Se diría que es la conciencia de la existencia de este techo por parte del propio independentismo la que ha llevado a sectores del mismo a plantear por enésima vez, tras las elecciones del 28-A, la cuestión del referéndum de autodeterminación. Y lo han hecho sacando a pasear el argumento que reiteran a la menor ocasión para justificar su necesidad. Me refiero al de ese presunto 80%, de incertísimo origen, que según ellos está a favor de llevarlo a cabo. La sola cifra ya implica que habría una parte significativa del electorado no independentista que vería con buenos ojos dicha convocatoria como forma de resolver de una vez por todas el conflicto enquistado en Cataluña desde hace años. En realidad, lo que hace el independentismo con esta imaginativa contabilidad es fundamentalmente apropiarse de los votos de los partidarios de los comunes, en la medida en que los dirigentes de este partido siempre han proclamado estar a favor de que el conflicto se resuelva finalmente en un referéndum.

El independentismo 'toma' la Cámara de Barcelona y entrará en las firmas españolas

Ahora bien, de la misma forma que dicha fuerza nunca ha especificado en qué sentido se inclinaría su voto llegado ese momento trascendental, también se ha cuidado mucho de no aclarar en qué tipo de referéndum estaba pensando. Porque no es lo mismo un referéndum para una reforma constitucional o estatutaria que un referéndum de autodeterminación. Y valdrá la pena recordar a este respecto que cuando Ada Colau ha tenido que justificar su participación en los referéndums organizados por el independentismo lo ha hecho apelando a las más pintorescas razones (en el del 9-N la de "castigar a Rajoy" y en el del 1-O la de que era una "movilización popular") pero nunca admitiendo explícitamente la legitimidad de tales convocatorias.

En la misma dirección parece haber ido la hasta ahora última mutación teórico-política de Pablo Iglesias, que en un santiamén no solo ha convertido a la Constitución en el eje principal de su programa, sino también ha transformado a sus candidatos en los más destacados y apasionados valedores de la misma. Hasta el punto de que en los debates por televisión previos a la jornada electoral del 28-A el líder de la formación morada no dejaba de agitar el pequeño volumen con el texto constitucional como si del Libro Rojo de Mao se tratara, citándolo con ocasión de casi cualquier asunto. No parece, ciertamente, que el repentino y furioso amor hacia la Constitución que le ha sobrevenido a Podemos y a sus confluencias en los últimos tiempos juegue a favor de los independentistas. Porque, aplicando la lógica más elemental, si junto a algunos pueden sus contados los partidarios de esta organización política y sus confluencias (comunes incluidos) respecto a la salida para Cataluña es junto a los que sostienen que cualquier diálogo debe desarrollarse en el marco constitucional y estatutario y no junto a los empeñados en hacerlo saltar por los aires.

No parece que el repentino y furioso amor hacia la Constitución que le ha sobrevenido a Podemos juegue a favor de los independentistas

Al lado de esta grosera falacia de planteamiento por parte del independentismo, lo otro que sorprende, y que nunca llegan a explicar los partidarios del mismo, es el ignoto motivo por el que ese importante tanto por ciento de no independentistas supuestamente partidarios también del referéndum de autodeterminación ni tan siquiera han acudido a votar en las dos ocasiones (9-N de 2014 y 1-O de 2017) en las que explícitamente (dejo de lado elecciones autonómicas rebautizadas con los más originales nombres, aunque el saldo no variaría) se les convocaba a ello. Por el contrario, solo acudieron en ambas ocasiones a las urnas prácticamente el mismo número de ciudadanos que en otras convocatorias habían votado a formaciones independentistas. ¿Dónde está, pues, ese 30% largo de no independentistas que no hay forma humana de que haga el menor caso a las convocatorias del independentismo con las que según este se encuentran plenamente de acuerdo?

De ahí que hayamos aludido en el título del presente artículo a la derrota de los vencedores (electorales). La impugnación radical del orden democrático existente en España que planteó en su momento el independentismo está claro que no ha alcanzado su objetivo. Baste con constatar, como certificación apresurada de su derrota, el giro que pasó a dar a sus planteamientos en la inminencia de las elecciones del 28-A. Los hubo en su seno que empezaron a proponer, bien es cierto que con la boca pequeña, el regreso a la vieja estrategia gradualista del 'peix al cove pujolista', con Oriol Junqueras en el papel del exhonorable. Más vale eso, ciertamente, que la 'performance' permanente a la que es tan proclive Carles Puigdemont.

Los presos amenazan con tumbar la 'jugada maestra' de Sánchez con Iceta en el Senado

Pero resulta imposible no sospechar, sobre todo habida cuenta del protagonismo del líder de ERC a la hora de persuadir al entonces 'president' de la Generalitat para que no convocara elecciones autonómicas en octubre de 2017, si su moderada actitud de ahora responde a un cálculo meramente táctico más que al convencimiento profundo del que ha llevado a cabo la necesaria autocrítica. O, por decirlo con los términos del inicio: no deja de ser inquietante constatar que quienes declaran haberse moderado en sus reivindicaciones no son, como parecería razonable esperar a la vista del fracaso político del 'procés', los independentistas sobrevenidos, sino los pata negra. Curioso, desde luego. Cómo no pensar que tal vez la templada actitud actual de estos últimos lo que constituye realmente es una forma de intentar mantener en la práctica la cronificación del conflicto. Una cronificación de baja intensidad, pero cronificación al fin. La actitud de ERC ante la propuesta de que Miquel Iceta presida el Senado tal vez esté constituyendo un test clarificador de las auténticas intenciones del independentismo.

Conviene apresurarse a añadir, si queremos evitar los malentendidos más frecuentes, que semejante reivindicación de la ética no constituye una mera afirmación grandilocuente, una apelación retórica pero exenta de contenido específico, a favor del bien y en contra del mal. Por el contrario, pretende ser por parte de quienes la plantean una guía para la acción en todo momento y en todos los planos, tanto cuando los individuos se preocupan —sea en su calidad de ciudadanos, sea en la de representantes de la ciudadanía— por los problemas concretos de las personas como cuando diseñan futuros y señalan la dirección en que debería encaminarse su sociedad.

El secreto del éxito de Vox, explicado por un político de EEUU

Pero tal vez los matices más interesantes sean los referidos no solo a quienes asumen con mayor frecuencia e intensidad dicha reivindicación sino también a quienes más la critican. Respecto a los protagonistas de la misma, un lugar común lo constituye el reproche de que suelen estar situados de manera mayoritariamente abrumadora a la izquierda. Tanta es la identificación entre reivindicación moral de la política e izquierda que ha terminado por dar lugar al tópico del convencimiento que se supone que tienen los miembros de dicha izquierda de su superioridad moral.

No dudo que pueda haberlos (e incluso en abundancia) que estén convencidos de que el mero hecho de reivindicar valores ya les concede algún tipo de superioridad moral. Pero no parece, desde luego, que quedarse ahí pueda considerarse que constituya mérito alguno. Es obvio que lo que nos hace en realidad (y no en la imaginación) mejores no es reivindicar determinados valores, sino materializarlos. Por eso, tiene escaso derecho a alardear de virtuoso el que no ha visto nunca puesta a prueba su virtud. Y ninguno, por descontado, el que incumple aquello que predica.

Tiene escaso derecho a alardear de virtuoso el que no ha visto nunca puesta a prueba su virtud

De lo que se desprende una segunda obviedad, y es que la izquierda será superior moralmente a cualquier otra opción si hace sus deberes, esto es, si cumple con lo que entiende que debe hacer, con aquello a lo que se siente obligada, con aquello con lo que se siente comprometida, con aquello que, en definitiva, es su razón de ser. Más aún: ni tan siquiera resultaría merecedora del nombre de izquierda si no hiciera todo eso que debe.

Esta segunda obviedad es, a poco que se piense, vinculante. Porque se deriva de la misma una exigencia con la que nos tropezamos a diario. Y es que resulta de todo punto razonable y lógico, a partir de lo anterior, que a los partidos de izquierda, precisamente porque declaran su compromiso con valores, sus votantes y simpatizantes les exijan su cumplimiento. En ese sentido, la izquierda parte con una mochila (de valores) que en muchos momentos se le puede hacer particularmente gravosa, porque de su incumplimiento se deriva una severa censura sobre todo por parte de los suyos. Baste con recordar a este respecto cómo le penalizan electoralmente un cierto tipo de escándalos en comparación a cómo lo mismo penaliza a formaciones políticas de distinto signo.

La izquierda será superior moralmente a cualquier otra opción si hace sus deberes

En efecto, a la izquierda sus votantes no solo le exigen, como los de cualquier otra opción política, la eficacia y materialización de sus promesas, sino también que todo ello se lleve a cabo ateniéndose a los códigos éticos que proclama. De ahí lo improcedente, amén de torpe, que resulta la forma en que algunos miembros de la izquierda se defienden de los ataques que reciben por no haber estado a la altura de los valores que manifestaban sostener, poniendo como excusa que no hay comparación entre la levedad de sus errores (pongamos por caso, pequeñas corruptelas) y la gravedad de los que comete la derecha en el mismo plano (corrupción organizada a gran escala). Lo que nos lleva ya al otro orden de matices anunciado.

Por lo que hace a quienes más critican dicha apropiación de los valores éticos por parte de la izquierda, ellos no se encuentran a mi juicio, en contra de lo que con frecuencia se tiende a pensar, en las filas de la derecha. También la cosa tiene su lógica, aunque la misma venga a contravenir el maniqueísmo y las demagogias más simplistas a las que estamos de sobra acostumbrados. Pensemos simplemente en la forma en la que en las clásicas viñetas de Chummy Chúmez o en las actuales de El Roto se representa a los poderosos. Estos no aparecen como decididos partidarios de hacer el mal a toda costa, como si fueran representantes de Lucifer en la tierra, empeñados en acabar con cualquier forma de bien. Aparecen si acaso como sujetos que conducen utilizando como criterio un feroz principio de realidad y que, desde esa posición, critican o se burlan de quienes, entre ingenuos y bobos, aún andan defendiendo la necesidad de mejorar el mundo y de actuar conforme a una ética.

Por eso se equivocan también quienes plantean la contraposición entre unos y otros como si de un combate entre buenos y malos se tratara, cuando en realidad los presuntos malos la plantean como un conflicto entre idealistas que habitan en un mundo fantasioso de valores y gentes con los pies en el suelo (ellos mismos, claro). Tal vez una simple anécdota nos permita ilustrar el asunto con rotunda verticalidad. Cuando Aznar, hacia el principio de su mandato, expulsó de España a un grupo de inmigrantes ilegales drogándolos y metiéndolos en un avión rumbo a sus países de origen, la justificación que proporcionó respondía a este planteamiento de las cosas. "Teníamos un problema y lo hemos resuelto", fueron sus palabras. Nada de valores alternativos: puro principio de realidad. Berlusconi solía hacer afirmaciones parecidas: nosotros no nos enredamos en discusiones ideológicas (y dejaba en el aire: …como acostumbra a hacer la izquierda), sino que nos dedicamos a aportar soluciones.

¿Quiénes son, pues, los que más critican a los que reivindican una política atravesada de ética?

