y fuertes machos alfa prevalecen y dominan al grupo. En esta estrategia de dominación de los primates, el alto rango no es otorgado libremente por los demás miembros del grupo, sino que se consigue y se mantiene mediante el uso del poder, el miedo, la intimidación y la coerción, dice el autor.
A diferencia de lo anterior, en los humanos observamos cómo algunos líderes fuertes, dominantes, con gran determinación y osadía, sí que alcanzan un notable grado de aceptación. Quizá sea su capacidad para no arrugarse ante las dificultades y superar cualquier obstáculo para lograr su objetivo lo que termine siendo reconocido, por encima de cualquier otro elemento valorativo o ético. Pareciera como si la fortaleza extrema fuera un atractivo para el común de los mortales, que observan con resignación cómo se impone.
Lo esencial del talento
Plácido Fajardo
En contraposición, la otra estrategia de progresión en la jerarquía social es, para Maner, el uso del prestigio, que implica “mostrar habilidades y conocimientos valorados por el grupo, lo que a su vez aporta respeto, admiración y, en última instancia, un alto rango social”. Quienes adoptan esta estrategia —exclusiva de los seres humanos— tienden a mostrarse más humildes y a priorizar el bienestar del grupo y sus miembros.
Llevada al entorno del liderazgo en las organizaciones, la estrategia del prestigio requiere, sobre todo, ejemplaridad. Se admira a quien hace gala de una sabiduría y unas habilidades que se entienden como deseables, dignas de imitación. El líder que se apoya en su prestigio tiende a construir relaciones positivas entre sus seguidores. Su estilo es más humanista, más prosocial y colaborativo, más adecuado para resolver conflictos interpersonales y para generar confianza.
Lamentablemente, creo que el liderazgo basado en la “pública estima de alguien, fruto de su mérito” —que es como la RAE define al prestigio— atraviesa una cierta crisis. El mismo concepto de mérito, aquello por lo que alguien merece ser reconocido, está cuestionado, como lo está la misma meritocracia. El conocimiento no aporta demasiado prestigio, no se asocia a la erudición, sino a la destreza y la rapidez para manejar los buscadores de internet o las aplicaciones de inteligencia artificial. La ideología prescinde del pensamiento crítico para centrarse en reforzar opiniones enrocadas.
El líder humanista: más que una moda pasajera
Plácido Fajardo
Quizás mucho de esto sea inevitable, a la vista de cómo evoluciona esta sociedad líquida en que vivimos. Pero, que quieren que les diga, aprovechando las conclusiones de la investigación mencionada, no nos vendría mal aumentar el prestigio como criterio de exaltación del liderazgo y reducir en la misma medida los excesos de testosterona.
]]>Los acuerdos del PSOE con los dos partidos secesionistas catalanes (ERC y Junts), representados en el Congreso de los Diputados con catorce diputados, permitirán a Pedro Sánchez su investidura como presidente del Gobierno en la XV legislatura de la democracia española. Esa, la investidura del secretario general socialista, es el objetivo esencial de esos pactos a los que se han subordinado valores constitucionales y principios democráticos de sustancial importancia para la convivencia de los españoles.
El excipiente de estos acuerdos pretende encubrir su verdadero propósito con la supuesta apertura de un nuevo tiempo en Cataluña que hará remitir el "conflicto", conforme a una narrativa netamente independentista que el socialismo español asume con una docilidad inexplicable. Los firmantes se remontan, eso sí, a los Decretos de Nueva Planta de 1714 sin mencionar siquiera la Constitución de 1978 e invierten la razón histórica más evidente: que en los meses de septiembre y octubre de 2017, las autoridades autonómicas de Cataluña, con las leyes de desconexión y con el referéndum ilegal, perpetraron un golpe que resultó frustrado por su propia inviabilidad y por la aplicación de las medidas de intervención al amparo del artículo 155 de la Carta Magna. A tenor, sin embargo, de los prólogos de los acuerdos, los responsables de aquellos hechos han sido el Gobierno de Mariano Rajoy y el PP, los Tribunales de justicia y, en último término, la policía, pero en modo algunos los dirigentes condenados por el Tribunal Supremo, también expresamente reprobados por el Tribunal Constitucional.