¿Quiénes son, pues, los que más critican a los que reivindican una política atravesada de ética? Por sorprendente que a algunos les pueda resultar, otros sectores de la izquierda. Dicho con diferentes palabras, es más un reproche entre izquierdistas (por no estar a la altura de su propia reivindicación) que contra izquierdistas. Hemos tenido ocasión de verlo en estas semanas de campaña. Es lo que ocurría cuando una formación política criticaba a otra de su mismo espectro ideológico no en nombre de un ideario distinto y alternativo, sino en nombre de que la primera se consideraba la única que siempre había defendido tales ideas de manera consecuente. Ahora bien, en el momento en el que la que se erige como garantía de la pureza ideológica declara que el resto de fuerzas ideológicamente afines no son de fiar y que deben someterse a su control, está deslizando un supuesto de muy problemática justificación.

Lo problemático, claro está, no es la necesidad del control, sino la instancia (un partido político determinado) que se arroga el monopolio del mismo. Respecto a su necesidad hay poca discusión porque está en la esencia de la democracia no solo que los ciudadanos puedan revocar cada cuatro años a los gobernantes que han incumplido, de una u otra manera, los compromisos adquiridos ante la ciudadanía, sino que existan mecanismos institucionales que controlen la actividad de los políticos. Lo problemático sobreviene cuando es una formación política en particular la que se atribuye en exclusiva la tarea controladora.

Repárese en que, al actuar así, dicha formación, lejos de criticar la idea de la superioridad moral, lo que hacía era rechazar que cualquier otra fuerza política que no fuera ella pretendiera atribuírsela también. No deja de ser curioso, y un punto lamentable, por qué no decirlo, que quienes tendrían que pensar, si de veras estuvieran convencidos de los principios que proclaman, que los valores si algo deben constituir es objeto de emulación, se los hayan tomado como objeto de competición. Pero en tal caso el reproche, de honda raigambre marcusiana, que se le puede dirigir a los que, tan pagados de sí mismos (aunque finjan humildad franciscana), se erigen en los guardianes únicos de la coherencia ética en política es el viejo interrogante ¿quién controla a esos controladores? O, si prefieren, ¿quién controla al partido controlador? ¿Hace falta que pongamos ejemplos o mejor lo dejamos aquí ya?

Sánchez ultima el diseño de su campaña sin mítines "previstos" con González y Zapatero

Pues bien, lo mismo, o algo muy parecido a lo que ocurre en la vida cotidiana, ocurre igualmente en la esfera social y política. Es el caso de cuando atribuimos a factores como la 'barakka' o a cualidades personales (tenacidad, resiliencia…) la fortuna de un dirigente. Muchos recordarán que 'barakka' era un término que se utilizaba profusamente para describir la buena suerte que parecía acompañar a José Luis Rodríguez Zapatero en sus comienzos. El recurso era ciertamente confortable: le permitía a quien lo utilizaba ahorrarse el tener que enfrentarse a la complejidad de la situación y proporcionar las explicaciones adecuadas. De haberlo hecho, probablemente hubiera constatado que buena parte de lo que se contabilizaban como reiterados y asombrosos golpes de fortuna en realidad tenían que ver con la situación objetiva en la que se encontraban sus adversarios, cuyas desventuras (especialmente electorales) repercutían de inmediato en provecho del presidente socialista.

Pero esas desventuras no eran casuales, ni respondían a un motivo tan azaroso e inexplicable como la fortuna de su rival, sino que eran la consecuencia casi inevitable de la acumulación de errores que, finalmente, terminaba por estallar en términos de sucesión de desgracias políticas. Porque no cabe obviar que si buena parte de estas últimas alcanzaban una notable repercusión era porque en cierto sentido significaban la gota que colmaba algún vaso, esto es, porque la ciudadanía tenía la difusa sensación de que se habían ido acumulando comportamientos reprobables que terminaban generando una sensación de hartazgo. El lector puede aplicar este mismo diseño a cualquier otro gobierno del pasado que estime oportuno, con independencia de su signo, y con toda probabilidad comprobará que le vale para explicar la auténtica razón por la que dicho gobierno acabó perdiendo el poder.

La acumulación de errores finalmente terminaba por estallar en términos de sucesión de desgracias políticas

Análoga ligereza explicativa encontramos en todos esos presuntos analistas políticos con ínfulas filosóficas (la mayor parte de ellos, por cierto, sin obra filosófica alguna) que, tomando a voleo cuatro afirmaciones de aquí y allá, y utilizando los tópicos más visitados de Baudrillard, Vattimo, Lyotard, Bauman, Byung Chul-Han y algún otro ensayista de moda, decretan que, puesto que todo es tan volátil en este tiempo que nos ha tocado vivir, tanto da ocho que ochenta, Juana que su hermana. En consecuencia, prosiguen, viene a dar poco más o menos lo mismo lo que haga un responsable político porque, con toda seguridad, el viento del olvido hará que en poquísimo tiempo cualquier episodio que haya protagonizado, por más censura que pueda merecer, quede borrado de la memoria colectiva.

Jordi Pujol junto a su mujer, Marta Ferrusola. (EFE)

Pero una cosa es que lo que deje más huella en la memoria colectiva sea lo que de veras merece ser recordado -lo realmente más importante- y otra, bien distinta, que nada deje ninguna huella en absoluto. Pensar de esta manera aboca a los mayores errores, tanto en el plano personal como en el político. Así, por lo que supimos a través de los medios de comunicación, Marta Ferrusola, la mujer de Jordi Pujol, estaba convencida de que la carta abierta de su marido en julio de 2014 reconociendo sus irregularidades con la hacienda pública española, y el origen más que dudoso de la fortuna acumulada por la familia, se olvidaría en pocas semanas, y a la vista está la marca indeleble que esos hechos han dejado en amplios sectores de la ciudadanía catalana.

Probablemente Pablo Iglesias pensó cosas parecidas cuando decidió adquirir su actual vivienda, confiado en que, aunque en un primer momento la decisión pudiera suponerle un cierto desgaste en su imagen pública, el episodio acabaría, como el de Pujol, en el olvido, cuando en realidad es más que probable que el daño que dicha imagen ha sufrido constituya una de las causas primordiales del previsible debacle electoral de la formación que lidera. También en este caso se dejó de tomar en consideración la acumulación sostenida de pequeñas decepciones por parte de sus votantes (decepciones que enseñaban la patita en la reiterada última posición -y cayendo- que desde hace tiempo ocupaba Iglesias en la valoración de los líderes de los principales partidos políticos del país), como si la ausencia de respuesta clara y pública ante ellas equivaliera a su inexistencia como tales decepciones. O como si en política rigiera el principio de que un clavo saca otro clavo, y de que bastaría con alguna vistosa aparición en televisión, debidamente diseñada por el gabinete de imagen, para neutralizar todos los errores anteriores.

Irene Montero y Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados. (EFE)

Analistas y políticos yerran al proceder de esta manera, al desdeñar la importancia y la eficacia de la memoria, al igual que se equivocan cuando, comodones, declinan analizar en su complejidad las situaciones con las que se enfrentan y prefieren sustituir el análisis de los hechos por la apelación a categorías a medio camino entre la magia y la taumaturgia. Es cierto, respecto a la memoria, que, como casi todo en nuestro tiempo, tampoco ella es lo que era. Pero sigue siendo, y lo que se impone es pensar sus modalidades de existencia en la sociedad actual. Teniendo en cuenta que por más líquido, volátil, efímero o acelerado que sea nuestro mundo, la condición de posibilidad de nuestra existencia como individuos, como nos hiciera saber David Hume hace ya siglos, reside en nuestra memoria. Somos porque recordamos y somos lo que recordamos. Sin olvidar el corolario que falta, y que probablemente esté en el origen del monumental error de percepción que venimos comentando: los demás son lo que recordamos de ellos.

Por supuesto que alguno de aquellos analistas políticos con ínfulas filosóficas a los que me refería antes podría contra-argumentar, estirando el hilo del planteamiento del filósofo escocés y poniéndose estupendo ante sus colegas, que en realidad lo que hace la memoria es crear la ilusión del yo entendido como un objeto continuo y persistente. Es una contra-argumentación atendible, por supuesto. Pero dudo mucho que a la misma se puedan acoger personas y personajes como los mencionados, que, si por algo se caracterizan, es justo por poseer un yo decididamente robusto. A prueba de bomba en realidad. Sorprende entonces que los que tanto recuerdan quienes son ellos (de hecho, no parecen perderse de vista a sí mismos ni un solo instante) confíen tanto en que la gente olvide lo que han hecho.

Para que la actualidad, tan exasperada ella, no contamine con sus urgencias lo que pretendemos señalar, remontémonos un poco en el tiempo. Durante los gobiernos de Zapatero ya se produjo una situación en el plano de las ideas (aunque tal vez fuera más preciso decir que fue en el de las consignas) que recuerda mucho la que estamos viviendo en estos días. La ley de memoria histórica y otras iniciativas de parecido tenor proporcionaban a la izquierda una ocasión privilegiada para golpear a la derecha con una idea-fuerza: todas las resistencias conservadoras a las iniciativas del gobierno socialista en este terreno acreditaban que, en realidad, el Partido Popular todavía conservaba importantes adherencias franquistas. O, por simplificar: que no era realmente demócrata. Por su parte, la derecha utilizaba ETA como argumento para intentar demostrar que para el PSOE la unidad de España nunca ha sido algo realmente importante. Planteado en estos términos, el combate no podía ser más simple: "Ustedes no son realmente demócratas" frente a "ustedes no son auténticos españoles".

Momento en el que boicotean el acto de Cayetana Álvarez de Toledo en Barcelona

Todavía estamos a tiempo de no repetir en campaña este diseño, tan enconadamente crispado como inútil y peligroso. En algunos de los mítines socialistas que han empezado a tener lugar en estos días, no han faltado oradores y oradoras que han citado una frase que Pedro Zerolo dirigió en cierta ocasión a un adversario político, y que convendría tomarse muy en serio: "En su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío sí cabe usted". Por su parte, Víctor Manuel, el intérprete asturiano, cantaba hace años una canción en uno de cuyos versos se afirmaba algo extremadamente parecido: "Aquí cabemos todos, o no cabe ni Dios". Conviene insistir en ambas afirmaciones porque en los últimos meses la derecha ha expulsado de su modelo al resto de fuerzas políticas a base de declarar inconstitucionales a prácticamente todas ellas. La izquierda no debería incurrir en el error, calco del anterior, de declarar franquista al conjunto de las derechas y, por tanto, expulsarlas, en el plano simbólico, de la democracia.

Porque una cosa es que muchas de las propuestas que estas últimas plantean supongan un retroceso a momentos ya superados (pero dentro de la democracia), como hace Pablo Casado proponiendo el regreso a una ley del aborto de 1985, y otra muy distinta que nos retrotraigan de lleno al franquismo. De la misma forma que una cosa es que se proponga, como hace Vox, una modificación (prácticamente imposible) de la Constitución para suprimir las autonomías, y otra que se abomine de ella por completo y se proponga regresar a las Leyes Fundamentales de Franco.