La amnistía que han arrancado los secesionistas al PSOE y a su socio de coalición —sin necesidad de conocer su motivación ni su articulado, simplemente por concepto— implica la ruptura de los principios constitucionales de igualdad ante la ley (no solo la penal), de seguridad jurídica y de separación de poderes. Además, desautoriza al jefe del Estado, el Rey, que se pronunció en términos inequívocos el 3 de octubre de 2017. Por si fuera poco, si se confirma la incorporación explícita al pacto de la depuración de imaginadas e inciertas prácticas conocidas como lawfare, sugeriría que el PSOE ha aceptado también la versión de que los jueces y tribunales actúan en España por razones políticas, convalidando así las tesis del separatismo más sectario y radical que se jacta de haber doblado el pulso a sus interlocutores socialistas. Y lo ha hecho.
La apertura de un proceso negociador que discutirá la autodeterminación de Cataluña, la cesión de la gestión de toda la fiscalidad a la Generalitat y la verificación por personalidades extranjeras de los compromisos que se asuman, son otras tantas cesiones del PSOE que impactan sobre principios constitucionales vertebrales en nuestro sistema político, con evidente fraude constitucional y atentando contra los criterios más elementales que definen la ciudadanía en igualdad y libertad de todos los españoles. Si a esas contrapartidas se añaden otras como la condonación de deuda estatal —por un importe de 15.000 millones— y la transferencia precipitada y técnicamente improvisada de los ferrocarriles de cercanías, se llega a la lamentable conclusión de que Pedro Sánchez y el PSOE no han puesto límite alguno al precio abusivo que le han exigido —y conseguido— los partidos secesionistas catalanes.
No hay traza alguna de que los partidos de Puigdemont y Junqueras hayan formulado, siquiera de forma implícita, una rectificación
No hay traza alguna de que los partidos de Puigdemont y Junqueras hayan formulado, siquiera de forma implícita, una rectificación de sus anteriores decisiones ilegales, ni consta renuncia a proscribir la unilateralidad en el futuro inmediato, por más que desde la Moncloa y Ferraz se trate de rebajar el calibre insensato de las cesiones consumadas en los dos acuerdos del 2 y 9 de noviembre y a pesar de las versiones consoladoras que atribuyen a estos acuerdos la virtud de hacer regresar al redil autonómico y constitucional a los antes insurgentes, suponiendo que es la amnistía la única cesión cierta que obtienen, siendo enorme esa decisión hasta el punto deslegitimar al Estado. Otra cosa es que, como consecuencia de una estratagema táctica, la medida de gracia se haya dado por descontada y ahora no se valore en toda su dimensión política y jurídica.
A estos acuerdos se suma el suscrito con el PNV que, en línea con ERC y Junts, plantea el reconocimiento nacional de Euskadi, un referéndum allí que lo respalde y el compromiso de transferencias especialmente delicadas, como la gestión de la Seguridad Social (¿se mantendrá la caja única?), los ferrocarriles, la ampliación —hasta en los puertos de interés general— de las facultades exclusivas de la Ertzaintza en detrimento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mayores atribuciones fiscales que sobredimensionarán el Concierto Económico. Los nacionalistas vascos, además, imponen entre sus condiciones la modificación textual de preceptos del Estatuto de los Trabajadores y, entre otras, de la Ley de Bases de Régimen Local y la inclusión de cláusulas textuales en la futura ley de Presupuestos Generales del Estado. Antes, EH Bildu se adelantó a proporcionar el apoyo —sin que se conozca en qué condiciones— a la investidura de Pedro Sánchez.
El PSOE y su secretario general han debilitado la vigencia de los principios constitucionales en los que se basó el pacto de la Transición
Todas estas concesiones, ya consumadas o que se negociarán con escaso margen socialista, conducen a la reformulación del modelo territorial establecido en la Constitución, sustituyendo el autonómico por otro de índole confederal en el que el Estado mantendrá relaciones bilaterales con Cataluña y País Vasco. Por esa razón, los tres pactos prevén comisiones y mesas de relación igualitaria entre el Gobierno central y los de ambas comunidades, al margen del sistema común de interlocución entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Y por esa razón también, ERC, Junts y el PNV han reclamado que las instituciones vascas y catalanes tengan una presencia internacional competitiva con la del Estado.
El PSOE y su secretario general han debilitado de forma inquietante la vigencia de los principios constitucionales en los que se basó el pacto de la Transición, bien sea por infracción directa de los preceptos de la Carta Magna, bien sea por la deslealtad a su espíritu. Estos acuerdos para asegurar la investidura de Pedro Sánchez son el resultado de la debilidad de su formación y de su afán desmesurado de revalidar la presidencia del Gobierno y desmienten sus compromisos anteriores a las elecciones del 23 de julio. Los partidos que han suscrito esos pactos los han convertido en contratos de adhesión leoninos aprovechando la relatividad ética del líder de los socialistas, la rectificación de sus propias palabras y garantías y el vaciamiento orgánico del PSOE, incapaz de un debate auténtico sobre las consecuencias de la zancada destituyente que ha protagonizado su líder.
La sociedad española ha entrado en una profunda convulsión que, además, causa enfrentamiento e incertidumbre
Como han advertido los dirigentes de las formaciones independentistas y nacionalistas, el cumplimiento de los acuerdos suscritos, los logros alcanzados y los que esperan obtener en los procesos de negociación que se abrirán tras la investidura de Pedro Sánchez, condicionarán la continuidad de la legislatura, que dependerá del voto de sus diputados y solo de ellos. La situación constitucional y política se ha ido conformando como han prescrito ERC, Junts, EH Bildu y el PNV. Se ha generalizado la consternación ante la huida hacia delante de Pedro Sánchez y del PSOE y es una circunstancia comprobable que la sociedad española ha entrado en una profunda convulsión que, además, causa enfrentamiento e incertidumbre entre los ciudadanos. Las trasferencias económicas aumentarán las sospechas entre comunidades y agravarán la sensación de desigualdad entre españoles. Se vislumbra una legislatura necesariamente abrupta y con premoniciones de autoritarismo e imposición.
Aunque resulte un brindis al sol, y como han requerido instituciones y colectivos profesionales, el secretario general del PSOE queda emplazado a calcular con criterio cívico hasta dónde está dispuesto a llegar en la deriva del sistema constitucional. Porque a las consecuencias destituyentes que provoca su investidura ha de imponerse una serena y democrática afirmación constitucional. Estamos ante un dilema: si los secesionistas consiguen sus objetivos, se quiebra definitivamente la Constitución; y si no lo consiguen, naufraga la legislatura.
]]>Los términos de la cuestión resultan, por lo tanto, bien sencillos: en tanto en cuanto el presidente de Iberdrola siga imputado, y eventualmente, una vez concluida la instrucción, sentado en el banquillo, la empresa padecerá una constante erosión de su reputación. Las consecuencias de esta situación son graves para la compañía y muy lesivas para sus accionistas. La propia defensa de Sánchez Galán y de otros directivos, también imputados por iguales presuntos delitos, lo reconocía el pasado mes de diciembre en un escrito dirigido al juez García Castellón, al que hacía responsable de esos "daños económicos y reputacionales" añadiendo que "la historia de la instrucción de los procedimientos penales en España —sobre todo en aquellos de mayor repercusión mediática— muestra toda clase de patologías, pero probablemente en este caso se estén traspasando las líneas imaginables".
Iberdrola demanda a El Confidencial por daños al honor de 17,6 millones de euros
EC
Según el criterio de Ignacio Sánchez Galán, todos menos él son los responsables de los reveses que está experimentado su compañía: lo es el propio magistrado-instructor, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares. Y, adicionalmente, este diario al que, por informar de este procedimiento judicial, le ha retirado la publicidad tanto en 2020 como en 2021, y al que ahora demanda por "intromisión ilegítima" en el honor de la empresa. Nos reclama una indemnización de 17,6 millones de euros, que podrían ser más si El Confidencial continúa informando del proceso, que será, exactamente, lo que hará con el mismo rigor con el que ha venido haciéndolo hasta ahora.