La izquierda no debería incurrir en el error de declarar franquista al conjunto de las derechas y expulsarlas, en el plano simbólico, de la democracia

Sin duda los hay, y parece que bastantes, que o no aprecian estos matices o los consideran irrelevantes desde el punto de vista político. Tal vez tengan razón -estoy sinceramente dispuesto a aceptarlo y a emprender la preceptiva autocrítica- pero les confieso que en estos días no puedo dejar de recordar el elogio que la izquierda solía dedicarle a Fraga en los primeros compases de la democracia. Se le reconocía al político gallego el mérito de haber conseguido neutralizar políticamente a la derecha franquista, integrándola en el sistema democrático. No estoy diciendo, claro está, que Pablo Casado se haya propuesto ese mismo objetivo. Sospecho que ni él lo acaba de saber a estas alturas, tantos como son los bandazos verbales con los que nos sorprende cada día.

Pero lo que parece claro es que la tesitura objetiva en la que se encuentra le aboca a una disyuntiva: o hacerle al país el favor de neutralizar las tentaciones de VOX de desbordar por la derecha los límites del sistema, integrándolo en el normal juego democrático como una fuerza política más, o abandonarse a una feroz competencia incluso programática con ella, descalificando por antiespañol prácticamente a todo el universo mundo (leía hace no mucho una entrevista con Adolfo Suárez Illana, flamante número dos del PP por Madrid, en la que descalificaba a Ciudadanos por ser un submarino de los socialistas) y alimentando de esta forma el peligro de tensar la situación hasta extremos insoportables.

¿Les compensa ganar si el precio que han de pagar por ello es no poder sentarse a hablar con el derrotado?

El desarrollo del juicio a los líderes independentistas nos ha permitido extraer ya alguna lección de interés. Hemos sabido que los errores cometidos por los máximos responsables políticos de aquel momento (Rajoy y Puigdemont) no tienen que ver solo con lo que hicieron sino también con lo que, en un determinado momento, aún pudiendo, dejaron de hacer. Pues bien, probablemente lo que se dice de ellos se pueda predicar de una parte no menor de los responsables políticos de nuestro país en estos días. ¿Tan gravoso les parece intentar poner las bases para solucionar los graves problemas que aguardan ahí fuera, pendientes de ser abordados? ¿Les compensa ganar si el precio que han de pagar por ello es no poder sentarse a hablar con el derrotado?

Convendría recordar, para los olvidadizos militantes, que las profundas reformas de todo tipo que necesita este país requieren acuerdos máximamente amplios, no solo por imperativo legal, sino por imperativo de convivencia (es el diseño del futuro de todo lo que está pendiente de acuerdo). Sin duda, ¡ay!, son demasiados los que piensan que la crispación favorece la movilización de los suyos, pero convendría que quienes creen tal cosa no se pasaran de frenada. No ya porque es posible que mañana tengan que pactar con quien tanto han denostado hoy, sino por algo mucho más simple, y al tiempo más importante: por simple higiene democrática. No vaya a ser que la razón por la que la solución de nuestros problemas va para largo no tenga que ver con la compleja naturaleza de los mismos sino con la extrema torpeza de quienes deberían contribuir a resolverlos.

Pero, decíamos, la mera alusión crítica a Trump también tiene el efecto —sobre el que me gustaría centrarme en lo que sigue— de poner a salvo de toda sospecha a quien la haga, como si bastara con el menor reproche al mandatario norteamericano para que el que lo formula pasara a ser considerado uno de los nuestros. Con el preocupante remate tautológico de que ese 'los nuestros' designa… a todos los que no son Trump, sin ningún otro denominador común. En ese sentido, la figura de este cumpliría la función, tan del gusto de algunos en su momento, de significante vacío, susceptible de ser rellenado con casi cualquier contenido. Repárese, al respecto, que buena parte de los discursos de una cierta izquierda ha pasado a endosar a Trump todos los males y todas las injusticias que hasta hace poco esa misma izquierda endosaba, genéricamente, al neoliberalismo.

¿Qué significa ser de ultraderecha en pleno siglo XXI?

Ahora, en efecto, Trump (o, en su versión local, VOX) ha devenido el nuevo referente aglutinador de la izquierda, como si fuera cosa de aquel la deriva que ha adoptado el capitalismo en los últimos tiempos, con los altos niveles de explotación y precariedad laboral, por no hablar del retroceso en derechos, el rechazo cruel en más de un caso hacia la inmigración, la indiferencia hacia el cambio climático que está afectando a los sectores más vulnerables en ciertas regiones del planeta… o tantos otros males que afligen no solo a los desfavorecidos sino a toda la población mundial en su conjunto. Pues bien, habrá que recordar que, como aquel que dice hasta hace cuatro días, todos esos males, e incluso algún otro que se nos haya podido olvidar (por ejemplo, todo lo relacionado con injusticias y recortes en el Estado del Bienestar) se lo apuntábamos en su cuenta a personajes, no ya autoritarios como Trump y compañía, sino simplemente conservadores como Merkel, Macri o, entre nosotros, el mismísimo Mariano Rajoy.

No es inocuo o exento de consecuencias el protagonismo alcanzado cuando consiguen que la política de un país entero gravite a su alrededor

Ya sé que los partidos políticos, atrapados en la lógica de la inmediatez, tienden a abordar este mismo tipo de asuntos desde otra perspectiva, lo que suele significar prácticamente siempre que se preocupan casi en exclusiva en dilucidar sus dimensiones más electorales, como la de quién va a rebufo de quién, si la derecha a rebufo de la extrema derecha o a la inversa. Lo que es como preguntarse si esta última lo que en el fondo lleva a cabo es una campaña de agitación ideológica que luego únicamente puede materializar la primera (o, lo que viene a ser lo mismo, si se dedica a agitar el árbol para que más tarde otros recojan las nueces, como solía decir un especialista en dicha práctica) o, por el contrario, estos nacional-populismos autoritarios pueden terminar haciendo que la política de un país gravite alrededor de ellos. No cabe en absoluto desdeñar la segunda opción. A fin de cuentas, es lo que se ha hecho realidad en el país vecino, donde los Le Pen hace tiempo que consiguieron que las campañas presidenciales desembocaran en un recurrente "el mundo contra nosotros", por no hablar de los casos de Italia, Brasil o Estados Unidos, donde las fuerzas de extrema derecha directamente ya han alcanzado el poder.

En todo caso, no cabe considerar inocuo o exento de consecuencias el protagonismo alcanzado por dichas fuerzas cuando consiguen que la política por entero de un país gravite alrededor de ellas. Por el contrario, debería llevarnos a examinar bajo una luz crítica algunos de los planteamientos más habituales en relación con la actitud política que deben adoptar las formaciones democráticas con este tipo de partidos. Así la "alerta antifascista" anunciada por Pablo Iglesias con su habitual teatralidad la noche en que se conoció el resultado de las elecciones andaluzas comportaba como una de sus consecuencias objetivas el desdibujamiento de los perfiles de las diferentes opciones políticas, lo que, de prosperar la iniciativa, podría dar lugar a una situación como mínimo confundente, si no preocupante.

No se trata de minusvalorar los disparates y horrores programáticos que propone Vox, sino de aquilatar con cuidado la manera de cerrarle el paso

Porque un efecto que podría generar la constitución de un frente como el propuesto por el líder de Podemos o, lo que vendría a ser lo mismo, la sustitución del eje derecha/izquierda por el eje fascismo/democracia, sería el de que terminara blanqueando a todos los partidos conservadores siempre que cumplieran el único requisito de aislar a Vox no aceptando ningún pacto o acuerdo con dicha formación. Pasaría de esta manera a segundo plano, por supuestas razones de urgencia (porque no otra cosa significaba a fin de cuentas la alerta antifascista anunciada a bombo y platillo), el hecho de que tales partidos pudieran mantener, pongamos por caso, planteamientos de corte fuertemente neoliberal. Quedaría en la sombra de esta manera el asunto, nada menor, de que aquellos presentan, en el plano de las medidas sociales y económicas que adoptarían en el caso de gobernar (por ejemplo, en materia de pensiones, fiscalidad, sanidad, educación o empleo), unas propuestas que se encuentran muy próximas a las de esa fuerza que supuestamente estarían condenando junto con el resto de partidos democráticos.

No se trata —imagino que habrá quedado claro— de minusvalorar los disparates y horrores programáticos que propone Vox en diversos planos (a las propuestas mencionadas al principio se podrían añadir las de la mili obligatoria, el cine patriótico o la ilegalización del aborto), sino de aquilatar con cuidado si la manera de cerrarle el paso es la más adecuada, esto es, si no supone pagar un precio demasiado alto. Un precio —el blanqueamiento de una derecha que en determinados ámbitos no haría cosas sensiblemente diferentes— que, por supuesto, pagarían como siempre los ciudadanos más desfavorecidos.

Una buena manera de calibrar el disparate en el que ha desembocado el 'procés' es imaginar qué podría suceder en un futuro inmediato si sus protagonistas más destacados perseveraran en los comportamientos que han seguido hasta ahora. Propongo llevar a cabo dicho ejercicio de imaginación sirviéndome de dos sencillos ejemplos. Supongamos, en primer lugar, que, como consecuencia del terco empeño por parte de Torra en mantener su ridículo jugueteo con la Junta Electoral Central a cuenta de los lazos amarillos, terminara por verse inhabilitado. Parece lógico pensar, a la vista de cómo se ha comportado hasta ahora el independentismo, que ante una circunstancia así este no tendría otro remedio que manifestar que consideraba semejante decisión como profundamente injusta y procedería a afirmar que no aceptaba la sentencia.

Siguiendo con la misma lógica, el sucesor de Torra declararía al tomar posesión del cargo que en realidad él no debería estar ahí porque el único 'president' legítimo era el condenado por los tribunales españoles, y afirmaría a continuación que se consideraba a sí mismo un 'president' vicario, mero sustituto hasta el momento en que el inhabilitado fuera rehabilitado con toda la dignidad que merecía. Con lo que —por hacer el cuento corto, que dirían los mexicanos— nos encontraríamos en la situación de que la presidencia de la más alta institución de Cataluña la ocuparía el vicario de un vicario. Pero imagínense, para terminar con la fantasía de este primer ejemplo, que el vicario del vicario optara por mantener el perfil alocado y retador con el Estado que mantenía su predecesor y terminara siguiendo su misma suerte ante la justicia. Pasaría entonces a ser el tercer 'president' presuntamente legítimo sin presidencia, y así 'ad infinitum'. Monty Python le sacaría mucho partido a una situación así.

Resumen de la séptima semana del juicio del procés: de los observadores de Diplocat al tal "Tácito"

Pero regresemos por un momento a la realidad. Algunos analistas próximos al poder independentista han deslizado la idea de que tal vez cuando Quim Torra anunciaba, antes de embarcarse en la peregrina guerra de los lazos de colores, que no pensaba quedarse de brazos cruzados ante una sentencia a los políticos ahora juzgados distinta a la completa absolución, con lo que estaba amagando en realidad era con presentar su dimisión como 'president', buscando una salida que al menos tuviera la apariencia de honrosa, y que le permitiera blanquear su imagen de mero guardés de la finca de Puigdemont. Tal vez porque creyera que le podía ser de aplicación en clave política la sentencia de Petrarca "Un bel morir tutta una vita onora". Sinceramente, no creo que una fingida indignación como coartada para poner los pies en polvorosa pueda considerarse una hermosa muerte política, como tampoco creo que semejante gesto consiga dignificar una gestión tan desastrosa como la de Torra al frente de la Generalitat.

Pero no es este aspecto de la realidad el que ahora más me interesa destacar. A fin de cuentas, tampoco creo que la posibilidad de una precipitada renuncia por parte del actual inquilino del Palau deba causar gran preocupación, a la vista de cómo se está desenvolviendo hasta ahora en el cargo. En realidad, lo que asusta es pensar —y paso ya al segundo ejemplo imaginario— quién podría ser el próximo 'president' o presidenta de la Generalitat si en el futuro se siguiera para designarlo el mismo procedimiento que hasta ahora, esto es, que el dedazo del presidente saliente señalara al entrante con el criterio, poco oculto, de convertir al propietario del dedo en digno de ser añorado.

De Iceta a la ira de Borrell: Ferraz intenta que Cataluña no colonice ni desvíe su campaña

La pregunta que, de manera inevitable, cualquiera se plantea en la presente situación es: ¿acaso existe alguien que pueda hacer bueno a Torra? No faltan los que dicen que sí, que todo es susceptible de empeorar aunque a primera vista no lo parezca, y que, por ejemplo, Eduard Pujol, actual portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament y conocido entre el público por haber denunciado en televisión que era seguido por las calles de Barcelona por un espía en patinete (aclaro a quienes no siguen el día a día de la política catalana que no es una broma), está bien colocado para ello y aspiraciones no le faltan. En todo caso, y siguiendo la lógica empleada hasta el presente, se ajustaría al perfil de político al que le correspondería optar a la plaza.

De ocurrir semejante cosa, nos encontraríamos ante la reedición, agravada, del caso del banderillero de Juan Belmonte, Joaquín Miranda. Muchos de ustedes conocerán la anécdota. Este hombre llegó a ser gobernador civil de la provincia de Huelva después de la guerra. Comoquiera que en función de dicho cargo le correspondiera en cierta ocasión presidir un festival taurino al que asistía como público su antiguo maestro, se produjo la situación que ahora viene a cuento. Un amigo que acompañaba a Belmonte, al ver a su antiguo banderillero en el palco presidencial, le preguntó al llamado "Pasmo de Triana": "Don Juan, ¿es verdad que este señor gobernador ha sido banderillero suyo?". La escueta respuesta afirmativa del torero, lejos de saciar la curiosidad del amigo, le generó una perplejidad suplementaria: "Don Juan, ¿y cómo se puede llegar de banderillero de Belmonte a gobernador?", repreguntó. A lo que don Juan le respondió con la frase que se ha hecho célebre: "¿Cómo va a ser? Degenerando…". Cualquiera comentario por mi parte que ahondara en el paralelismo entre esta anécdota y la realidad actual catalana entraría de lleno en el terreno de la crueldad, así que me permitirán que lo deje aquí.

La contradicción en los términos no expresa solo un desiderátum fallido (del tipo: ojalá fueran juntos, como nosotros, todos los sectores de izquierda), sino, tal vez sobre todo, un convencimiento altivo: el de que el resto de fuerzas de izquierda debería venir con nosotros, y aquí estamos para llevar a cabo esa misión histórica. O, si se prefiere: no estamos aquí para ahondar en la desunión sino para ponerle remedio de una vez por todas.

PSOE, Más Madrid, Podemos y En Pie (IU): la división de la izquierda y la barrera del 5%

Iván Gil

La dirección de IU en Madrid prioriza una lista propia tras rechazar la contraoferta de Podemos, al considerarla insuficiente y "no plantear elemento democrático y programático alguno"

Está claro que al propósito, por bienintencionado que pudiera ser en su origen, no le acompaña la fortuna. Y no me refiero, claro está, a las expectativas electorales, volátiles y contingentes por definición, sino al presunto anhelo de unidad, tan reiterado como incumplido. De hecho, las últimas noticias provenientes de ese sector, tan unitarista sobre el papel, dan cuenta de que no deja de crecer el número de desunidos que reclaman unidad, como el reciente caso de Íñigo Errejón en Madrid acredita bien a las claras. Constatado lo cual, convendría detenerse al menos un instante para reflexionar sobre la naturaleza del asunto. O al menos acerca de la forma en la que esa querencia a la fragmentación, casi legendaria en una cierta izquierda, se ha materializado últimamente entre nosotros.

A este respecto una cosa que cabría observar se refiere a la particular manera en que en nuestros días tienen lugar tales procesos. Una manera determinada en gran medida por el personalismo de sus dirigentes, hasta el punto de que la casi totalidad de escisiones y reconfiguraciones tienen nombres y apellidos mucho más que etiquetas ideológicas. Así, se ha convertido en habitual denominar a la formación más afín a Podemos en Cataluña "el partido de Ada Colau", sin que ni al analista más atento le resulte posible especificar por dónde pasan las diferencias ideológico-políticas con el partido de Pablo Iglesias.

Casi totalidad de escisiones y reconfiguraciones tienen nombres y apellidos mucho más que etiquetas ideológicas

Lo propio cabría señalar respecto a la escisión madrileña de Podemos, la protagonizada por el mencionado Íñigo Errejón, cuyos últimos textos en 'El País' podrían haber sido firmados tranquilamente hasta por un liberal conservador, a tal extremo llegaba la vaporosidad teórica de los mismos, vaporosidad que cabría resumir afirmando que el autor se declaraba a favor del bien y en contra del mal. Imposible, por tanto, también en este caso, precisar por dónde pasa actualmente la línea de demarcación ideológico-política entre la nueva formación a la que se ha incorporado para concurrir a las autonómicas (Más Madrid) y la formación de la que provenía (Podemos). Máxime habida cuenta de que esta última ha estado entregada en el último tramo de la finalizada legislatura a la abierta colaboración con el PSOE, esto es, ha aplicado la línea de moderación y entendimiento entre izquierdas que se supone que siempre había defendido Errejón.

Ahora bien, resultaría de todo punto injusto imputar en exclusiva personalismo a quienes ahora se desgajan del tronco. Es más, probablemente los desunidos recientes lo han hecho utilizando las mismas lógicas y procedimientos que utilizaron en su momento para constituirse aquellos otros de quienes ahora se separan. Porque si algo conforma uno de los rasgos más específicos de Podemos es precisamente el intenso personalismo de la formación, con un liderazgo de tal intensidad que los avatares privados de su dirigente máximo han ido repercutiendo de manera directísima en la deriva de aquella.

Si algo sobra son los ejemplos que pueden ilustrar la afirmación anterior. Del hecho de la completa ausencia de Pablo Iglesias de la vida política en momentos trascendentales para el país con el argumento de su baja paternal, al episodio de someter a la militancia la ratificación de sus adquisiciones inmobiliarias, son abundantes los casos de cuestiones estrictamente personales convertidas en abiertamente políticas por decisión expresa del máximo responsable del partido (aunque hay que admitir que en este punto la competencia con Colau es feroz: resulta difícil concebir obscenidad política mayor que la de intentar convertir en argumento electoral para no perder la alcaldía de Barcelona la presunta condición de "pobre y bisexual" de la todavía alcaldesa, como si la sexualidad tuviera algún tipo de relevancia a la hora de gestionar una ciudad).

El polémico cartel de la vuelta de Pablo Iglesias

Frente a esto, la gran ventaja de los partidos tradicionales no es, obviamente, que estén a salvo de tentaciones personalistas (nadie lo está de que a un asesor de campaña se le ocurra un eslogan sonrojante como "vuELve", al que solo le faltaba "…el hombre" para copiar literalmente un viejo anuncio machista de colonia), sino el hecho de que dispongan de sólidas estructuras orgánicas y abundantes cuadros, amén de una consolidada cultura de partido, para el caso de que tanto los personalismos como otros errores análogos dañaran severamente a la propia formación. Es la existencia de este fondo de armario, si se me permite la expresión, la que marca la diferencia primordial entre recién llegados y veteranos.

Nada impide, por supuesto, que a la izquierda de uno (el PSOE), le pueda surgir competencia (Podemos), o a la derecha del otro (PP), una alternativa inquietante (VOX). Pero mientras las formaciones veteranas pueden reivindicarse como casa común de su respectivo ámbito —y ahí está para ilustrarlo la invitación a Iñigo Errejón por parte de Adriana Lastra, portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, para integrarse en las filas de su partido— el sino de la formación de izquierda presuntamente nueva parece ser el de no dejar de convocar de boquilla a la unidad mientras se desangra en escisiones y abandonos. Y si alguien piensa que esta última afirmación resulta un tanto exagerada, le remito al artículo de Iván Gil publicado en este mismo diario el pasado día 9 y cuyo título no puede ser más elocuente: "Tania Sánchez, ida y vuelta a la Asamblea de Madrid tras cuatro años… y cuatro partidos". ¿Alguien da más?

Algunos se han escandalizado —un tanto farisaicamente para mi gusto— de la obscenidad con la que el actual presidente de los EEUU ha reconocido su propósito, como si el asunto no fuera con ellos, como si la determinación de hacerse con el poder de las palabras fuera solo cosa de los sectores más reaccionarios, tanto en el país norteamericano como entre nosotros. No está nada claro que sea así. De hecho, no costaría encontrar abundantes ejemplos de tales prácticas en casi todas partes. Pero, de la misma forma que no basta con recordar, frente a los teóricos de los hechos alternativos, que no hay una realidad alternativa sino que lo que hay son modos alternativos de contarla, así también plantear el asunto de la manipulación a base de contraponer listas de casos de la misma protagonizados por unos y por otros ayudaría poco a entender lo que nos está pasando a este respecto.

Donald Trump. (Reuters)

De mayor utilidad en cambio resultará intentar explicitar la lógica subyacente que dirige el funcionamiento de tales prácticas. Al menos de esa manera estaremos en condiciones, no solo de defendernos mejor de las instrumentalizaciones ajenas, sino también de evitar, autocrítica mediante, las propias. Dado que de las primeras ya se ha ocupado, y muy atinadamente por cierto, Nicolás Sartorius en su reciente y exitoso libro 'La manipulación del lenguaje' (ya comentado aquí mismo), se me permitirá alguna referencia a las segundas. Así, por tirar de algún cabo, determinadas expresiones, cargadas de valor pero de apariencia obvia, han pasado a ser moneda corriente cuya falsedad nadie que se tenga por progresista osa denunciar. Una de las formas más habituales de poner en circulación expresiones generadoras de engaño es a través del escamoteo de deslizar indirectamente (o por contraste), a través un adjetivo o de un verbo, una valoración positiva que en sí misma nunca queda justificada.