Ni el magistrado García Castellón, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni las acusaciones particulares, ni este diario por informar sobre el proceso —al amparo del derecho a la libertad de expresión y prensa previsto en el artículo 20 de la Constitución y declarado prevalente sobre otros tanto por la jurisprudencia de la Sala Primera del Supremo como por la doctrina del Tribunal Constitucional— son responsables de que Iberdrola haya visto frustrada la posible adquisición de un grupo energético estadounidense ni de la caída de la cotización de su acción en bolsa. Tales reveses —que desde estas páginas lamentamos, por afectar a sus accionistas y a la buena marcha de la compañía— son atribuibles a la situación procesal de Ignacio Sánchez Galán, que está protagonizando uno de los episodios empresariales más lamentables de las últimas décadas, no solo por mantenerse en el cargo estando imputado por tres presuntos delitos, sino también por las maneras prepotentes, altivas y desconsideradas con que el gestor de Iberdrola se conduce incluso ante el propio magistrado que instruye el caso y hacia los testigos de cargo, uno de los cuales ha solicitado protección especial ante el acoso al que está siendo sometido.
Es especialmente grave —y tanto los accionistas institucionales como particulares deben tenerlo muy presente— la privatización que de los intereses de Iberdrola viene haciendo su presidente ejecutivo al punto de semejar que la empresa fuera suya, subordinando a su persona los intereses de la propia compañía, lo que debería generar la reacción responsable del consejo de administración y, muy probablemente, de los organismos reguladores, en particular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el ámbito internacional, no se comprende cómo es posible que Ignacio Sánchez Galán continúe al frente de la empresa, que está presente en grandes mercados transnacionales. También resulta incomprensible a asociaciones, organizaciones y organismos nacionales y extranjeros que reúnen a medios de comunicación y periodistas que el presidente de Iberdrola se permita —estando imputado por tres delitos— demandar a El Confidencial por una inventada intromisión en el honor de la compañía que preside con un obvio propósito de intimidación y de manifiesta hostilidad a la más elemental vigencia de la libertad de expresión.
Asociaciones de prensa censuran la actitud intimidatoria de Iberdrola hacia El Confidencial
EC
El peritaje que acompaña a la demanda, arbitrario y que desmiente la solvencia profesional de quienes asumen tal encargo, incluso mediando un claro conflicto de intereses, deberá ser revisado a la inversa en su momento para establecer el importe del daño que Ignacio Sánchez Galán está infligiendo a Iberdrola, que desde estas páginas lamentamos en lo que afecta a sus accionistas, en lo que concierne a una gran empresa española, en lo que supone de la mala gobernanza de la compañía y en lo que afecta a la marca España. Dicho todo lo cual, nuestro compromiso —medien las amenazas que medien y confiando tanto en el amparo constitucional a la libertad de prensa como en la administración de la justicia en un Estado de derecho— es que El Confidencial seguirá informando puntualmente del proceso penal al que está sometido Ignacio Sánchez Galán.
Atribuir a una supuesta "sobreinformación" de El Confidencial acerca de este proceso penal los daños reputacionales y las consecuencias económicas que de ellos se derivan para Iberdrola implica una alta consideración de la influencia de nuestro diario que, sin embargo, no la entendemos como un elogio sino como lo que es: un nuevo intento de intimidación para silenciarnos y regatear una información que, por su relevancia e interés, nuestros lectores tienen derecho a recibir y El Confidencial a proporcionales. Se trata, por lo demás, de un penoso episodio de hostilidad a un medio de comunicación que debiera alertar a todos los demás, porque agrede a su propia razón de ser en un sistema democrático.
]]>Su vídeo en YouTube, titulado 'Rubén Vilela, the legend 4K', no tiene desperdicio. Los planos grabados con drones mientras recorre las carreteras de Ibiza con un vehículo de alta gama dan una muestra de una producción visual calculada al 'milímetro'. Se trata de impresionar a los futuros inversores/clientes con planos acelerados para dar una dimensión de la velocidad del automóvil o ralentizados para resaltar la costa española y su gran paisaje.