Tal ocurre cuando se utilizan consignas del tipo "no criminalicemos…" (y a continuación lo que corresponda), en las que se da por descontado que, si se pone a salvo de la criminalización, nada habría que criticar al elemento del que se trate. Y así, algunos hablan con absoluta desenvoltura de "no criminalizar al Islam", "no criminalizar al independentismo", "no criminalizar a los manteros", "no criminalizar a los okupas" o lo que proceda en cada caso, deslizando de esta manera la idea de que, desactivada la exageración de tratarlos como criminales, ningún reproche ulterior les puede ser formulado. Pero la falacia del planteamiento se hace patente si pensamos en la posibilidad de que a alguien se le ocurriera afirmar cosas tales como "no criminalicemos a los pederastas", "no criminalicemos a los terroristas", "no criminalicemos a los maltratadores" o, por no alargar la serie de ejemplos, "no criminalicemos a los nazis". Es obvio: en estos otros casos damos por descontado que la criminalización se la tienen merecida los aludidos, por lo que el hecho mismo de explicitarla constituiría, si acaso, una simple redundancia.

No basta con recordar, frente a los teóricos de los hechos alternativos, que no hay una realidad alternativa sino modos alternativos de contarla

Operación análoga tiene lugar cuando se utilizan términos que ya desde su misma formulación arrastran connotaciones inequívocamente negativas. ¿O es que es posible, pongamos por caso, salir en defensa de algo que ya viene denominado de salida como fondos buitre? ¿O cabe ser partidario de un sistema impositivo al que se le conoce como expolio fiscal? ¿Cómo abogar a favor de un Estado al que previamente hemos calificado como Estado-canalla? O, si lo prefieren, ¿cómo criticar las acciones de unos grupos a los que, en un alarde de impropiedad, se acepta denominar como antifascistas? Y así sucesivamente.

También a la inversa: es frecuente que se carguen de connotaciones positivas expresiones cuyo contenido real resulta en muchas ocasiones casi perfectamente desconocido por la mayoría de sus usuarios. Es lo que ocurre en Cataluña con la expresión "profundizar en el autogobierno", que es considerado según todas las encuestas por el grueso de la ciudadanía catalana como algo deseable, como un valor positivo indiscutible, aunque sin duda el grueso de ese grueso se encontraría en severos apuros para precisar cuáles son los ámbitos de autogobierno susceptibles de profundización en Cataluña que tanto declaran desear.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, sale en coche oficial del Palau de la Generalitat. (EFE)

Con lo que llegamos a una de las cuestiones que demuestra más claramente el carácter rabiosamente contemporáneo de este asunto. Porque si aceptamos que nadie está libre de pecado (aunque en esta vida siempre haya unos que pequen más que otros), y que tal vez la mejor manera de combatir la manipulación de un signo no sea a través de una manipulación de signo opuesto, la pregunta que, de modo casi ineludible, se desprende de ello es la siguiente: ¿constituye el habitualmente calificado como "lenguaje políticamente correcto" la respuesta adecuada a los desmanes cometidos con la palabra por nuestros adversarios?

No es una pregunta de fácil respuesta. Y no porque le esté concediendo la más mínima parte de razón a los seguidores de Donald Trump (o de Vox) que consideran dicho lenguaje como una agresión en toda regla a la libertad de expresión, amén de una manipulación en sí mismo, sino porque en este punto conviene afinar al máximo. Personalmente, me alineo con la posición de quienes extraen de la célebre tesis de J. L. Austin según la cual se pueden hacer cosas con palabras con la consecuencia lógica de que se pueden hacer cosas reprobables con ellas, lo que justifica que intervengamos sobre las mismas, intentando corregir sus malos usos. Me parece, en concreto, una atendible argumentación a favor del lenguaje inclusivo, como yo mismo intentaba argumentar aquí el pasado 7 de marzo "Acordar las palabras").

Me alineo con la tesis de que se pueden hacer cosas con palabras con la consecuencia lógica de que se pueden hacer cosas reprobables con ellas

Pero tal vez planteen más problemas otros argumentos que, acogiéndose a la misma cobertura legitimadora, extraen consecuencias dignas de reflexión. Así, por poner un ejemplo ilustrativo, las personas con discapacidad no admiten de ningún modo ser denominadas o nombradas como "discapacitados". Proponen que se sustituya el término "disminuidos" del artículo 49 de la Constitución, por "personas con discapacidad". La razón está clara: no desean verse definidos por completo a través de un rasgo, como si su ser se consumiera por completo en sus déficits auditivos, motores, visuales o de cualquier otro tipo, deseo que sin duda parece perfectamente atendible.

Ahora bien, ¿constituye una trampa en sentido propio y fuerte el hecho de ontologizar a una persona definiéndola por entero a través de un término que puede venir severamente connotado como es, en el ejemplo anterior, el de discapacitado? Sin embargo, dicho mecanismo, al que bien podríamos denominar "sinécdoque ofensiva", ¿acaso no es el que vemos utilizado en un gran número de casos que, por cierto, nunca ponemos en cuestión? Cuando decimos de alguien que es un "político", ¿no estamos definiendo también, y en unos términos cargados de connotaciones negativas, la totalidad de su persona? Aunque tal vez subiendo un tanto la intensidad dramática del ejemplo se entienda mejor lo que pretendo señalar. ¿Se podría quejar quien llevó a cabo torturas de ser calificado como torturador? ¿Y el que violó? ¿O el derecho a no ser definido por completo a través de lo que solo es un rasgo, una circunstancia o un comportamiento ocasional lo pueden reclamar en exclusiva minorías o sectores considerados previamente como oprimidos o vulnerables, en una especie de discriminación positiva en el ámbito del lenguaje?

En un momento como el actual, la batalla política es, decididamente, mucho más una batalla por las palabras que por las ideas

Pero intentemos colocarnos por un momento en el punto de vista de alguno de los afectados por estas presuntas sinécdoques ofensivas. Como es obvio (y razonable) un preso que hubiera cumplido su condena por alguna de las conductas mencionadas y hubiera sido rehabilitado con éxito rechazaría, indignado, una ontologización como la señalada. De hecho, es lo que ha venido argumentando en los últimos días Pilar Baeza, candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, condenada como cómplice de un asesinato cometido en 1985, y que cumplió su pena hace más de un cuarto de siglo: "soy otra persona", no deja de proclamar. Pero a la vista está, atendiendo a la escandalera provocada por su candidatura, el dudoso éxito de sus palabras. Con lo que va de suyo la pregunta: ¿el lenguaje políticamente correcto es algo universal o va por barrios? Frente a esto, ¿puede el nombrado decidir la forma en que desea serlo o a eso tienen derecho también los demás? Con otras palabras, ¿es cada cual quien determina su propia identidad, o se está en manos de los otros a este respecto?

No descarto que a alguien le puede parecer que con estos últimos ejemplos nos estamos enredando en una casuística tal vez entretenida pero ayuna de importancia real, o que estamos cogiendo el rábano por las hojas y que todo lo anterior tiene una importancia práctica francamente relativa. En la película 'El vicio del poder', dedicada a ese gran manipulador del lenguaje que fue el vicepresidente de Bush, Dick Cheney (sí, sí, el de las armas de destrucción masiva), esto queda respondido de manera rotunda. Se puede ver allí cómo las mismas personas que, cuando se les planteaba la cuestión de un impuesto de sucesiones, se mostraban claramente a favor, pasaban a rechazarlo de manera rotunda en el momento en el que los republicanos, con gran habilidad en estas lides, le cambiaban el nombre y le llamaban "impuesto a la muerte". Nos gustará más o menos, pero la conclusión que de todo ello se desprende parece clara: en un momento como el actual, en el que los discursos se han debilitado hasta resultar casi irrelevantes, la batalla política es, decididamente, mucho más una batalla por las palabras que por las ideas.

Constatado esto, habría que introducir un primer matiz, particularmente relevante: el de que con las palabras no solo se pueden hacer cosas, sino de muy variado tipo. Pueden ser buenas, malas y regulares. El matiz es pertinente sobre todo cuando, como en estos tiempos, se plantea especialmente desde el feminismo la cuestión del lenguaje inclusivo. Porque si, como acabamos de señalar, nuestras palabras pueden tener efectos prácticos, proponerse intervenir en el lenguaje cuando consideramos que los efectos que genera nos parecen censurables resulta algo perfectamente justificado. Pero que, en abstracto, la intervención quede justificada no significa, obviamente, que cualquier intervención que se plantee sea razonable. Así, puede ocurrir que propuestas de nuevas formulaciones que se presenten como respuesta a usos indebidos no resulten las más adecuadas por uno u otro motivo.

Que, en abstracto, la intervención quede justificada no significa, obviamente, que cualquier intervención que se plantee sea razonable

Lo importante, en todo caso, es tomar conciencia de que a través del lenguaje vehiculamos puntos de vista, valoraciones y prejuicios de los que en la mayor parte de ocasiones no somos conscientes y que en algunos casos, de serlo, rechazaríamos abiertamente. En dicho sentido, llamar la atención sobre la presencia eficaz de todo ese magma ideológico subyacente es el primer paso para poder tomar las medidas oportunas. Recuerdo haber leído hace unos años en la sección 'Cartas al director' de un diario de difusión nacional la misiva de un lector que llamaba la atención sobre la carga valorativa que contenían expresiones que se utilizaban de manera generalizada en la sección de deportes sin atribuirles la menor trascendencia. Se refería el lector en cuestión al término 'negrito', que aparecía en muchas crónicas de la época para referirse al jugador, de origen africano, de un equipo de fútbol. También observaba ese mismo lector otros usos generalizados del diminutivo, como cuando se hablaba de las 'monjitas'. Pero, se preguntaba con perspicacia a continuación el autor de la carta, ¿por qué nadie se refiere a los 'obispitos', los 'cardenalitos' o, me atrevo por mi cuenta a dar el paso que falta, el 'papita'? La respuesta parece fuera de toda duda: el diminutivo presuntamente cariñoso en realidad estaba vehiculando un inequívoco paternalismo formulado desde una autoatribuida, aunque nunca explicitada, posición de superioridad.

Decíamos que la detección de todos estos presupuestos es lo que importa, porque en demasiadas ocasiones el debate sobre tales asuntos se queda enredado en la cuestión de si determinadas alternativas que últimamente tienden a proponerse son las más adecuadas o, por el contrario, más allá de su indudable buena intención, retuercen el lenguaje hasta extremos inaceptables, amén de poco eficaces en la práctica. Tal vez, en concreto, sea cierto que puede resultar un tanto artificioso andar desdoblando muchos de nuestros plurales en masculino y femenino, con el consiguiente riesgo, señalado por algún académico de la lengua, de que terminen consolidándose dos maneras de hablar según los foros en los que se encuentre el hablante, reservando este las políticamente correctas para los foros públicos y manteniendo las heredadas, más económicas, para la esfera privada.

Sororidad, 'mansplaining', micromachismo: diccionario para no perderte el 8 de marzo

Pero si acordamos lo fundamental, que es no solo el rechazo a convertirnos en correas de transmisión de creencias rechazables (¿alguien concibe hoy poder utilizar en sentido despectivo un término como 'judiada'?) sino la reivindicación de nuestro derecho a intervenir sobre el lenguaje, las dificultades que puedan irse planteando no deberían ser particularmente difíciles de subsanar. En el bien entendido de que la mayor parte de dificultades no presentarán carácter ideológico, sino fundamentalmente práctico. Así, de la misma manera que los vecinos de mayor edad se resisten a aceptar el cambio de nombre de una calle o plaza no porque se sientan solidarios con la persona o gesta a la que aquellas vienen dedicadas sino por la sencilla razón de que llevan tiempo llamándolas de la vieja manera, así también la resistencia de tantos usuarios del lenguaje a cambiar de palabras no deberíamos cargarla con sospechas improcedentes.