El colofón llega en los últimos segundos del vídeo. Un eslogan como 'La mente rompe la diferencia' y distintos galardones que ha obtenido a lo largo de su trayectoria profesional en los mercados. El de mejor 'trader' español, el de campeón internacional de 'trading' y el de 'trader top 5' del mundo, los tres por la World Top Investor en 2009-2010. Un campeonato en el que basta con pagar 50 euros de entrada, tener una cuenta real con un mínimo de 2.000 dólares y donde el 'salvaje oeste' está permitido al operar con todo tipo de estrategias e instrumentos financieros.
Con esta trayectoria profesional, su curso ya cuenta con cuatro alumnos, según él, y arrancará en un año que "marcará el inicio de una nueva década crucial para nuestra generación". En una entrevista publicada en 'Forbes', su discurso guarda grandes paralelismos con uno de los inversores más prestigiosos del mundo, Warren Buffett, ya que el asturiano reconoce su precocidad, aunque su trayectoria no está auditada como la del estadounidense. "Con 14 años empezaba a ahorrar lo que podía y seguía el mercado a diario con los escasos medios tecnológicos que aportaba la época. Con 15 años perdí un millón de las antiguas pesetas, mi madre me brindó su confianza en ese momento y fue vital para que un tiempo después, en tan solo un mes, fuese capaz de generar 15 millones", destacó.
El inversor asturiano también ha creado, aparte de su curso, lo que él denomina el 'ordenador de los traders' o la 'Vilela Work Station', ya que "cuando de niño mis padres me compraron mi primer ordenador, les prometí que ganaría tanto dinero en el mercado que un día yo haría los mejores ordenadores de 'trading' en el mundo".
El negocio parece muy lucrativo, pero la realidad es que solamente hay una sociedad en la que figure Rubén Vilela Pacín en el órgano de administración, según consta en el Registro Mercantil. Esta empresa es First World Trader SL, que apenas ha tenido actividad en los últimos años y que en su último ejercicio presentado, el de 2020, perdió 71,01 euros, por lo que se desconoce si ha logrado un gran patrimonio gracias a sus inversiones financieras o, por el contrario, se trata de ese gran porcentaje de 'traders' que pierde dinero en bolsa. Según alertan la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y otros reguladores, "entre un 74% y un 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden capital cuando operan CFD", que son los contratos empleados por este tipo de 'gurús'.
]]>En la misiva, fechada el 19 de enero, se manifiesta el “profundo malestar” de los docentes con unos métodos que “están afectando al funcionamiento de la propia consejería y de los centros educativos” y que enturbian “el clima de trabajo y la actividad cotidiana”. La Junta de Personal afirma que no mantiene “una comunicación mínima con las direcciones de los centros” y se muestra “insensible y ausente, cuando no amenazante”.
Bronca en Melilla por la escolarización de 160 musulmanes: "Que se vayan a su país"
María Zuil
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Español de Rabat (Ampacer) envió una carta al defensor del pueblo para exponerle que no se estaban cubriendo las bajas de profesores.
]]>"Twitter, ¿qué hay que hacer para que nos verifiquen la cuenta como a cualquier otra formación política y disponer de las mismas herramientas? Hemos perdido la cuenta de las veces que lo hemos solicitado", preguntaba este miércoles la plataforma ciudadana en su perfil.
¿@TwitterEspana qué hay que hacer para que nos verifiquen la cuenta como a cualquier otra formación política y disponer de las mismas herramientas? Hemos perdido la cuenta de las veces que lo hemos solicitado. Gracias.@JavierPagan76 pic.twitter.com/GgnEWacgme
— SORIA ¡YA! (@SoriaYa) February 2, 2022
Una suerte muy diferente (y bastante mejor) ha tenido el Partido Castellano-Tierra Comunera, una de las formaciones políticas que se presenta en Castilla y León y que tiene muchos menos seguidores.