Pongámonoslo (y pongámoselo a ese imaginario vecino del lenguaje) fácil. Tal vez no haga falta inventar nada, como en algún momento se atrevía a hacer el por otra parte añorado Jesús Mosterín con su propuesta de sustituir 'humanos' por 'humanes', 'amigos' por 'amigues' y así sucesivamente. Probablemente, la producción de neologismos, más que solución, sea fuente de conflictos, en la medida en que introduciría una cierta dosis de violencia en unos hablantes que llevan mucho tiempo usando unas determinadas palabras. Un procedimiento de semejante orden, en la medida en que puede resultar artificioso, no representa un buen instrumento de comunicación. Mejor será que rebusquemos en la riqueza del lenguaje del que ya disponemos. Probablemente encontremos ahí recursos más que sobrados para hablar mejor. Recurramos, por poner algunos ejemplos, a 'profesorado' en lugar del extenso 'profesores y profesoras', a 'ser humano' en lugar del genérico 'hombre' y así sucesivamente.

Tal vez, en concreto, sea cierto que puede resultar un tanto artificioso andar desdoblando muchos de nuestros plurales en masculino y femenino

Recursos, en definitiva, que, liberándonos de la condición de esclavos de las formulaciones heredadas (y, en la misma medida, cargadas de connotaciones no siempre deseables: cada cierto tiempo, la Real Academia se ve obligada a retirar de su diccionario determinadas acepciones de una palabra precisamente por esa razón), nos permitan recuperar nuestra soberanía sobre el lenguaje. Esa soberanía que hasta ahora parecía que solo nos atrevíamos a reivindicar abiertamente cuando aparecía un nuevo objeto en el mundo que necesitaba ser nombrado, bautizado en las aguas del lenguaje para poder ser convocado por todos. Pues bien, el momento histórico nos invita a ir más allá, especialmente por la reclamación de esa mitad de la humanidad, las mujeres, que exige recibir en el plano de las palabras el trato que se merece.

Así, debemos asumir, por una parte, que en determinadas ocasiones descontaminar de prejuicios las palabras nos podrá obligar a prescindir de alguna de ellas. Pero, por otra, no podemos perder de vista que el lenguaje mismo no se puede convertir en un obstáculo para la comunicación sin traicionarse a sí mismo. Y tal vez también convenga, en fin, que recordemos que probablemente el mejor sinónimo de 'inclusivo' sea 'acogedor'.

A lo que iba es a que plantear el asunto en términos de personas y de liderazgos supone plantearlo mal en la medida en que implica distraerse en cierto modo con lo menos importante. Por supuesto que el independentismo, ya desde la desaparición política de Jordi Pujol, está teniendo serios problemas con la selección de sus líderes. Pero el contenido de esos problemas (al menos el contenido que ahora importa) no es psicológico sino político, esto es, la incapacidad por parte de quienes han ocupado las más altas responsabilidades de gobierno en Cataluña para diseñar una estrategia viable y convincente para su futuro. Atrapados en unos compromisos iniciales de imposible cumplimiento (¿a qué responsable político se le puede ocurrir asegurar a sus votantes que los objetivos de su programa de máximos se iban a alcanzar en un plis-plas?) han ido "pasando pantallas", esto es, cambiando de consignas, de 'fake en fake', subiendo la apuesta con una ligereza y frivolidad insufribles hasta desembocar en el disparate político que significó una proclamación de la república catalana que duró ocho segundos.

Con estos tres elementos, a los que Torra denomina "tres grandes consensos", se pretende elaborar la argamasa que cohesione al electorado 'indepe'

Agotado el relato del 'procés', sus dirigentes andan dando palos de ciego en busca de aquellos elementos reivindicativos que les permitan cohesionar de nuevo a sus votantes. Como era de prever en un discurso que lleva toda su vida alimentándose del agravio, la intervención de los jueces ha proporcionado renovado combustible victimista a la causa del independentismo, que ha procedido a rebautizar dicha intervención como "represión judicial". Junto a este elemento, los ideólogos de lo que queda de 'procés' han decidido mantener un segundo, el referéndum (aunque ya llevemos, tirando por lo bajo, dos, y del último haya surgido, según su propia terminología, un "mandato democrático" para la independencia por lo que no se termina de ver por parte alguna la necesidad de otro referéndum más) y, finalmente, incorporar un tercero, el rechazo a la monarquía. Con estos tres elementos, a los que Quim Torra denomina, con la insustancialidad teórica que le caracteriza, "tres grandes consensos", se pretende elaborar la argamasa que cohesione de nuevo al electorado independentista, confundido no solo por sus estrepitosas derrotas políticas (no se ha alcanzado ninguno de los objetivos que se le anunciaron) sino por las banderías internas de su núcleo dirigente.

Conviene destacar el carácter sobrevenido del último de tales elementos, el rechazo a la monarquía. De hecho, en los albores del 'procés' todavía había quien fantaseaba que la forma del encaje de Cataluña en España que permitiría la resolución del supuesto conflicto entre ambas podría venir representada por una organización confederal del Estado que conservara la figura del monarca como elemento simbólico residual de la vieja unidad perdida, un poco a la manera en que desempeña ese papel la figura de la reina de Inglaterra en la Commonwealth. En un planteamiento así, la Corona, lejos de constituir un objetivo primordial a batir, se entendía que podía significar un elemento susceptible de ser incorporado a la salida del conflicto. Pero alguna mente clarividente en la sala de máquinas del independentismo decidió que había que incorporar al Rey al problema, y no a la solución, y orquestó una manifestación-trampa en agosto de 2017 con ocasión de los atentados de Barcelona.

El rey Felipe durante su intervención en la entrega de los premios nacionales de investigación. (EFE)

En la reconstrucción del último tramo del 'procés' que el independentismo ha llevado a cabo se omite este episodio (así como la peregrina excusa, que entonces se aireó profusamente, de la venta de armas a Arabia Saudita por parte de empresas españolas como justificación del boicot a Felipe VI) y se coloca el inicio del rechazo secesionista a la monarquía en la intervención televisiva del jefe del Estado del 3 de octubre, llegando al extremo de afirmar que este debería pedir excusas al pueblo de Cataluña por haber legitimado con sus palabras la violencia policial del 1-O. Lo cierto es que si alguien se tomara la molestia de repasar la intervención real comprobaría de inmediato que en ella no aparecen en ningún momento los planteamientos que los independentistas se empeñan en atribuirle, pero no vale mucho la pena insistir en ello porque este engañoso modo de proceder ha pasado a formar parte del ADN del 'procés'. Mi sensación particular, por decirlo todo, es que el texto de aquella intervención era inobjetable en lo que decía, aunque mejorable en lo que dejaba de decir.

Pero es que el presente razonamiento podría todavía ir más allá de la mera constatación de que, en el corto y medio plazo, no acaba de verse que resulte lo más inteligente para los intereses del propio independentismo el considerar que la monarquía constituye el obstáculo primordial por apartar. Porque, a fin de cuentas, no solo es que sean monarquías algunos de los países que ocupan los primeros puestos del 'ranking' de democracias avanzadas del mundo, sino que el único lugar del planeta en el que se llevó a cabo el tipo de referéndum que nuestros independentistas tanto declaran anhelar, esto es, en Escocia, forma parte de un Estado, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que tiene como cabeza visible a una reina.

La reina Isabel II del Reino Unido. (EFE)

Fieles a su ADN, el dato fue soslayado de manera sistemática por nuestros independentistas, que se estuvieron dedicando durante una larga temporada a lanzarle todo tipo de elogios (sobre todo el de ser "un auténtico demócrata") a un político tan acreditadamente inepto como David Cameron hasta que su ineptitud (con otro referéndum por cierto, el del Brexit) devino escandalosa. Una de dos: o al independentismo se le había escapado el dato de que la forma del Estado en el que se estaba celebrando el referéndum era la monárquica (descuido imperdonable que denotaría una incompetencia política solo comparable a la del propio Cameron) o prefirió omitírselo a los suyos (en cuyo caso nos encontraríamos ante el enésimo engaño del 'procés', y van…). Llegados a este punto, la pregunta del millón, que nos devuelve al arranque del presente artículo, ya solo puede ser la siguiente: ¿y no será que se omitió dicho dato porque el verdadero interés del independentismo a partir de un determinado momento pasó a ser la cronificación del conflicto y considera que todo vale a los efectos de mantener bloqueada la situación?

El rechazo de los Presupuestos provoca un agujero en las cuentas autonómicas

Pues bien, una de las expresiones-conjuro a la que es más aficionado el independentismo y que hemos tenido la oportunidad de escuchar de manera reiterada en estos últimos días en el Congreso de los Diputados con ocasión del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado es la de que “hay que poder hablar de todo”. La frase es del estilo de las que está más que acreditado que gustan a los independentistas por su apariencia de obvia (el 'procés' ha proporcionado un abundante muestrario de ellas), apariencia que obtiene, en lo fundamental, del hecho de que su contraria suena intuitivamente rechazable. Y suena así en este caso porque da la sensación de que rechazar la premisa entrecomillada —el poder hablar de todo— solo puede hacerse sobre la base de unas prejuiciosas líneas rojas o, peor aún, de presiones externas que quien dibuja tales líneas no es capaz de resistir.

Cuando los independentistas se refieren a ese 'todo' del que hay que poder hablar, en realidad se refieren siempre a la autodeterminación

Pero como conjuros los hay de muchos tipos, empecemos por matizar que este pertenece, y obtiene su apariencia de obviedad, a la variante sinécdoque. Cuando los independentistas se refieren a ese 'todo' del que hay que poder hablar, en realidad se refieren siempre, siempre, a una sola cosa, que es la autodeterminación. Que al resto de cuestiones no le conceden el menor valor lo demuestran ellos mismos cuando desdeñan la satisfacción de cualquier otro problema si esa cosa no queda planteada.

Ante esto, los hay que, con una peculiar mezcla de ingenuidad y cinismo, no conceden mayor trascendencia a satisfacer dicha exigencia. A fin de cuentas, argumentan no sin cierta suficiencia desdeñosa, lo único que están reclamando los 'indepes' es poder hablar del asunto. Pues hablemos de ello sin ceder un ápice en la práctica, continúan, sobrados con su argumentación, y santas pascuas.

Lo cierto es que el planteamiento no resiste el análisis, como se deja ver en cuanto lo intentamos aplicar a cualquier otro caso. Dado que no quisiera deslizarme hacia el tremendismo argumentativo (aludiendo a la tortura, la violación de derechos básicos, las discriminaciones inaceptables o cualquier injusticia o crueldad flagrante), invito al lector a un ejercicio imaginario. Que sea él quien elija el ejemplo de algo que le parezca de todo punto condenable, suponga a continuación que alguien le dijera que respecto a su valoración del ejemplo en cuestión “solo quiere poder hablar” y, por último, intente hacerse una idea de cuál sería su propia reacción al ver cuestionado lo que considera como fuera ya de cualquier posible debate.

Los que reclaman su derecho a poder incumplir las leyes son los mismos que exigen a los demás su cumplimiento cuando son ellos los perjudicados

Probablemente nuestro lector se sentiría igual que muchos ciudadanos ajenos al independentismo a los que se les pide, como si de una petición inocua se tratara, que se pueda hablar acerca de si las leyes deben cumplirse o no. Con el agravante añadido, que cualquiera ha tenido ocasión de constatar ya en los pocos días del juicio a los líderes del 'procés', de que los mismos que reclaman su derecho a poder incumplir las leyes les exigen a los demás su riguroso cumplimiento cuando son ellos los que se ven perjudicados en algo.

Miles de personas en Colón exigen el fin de la negociación con los independentistas

Pero si consideraba hace un momento que la actitud indulgente hacia quienes manifiestan que su pretensión se limita a poder hablar de la autodeterminación contiene también una cierta dosis de ingenuidad, es porque los hechos mismos certifican que lo que aquí se encuentra en juego no es una mera e intrascendente conversación. Si así fuera, ¿a qué viene ponerla como requisito inexcusable para aceptar la tramitación de unos Presupuestos que afectaban de manera inmediata al bienestar también de los catalanes? Aún más evidente se hace la falacia del argumento independentista si pensamos en las siguientes consecuencias a que esa obstinación conversadora puede dar lugar.

Porque lo que está fuera de toda duda es que una consecuencia posible de elecciones anticipadas derivadas del rechazo a la tramitación de las cuentas públicas es que abran las puertas a una derecha infinitamente más intransigente respecto a las reivindicaciones independentistas de lo que pueda haber sido el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿De verdad pretende hacernos creer el independentismo que ha sido el mero hecho de no poder hablar de referéndum de autodeterminación lo que le ha llevado a propiciar el regreso de la peor derecha desde muchos puntos de vista?

El presunto 'mero hablar' era en realidad una forma encubierta de empezar a negociar y de incluir la palabra 'autodeterminación' en la discusión

El devenir de los acontecimientos ha terminado por revelar su auténtico significado. El presunto 'mero hablar' era en realidad una forma encubierta de empezar a negociar. Porque, en efecto, hablar del derecho de autodeterminación era, para quienes lo reclamaban, una forma de conseguir que se admitiera su existencia. De análoga forma que reconocerle a una determinada instancia (una comunidad autónoma, en el caso que nos ocupa) la condición de sujeto político a todos los efectos en realidad implica, tras su inocente aspecto, aceptar que pueda intentar 'decidir su futuro', por decirlo con la jerga procesista, cuantas veces estime oportuno. O, para ser más precisos, hasta que ese futuro adopte la forma que el independentismo pretende. En ese momento, parecen pensar nuestros independentistas, el derecho a decidir prescribiría porque lo único que siempre importó decidir habría quedado decidido.

Gustaba de afirmar el desaparecido escritor barcelonés que él era irracional en el fútbol para poder ser racional en todo lo demás. Lo decía y se quedaba tan ancho, como anchos parecen haberse quedado algunos líderes políticos de nuestra derecha, que esta semana han sacado a pasear los adjetivos más gruesos (¡'felón'!) que sus asesores han sido capaces de encontrar en el diccionario. Es cierto que la frase del padre literario de Carvalho ofrecía una inicial apariencia de verdad pero, a poco que se reflexionara sobre ella, de inmediato mostraba su peligrosa inconsistencia. Seré breve en la reflexión para no perder de vista lo que me interesa plantear.

Por un lado, la frase es inconsistente entre otras razones porque contiene una tesis decididamente elitista en la medida en que solo se puede aplicar sin problemas a gente culta y educada, como lo era el propio MVM, cuyo mayor exceso en un campo de fútbol en un momento de airado descontrol probablemente solo le alcanzaba para meterse con la madre del árbitro o con don Santiago Bernabéu. Pero no faltan los que, menos refinados, empiezan por ahí (aunque también cabe que lo hagan por los gritos racistas, machistas o xenófobos, por cierto), continúan tirando una llave inglesa a la cabeza del juez de línea, pasan a destrozar el mobiliario urbano a la salida del estadio a poco que le hayan ido mal las cosas a su equipo y terminan apaleando, cuando no apuñalando, a un aficionado del equipo rival como se lo tropiecen por la calle.

De inmediato entenderán por qué, además, adjetivaba como "peligrosa" la inconsistencia de la afirmación de Vázquez Montalbán. Porque si esta escalada de desmanes y barbaridades se puede producir en el fútbol ("lo más importante entre las cosas menos importantes", de acuerdo con el conocido aserto de Jorge Valdano), ¿qué no ocurrirá cuando se levanta la veda de la irracionalidad en otros ámbitos de mayor trascendencia colectiva, como es el de la política?

La pregunta es, desde luego, retórica porque hace tiempo que estamos teniendo sobrada ocasión de comprobar entre nosotros, concretamente a raíz del 'procés', lo que ocurre en tales casos. Cuando los políticos, los periodistas e incluso aquellos sectores de la ciudadanía más comprometidos con alguna opción partidaria toman como modelo y pauta de conducta la de los aficionados al fútbol sucede lo que estamos teniendo la oportunidad de comprobar de manera creciente, a saber, que se renuncia al ejercicio de la inteligencia, a la argumentación racional, y se da rienda suelta a la emotividad más desatada señalada al principio, con el consiguiente riesgo, nada imaginario, de enfrentamiento civil.

¿Qué no ocurrirá cuando se levanta la veda de la irracionalidad en otros ámbitos de mayor trascendencia colectiva, como es el de la política?

Es cierto, por continuar con el paralelismo, que el mundo del fútbol no ha dejado nunca de intentar la introducción de formas de racionalidad que atemperaran la querencia hacia lo pasional, tan propia de los aficionados a este deporte. En principio, y al margen de lo que pueda ocurrir en los despachos (lo que también da lugar a sus propios conflictos, pero ese es un asunto que nos llevaría lejos y en otra dirección distinta a lo que se pretende plantear aquí), la práctica del mismo se rige por unas reglas preestablecidas y articuladas en un reglamento conocido y que, en el caso de experimentar variaciones, no se aplican sin hacerlas públicas previamente y con todo tipo de garantías.

Sin embargo, hasta ahora, todo lo anterior no había permitido acabar con los conflictos, derivados fundamentalmente de la interpretación que los aficionados hacían del uso de dichas reglas. "Resultado injusto" era el sintagma que resumía a la perfección el persistente problema. La analogía con la política podría continuar sin esfuerzo y la encontraríamos ejemplificada tanto en la declaración de aquella política emergente nada más acceder al anhelado cargo: "Desobedeceremos las leyes que nos parezcan [sic] injustas", como en las declaraciones de líderes de la derecha esta misma semana cuestionando las reglas del juego y proclamando que la manifestación del próximo domingo en Madrid iba a representar una "moción de censura en la calle".

El carácter incontrovertible de los hechos ha acabado con una parte significativa de los conflictos más habituales de los terrenos de juego

Por sorprendente que pueda parecer en relación con lo que se señalaba al principio, ha sido precisamente el mundo del fútbol el que nos ha señalado el camino adecuado para escapar de tales atolladeros. La aplicación del VAR ha reducido de forma sustancial los problemas que se producían tanto sobre los terrenos de juego como en las gradas. Además de desaparecer los llamados goles-fantasma, también se han reducido sustancialmente las exageradas manifestaciones de dolor por parte de los futbolistas tras una entrada del rival o los piscinazos de muchos nada más pisar el área, picardías todas ellas destinadas a provocar la tarjeta al adversario o a echar a la afición sobre el colegiado para condicionar sus decisiones. Por decirlo en breve: el carácter incontrovertible de los hechos ha acabado con una parte significativa de los conflictos más habituales que tenían lugar en los terrenos de juego.

Pues bien, el equivalente a la apelación a los hechos en el fútbol bien podría venir representado en la política por el acuerdo en el diagnóstico acerca de la realidad de los problemas. No debería resultar tan complicado llevarlo a cabo. Probablemente no sea cuestión de relator sino, simplemente, de voluntad política. De hecho, pudo hacerse en el pasado, y la consecuencia fueron cosas tales como los pactos de la Moncloa en la Transición. Pero también en el presente y sin abandonar el caso catalán disponemos de un ejemplo acerca de la viabilidad de la tarea: el inacabable y tedioso debate sobre las balanzas fiscales en España, muy del gusto de los independentistas, finalizó cuando Ángel de la Fuente hizo público su informe sobre las mismas. Por supuesto que acordar un diagnóstico no equivale a resolver los problemas ni excluye la pluralidad de perspectivas con las que abordarlos, pero en todo caso nos coloca en la senda de resolverlos, cosa de todo punto imposible si ni sobre esa elemental base coincidimos.

Probablemente, estos políticos teman que un atento examen de las imágenes demuestre que siempre estuvieron en fuera de juego

Sin embargo, una tal pretensión sobre los hechos por más posible y necesaria que constatemos que es, parece haber devenido entre nosotros en estos días un horizonte poco menos inalcanzable, por no decir utópico. La cosa tiene poco de casual. Tenemos derecho a sospechar que, de la misma forma que existen unos sedicentes románticos del fútbol que sostienen que la introducción de la tecnología del VAR acaba con su supuesta magia, los hay en la política que, irresponsables, prefieren que los suyos se comporten, en vez de como ciudadanos razonables y sensatos, como auténticos 'hooligans', con los enormes peligros para la convivencia que ello supone. Probablemente estos políticos teman que un atento examen de las imágenes demuestre que siempre estuvieron en fuera de juego. No creo que haga falta que entre en detalles. Todos ustedes tienen buena memoria, y no será necesario que les recuerde qué hacían y qué dejaban de hacer ayer los que hoy tienen sus vestiduras hechas unos zorros de tanto rasgárselas.

Ahora bien, quedarse en esta constatación —prácticamente de mínimos— no es suficiente. Si no diéramos un paso más, no estaríamos añadiendo gran cosa al tópico de que la rectificación es cosa de sabios, tópico que, dicho sea de paso, está lejos de ser una evidencia. Porque también el que cae en algún error al modificar sus opiniones precedentes está rectificando… pero para mal. O, un caso análogo, quien, inconsistente y dubitativo, es incapaz de sostener una posición de manera firme y la hace variar a la menor influencia, por ligera que sea, no podría ser considerado precisamente un modelo de sabio. Y qué decir, en fin, por no hacer muy larga la relación de contraejemplos, de quien abandona determinados planteamientos y abraza otros por motivos en nada relacionados con la calidad explicativa de ambos, sino únicamente por intereses prácticos, ¿también hemos de valorar su evolución como una muestra de sabiduría? En suma, dar por descontado que cualquier cambio de ideas implica automáticamente y sin más una mejora en las mismas es un supuesto que no se sostiene desde un punto de vista lógico.