Rebélate contra los que quieren vaciar nuestra tierra y que siga marginada.Queremos una #Castilla orgullosa y pujante, con voz propia.𝗩𝗢𝗧𝗔ᴘᴀʀᴛɪᴅᴏ ᴄᴀꜱᴛᴇʟʟᴀɴᴏ-ᴛɪᴇʀʀᴀ ᴄᴏᴍᴜɴᴇʀᴀ - ʀᴇᴄᴏʀᴛᴇꜱ ᴄᴇʀᴏ#LlenosDeOrgulloCastellano #MiTierraNoEstáEnVenta pic.twitter.com/gwZwVaflvM
— Partido Castellano-Tierra Comunera (@PartCastellano) January 28, 2022
La contienda entre los partidos con opciones de entrar en las Cortes autonómicas también se fragua en esta red social, mientras la España Vaciada sigue trabajando por tener su reconocimiento.
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Los observadores que mejor conocen la realidad de la primera potencia europea estiman que el próximo 26 el partido ganador volverá a ser la CDU (Unión Cristianodemócrata), que lidera también el Partido Popular Europeo, organización trasnacional de la que también forma parte el PP español.
La marcha, voluntaria, de Merkel debería ir acompañada de un agradecimiento no solo por sus políticas europeístas, solidarias y centradas. Muy especialmente, por su comportamiento personal después de más de dieciséis años como jefa del gobierno teutón sin que le haya salpicado una sola mota de corrupción personal o familiar. La poderosa canciller que vive en su modesto apartamento y su vida es un ejemplo de austeridad y decoro.
El fin de la era Merkel: una foto, un legado y un dilema
Franco Delle Donne
La UE sin ella posiblemente hubiera saltado por los aires durante tantos años de severas turbulencias. Pero también es un hecho cierto que la principal transnacional política del mundo necesita reformas, apretarse el cinturón en su inmensa burocracia —esa que tanto sacaba de quicio a la premier Thatcher— y avanzar decisivamente hacia un Estado Europeo que sepa y pueda defenderse con sus propias armas.
Su sustituto al frente de la CDU no es otro que Armin Laschet, presidente del 'Land' Renania del Norte-Wesfalia. Es posible que también ocupe el sillón de Merkel en Berlín. Laschet es un centrista puro, tres hijos, abogado y católico. Fue cooptado por la decisiva CDU precisamente por su equidistancia entre las dos alas del partido y también por su capacidad negociadora, entre otros con los bávaros de Markus Söder, básicos para la formación de gobiernos.
Arrastra fama de negociador hábil y pactista. En Bruselas se le espera con expectación porque la Unión necesita reformas a toda tralla. Los países "austeros", con Marc Rutte, el holandés, a la cabeza, creen que meterá en cintura a los países "despilfarradores" —España entre ellos— y, en cualquier caso, es el momento de sentar las bases para "otra Europa" y que el europeísmo avance.
El "corazón minero" de Laschet —su padre fue minero en Aquisgrán— dicen los diplomáticos de las potencias europeas acreditadas en Madrid es lo que necesita la UE para andar más deprisa, más alta y más fuerte. Tras lo de Biden en Afganistán, eso se necesita más que nunca.
]]>Llegué, ligero de equipaje, cuando la España final de Zapatero se ahogaba en medio del detritus producido por una incompetencia desconocida al frente del Estado. Cogió el testigo a título de mayoría absoluta Mariano Rajoy —el hombre que no quería 'líos'—, el presidente que nunca entendió que dirigir una nación tan compleja como España requiere de buenos administradores de su caja, sí, pero también de algo de chispa. Ni una pizca de arrojo, siquiera para defenderse así mismo; ni una mirada en lontananza más allá de la desenfilada diaria.
Durante esta década decepcionante —que hubiera sido posible tener su rictus de prodigiosa— tuvo lugar la aparición de nuevos próceres redentores quienes, a base de melifluidades hacia el pueblo llano, dolorido y traicionado, consiguieron lo que realmente perpetraban: cambiar su status económico y social y exhibir su poder. Todo hay que decirlo: aprovechando hábilmente las circunstancias objetivas de aquellos momentos (crisis, paro, corrupción) se colaron —a través del voto— por una puerta que los de siempre dejaron abierta. En el último lustro ese pueblo que les llevó en volandas ha podido comprobar lo que sabían y querían hacer.
Se busca líder para el mundo libre
Graciano Palomo
Ni el color naranja, ni el morado, sin embargo, consiguieron el dominio que pretendían. Cambiar algo para que nada cambie en expresión lampedusiana. Curiosamente, en España, un país con alzhéimer colectivo, siempre quedan rescoldos del pasado. Ahí tienen a Aznar que me llevó hasta el Tribunal Supremo por una información cabal, precisa y honrada y en esa instancia pereció.
Tuvo que arriar bandera, a regañadientes, el principal icono de los últimos cuarenta años, el rey Juan Carlos, el monarca de la tragedia permanente, que estaba lejos de intuir lo que se le avecinaba. ¡Esto es lo que sucede a los que olvidan que hay que ganarse el puesto día a día, minuto a minuto y con taquígrafos y luminosidad!
Y en esto llegó Pedro Sánchez. ¡Y cómo llegó! ¡Cómo se condujo! ¡Con qué compañeros de andadura! El resto de la historia la conocen, creo, la mayor parte de los lectores.
Gobierno de colisión
Graciano Palomo
Siempre es más fácil llegar que irse. Atrás dejo diez años, que no puedo decir como ciudadano demócrata en un país libre que hayan sido los mejores. Es tan corto el amor como largo el olvido.
Todo fluye, nada permanece, salvo la memoria abigarrada en los hechos, en el trabajo honrado y el esfuerzo por conocer la verdad. Siempre me interesaron más los contenidos que los continentes. Porque 'contenido' solo hay uno; 'continentes' muchos.
En esta despedida, recuerdo aquella frase memorable de George Eliot: "Nunca es tarde para ser lo que no pudimos ser…".
Solo partimos para reencontrarnos otra vez. Pronto.
]]>Los medios de comunicación informan todos los días de que los récords en el precio de la luz se baten cada 24 horas y alrededor solo oigo lamentos con sordina, excusas entre los malos gestores, explicaciones ridículas. Todo ello para no molestar al responsable de una gestión nefasta, incompetente y huidiza que se llama Gobierno.
Habrá que imaginar, con base en los antecedentes, lo que hubiera dicho el señor Sánchez en la oposición si este rally incontenible se hubiera producido con un gobierno de centro derecha. No hace falta imaginar, porque lo sabemos, lo que hubieran dicho personajes como Irene Montero, Yolanda Díaz, Echenique, Mayoral o Belarra. Esto se limitan a pedir la creación de una empresa pública para, seguramente, ofrecer buenos puestos a algunos que hayan pasado por la Universidad de Cambrigde y tenga acreditada su gestión en cosas tan sofisticadas.
De los sindicatos de 'clase', mejor no hablamos. Si están los suyos en el poder todo se disculpa, todo se compadece. Chitón y boca cerrada no vaya a resultar que el que firma las subvenciones se enfade. Y es la "clase trabajadora" la principal perjudicada por una situación insostenible. Me parece que estos, tan huidos como escurridizos cuando hay que salir a la calle y enfrentarse al leviatán, ya no engañan a nadie… Luego se quejan de que la afiliación sea una completa ruina, aunque antes es vergüenza.
Una subida del precio de la luz (de la gasolina ni hablamos) que supondrá una media de más de 600 euros anuales entre los pobres. ¡Hala, denle hilo a la lengua! Las protestas de los partidos parlamentarios en la oposición se lo pasan, como casi todo, por el arco del triunfo. Resumiendo: ¡Ya protestaremos cuando Casado sea presidente! Mientras tanto, mirar de reojo, cerrar la boca y el que venga atrás que arree. Sumisión, genuflexión y silencio.
PD. Se me olvidaba, para la prensa del 'régimen' el culpable hay que encontrarlo en la montaña de Covadonga. Hace unos doce siglos.
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