Qué es el 'Plan País': el proyecto de Guaidó para “el Estado fallido que es Venezuela”

De ahí que a cualquiera se le deba añadir, a la exigencia de cambiar de ideas si ha dejado de ver claras aquellas que antes mantenía, una exigencia complementaria, y es la de dar cuenta de las razones que le han llevado a dicho cambio. Como es natural, la exigencia es tanto mayor cuanto más importantes fueran en el esquema global de su pensamiento las ideas ahora abandonadas. De la misma manera que la exigencia pasa a ser poco menos que ineludible cuando de un personaje público se trata. Concretamente de ese tipo de personaje público cuya notoriedad es debida a las ideas que defiende. Incluso podríamos dar una vuelta de tuerca más al planteamiento y añadir que si un político ha destacado por su implacable reclamación a los demás de coherencia en sus planteamientos, él mismo no puede excluirse de la misma y pretender quedar exento de idéntico rigor en el cumplimiento de la obligación de dar cuenta de sus nuevas derivas.

La exigencia es tanto mayor cuanto más importantes fueran en el esquema global de su pensamiento las ideas ahora abandonadas

Hace escasas semanas, acaso barruntando la que se avecinaba, Pablo Iglesias sorprendía a su propia parroquia con una supuesta autocrítica, enunciada en unos términos ciertamente curiosos. Manifestó, como el que se apea de un vehículo ajeno, que "ya no compartía" las opiniones que en el pasado había mantenido, incluso con pasión, sobre el régimen bolivariano que todavía rige en Venezuela. Idéntica formulación ("ya no comparto") utilizaba más recientemente Íñigo Errejón en una entrevista periodística en 'El País' el pasado 27 de enero para expresar el mismo distanciamiento; en este último caso con el agravante de que apenas tres meses atrás había defendido en un programa de radio las bondades de la vida en aquel país. A personas que alardean de su formación intelectual y de un insobornable espíritu crítico parece razonable pedirles que respondan a un par de sencillas preguntas a este respecto: ¿cómo han podido tardar tanto en caer en la cuenta de que el régimen de Maduro era un desastre?, ¿hasta que la inflación no ha llegado al millón por ciento anual, y la hambruna y el desabastecimiento de productos básicos han pasado de ser amenazas a dolorosas realidades que castigan cruelmente a la población no han encontrado motivos para censurar aquel gobierno?

Dado que la rectificación de los dos líderes de Podemos no vino acompañada de la menor explicación sobre tan brusco cambio de opinión acerca de un asunto que, no solo les proporcionó una considerable notoriedad pública en sus inicios, sino que parecía constituir un elemento central en los planteamientos políticos fundacionales de su formación, una sospecha se abre paso, de manera inevitable, en medio de la presente reflexión: ¿no será que tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón han caído en la cuenta de que lo peor de la ruina del país caribeño es que en algún momento algunos ciudadanos españoles podrían llegar a preguntarse si, a la escala que corresponda, ambos políticos contribuyeron con sus consejos como asesores a que dicha ruina se produjera?

Errejón ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. (EFE)

La sospecha tiene como desembocadura otra interrogación, tal vez más desazonante aún para los antaño admiradores de Hugo Chávez: ¿no sería razonable que, como consecuencia de lo anterior, esos mismos ciudadanos vieran con genuina preocupación la posibilidad de que personas con tales antecedentes profesionales pudieran asumir tareas de gobierno entre nosotros? No parecen sospechas del todo infundadas a la vista de la forma en la que los dos líderes se distancian ahora de lo que antes tanto celebraban, como si no quisieran quedar salpicados por su propio pasado: "Yo no quiero eso [un régimen como el venezolano] para mi país". En todo caso, cabe plantearse si basta con una frase así, tan tajante como escasa de contenido, y con el apresurado borrado de los viejos tuits para dar por zanjado su firme compromiso político-intelectual con el régimen chavista, al que, todavía en esta década, Iglesias y Errejón consideraban un envidiable modelo digno de ser exportado a Europa.

Por lo demás, es de suponer que el cambio de convicciones al respecto de Venezuela traerá aparejado consigo un cambio en la gestualidad no solo de los líderes de Podemos, sino también de todo su grupo parlamentario. Lo señalo porque, como aquel que dice hasta hace un rato, cada vez que en el hemiciclo del Congreso los diputados conservadores de diverso signo mencionaban el nombre de Venezuela, la bancada morada, sin distinción alguna entre la facción pablista y la errejonista, estallaba en sonoras risotadas, cuando no en aplausos burlones, al tiempo que tanto el secretario general de la formación como el que fuera su segundo dibujaban en sus rostros unas displicentes sonrisas de desdén. Pues bien, es de suponer que ahora (exageración por exageración), cuando se produzca ese mismo recordatorio, los que ayer se carcajeaban romperán, compungidos, en sollozos mientras que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, este último en ausencia, compondrán la más dolorida expresión de arrepentimiento. Qué menos en quienes llevan a cabo una sincera autocrítica.

No conozco a nadie que sostenga que el mejor método para acceder a la jefatura del Estado sea "por fecundación" (por decirlo a la manera de Pablo Iglesias), y menos aún si quien accede a tan alta magistratura a través de dicho método dispone por ello de poderes autocráticos ajenos a la soberanía popular. Sin embargo, conozco a muchas personas que no ven un problema, y menos un problema importante, en la existencia de una monarquía cuyo titular vea, por mandato constitucional, limitadas sus capacidades al aliento, impulso y tutela de la democracia. Y aunque no tengo el gusto de conocer a tantas personas en el extranjero como en mi país, parece evidente que es muy amplio el número de ciudadanos que en Reino Unido, Suecia, Noruega o Dinamarca, por mencionar algunos casos destacados, tampoco parecen atribulados porque la jefatura del Estado recaiga en un rey o una reina.

Muchos no ven un problema en la existencia de una monarquía cuyo titular vea, por mandato constitucional, limitadas sus capacidades

Valdría entonces la pena preguntarse a qué responde la preocupación por la forma del Estado que de modo recurrente parece manifestarse cada cierto tiempo en bastantes de nuestros compatriotas (entre los cuales habría que incluir a destacados líderes políticos). Para plantear el asunto con un cierto orden, convendría distinguir entre aquellos que desde siempre han sido partidarios de la forma republicana y aquellos otros a los que la misma preocupación parece sobrevenirles de manera intermitente y un tanto esporádica. Es muy probable que el rechazo de la monarquía por parte de unos y de otros responda a diferentes motivos y requiera, por tanto, de diferentes argumentaciones.

Supongo que se admitirá que en el primer grupo podemos incluir históricamente a los grandes partidos de izquierda de ámbito estatal, que se declararon desde siempre republicanos (si bien en el caso del PSOE la puntualización del accidentalismo resulta fundamental), aunque acabaron asumiendo la monarquía durante la transición. Y lo hicieron, por cierto, antes de que Juan Carlos I obtuviera un amplio respaldo social tras el 23-F por su decidido comportamiento en defensa de la democracia. Parece razonable pensar que la asumieron, no porque no se hubieran planteado la pregunta acerca de la utilidad de la monarquía (pregunta que ahora algunos como Iglesias formulan con el aire de quien descubre el Mediterráneo), sino porque, habiéndosela planteado, llegaron al convencimiento de que, en efecto, podía resultar una institución de utilidad para el país, como el tiempo se encargó enseguida de acreditar.

Desmontando los presupuestos: cuánto cuesta realmente la monarquía española

Ello no significa, ni muchísimo menos, que el actual Rey emérito se ganara con dicho comportamiento ante los golpistas el derecho a quedar a salvo por completo de toda crítica o reproche. Si se me apura, más bien al contrario. De hecho, probablemente la gran paradoja de la trayectoria de Juan Carlos I sea que, habiendo contribuido de manera determinante a la consolidación de la democracia en nuestro país, él mismo debilitó de modo importante a la Corona en sus últimos años como Jefe del Estado, protagonizando episodios escasamente ejemplares en la mente de todos. Pero hay que decir también que fue la propia institución monárquica la que pareció ser consciente de la situación y promovió su abdicación (por completo impensable para los monárquicos más tradicionales) en Felipe VI.

En todo caso, y pasando al segundo grupo de detractores de la institución, la utilidad que quepa atribuir a la monarquía no es asunto que deba valorarse de la forma en que últimamente hacen algunos líderes políticos de la izquierda como Pablo Iglesias, esto es, examinando la evolución de las encuestas de opinión pública. Semejante proceder, amén de su escaso vuelo teórico, entra en conflicto frontal precisamente con lo que siempre se ha presentado como la principal utilidad de la Corona. Porque si alguna virtud destacan los defensores de la misma es precisamente la de no estar al albur de las encuestas y de los cambiantes estados de la opinión pública, esto es, la de ofrecer estabilidad y continuidad al Estado.

Si alguna virtud destacan los defensores de la Corona es la de no estar al albur de las encuestas y de la cambiante opinión pública

Cabe discutir, ciertamente, si valoramos tal cosa como una virtud o no. Ahora bien, si entramos en esa discusión, entonces venimos obligados por pura lógica a dar el siguiente paso y plantearnos la misma pregunta (¿para qué sirve?) respecto a la forma de Estado republicana. Por lo pronto, algo (que a los críticos de izquierda debería importar especialmente) puede afirmarse con total seguridad, y es que los países de Europa que han ido más lejos en la aplicación de políticas redistributivas socialdemócratas han sido los nórdicos, sin que se tenga noticia de que el hecho de que sean monarquías haya representado un obstáculo, ni tan siquiera un lastre, para dicha aplicación.

Sentado lo anterior, valdrá la pena añadir que no deja de ser curioso que quienes más gesticulan a favor de la república frente a la monarquía lo hagan utilizando unos argumentos sospechosamente débiles. Porque, en efecto, algún crítico de estos críticos, ciertamente malpensado, todo hay que decirlo, podría conjeturar que la aparente impugnación de la monarquía en términos meramente instrumentales (esto es, porque no quede claro que sirva para algo) persiga guardarse la carta de poder dar el volantazo correspondiente cuando convenga hacerlo, echando mano del argumento ventajista de que "ahora sí, en las nuevas circunstancias" el Jefe del Estado ha demostrado que puede ser útil al país, o algún otro equivalente. Nuestro malpensado crítico podría puntualizar, para rematar la faena, que su sospecha no contiene juicio de intenciones alguno, sino que, de nuevo, constituye una cuestión de simple aplicación de la lógica: si el gran defecto de la monarquía es que no resulta útil, en el momento en el que pudiera acreditar alguna utilidad, el reproche de esta otra izquierda, de momento tan fervorosamente republicana, decaería y podría abrazar sin problemas el accidentalismo de los socialistas, que ahora tanto censuran.

El Parlament reprueba a Felipe VI y pide por mayoría la abolición de la monarquía

Una última y breve puntualización acerca de la tesis de que la "vía de la fecundación" para acceder a la Jefatura del Estado implica un déficit de democracia. Resulta más bien dudoso que quienes más insisten en dicha tesis sean realmente los más autorizados para hacerlo. Baste con un solo ejemplo, el que tengo más a mano, para ilustrar esta reserva, aunque seguro que a cualquier lector no le costaría gran esfuerzo encontrar otros cerca de su localidad. El ayuntamiento de Barcelona, muy de izquierdas y republicano él (aunque, en una peculiar interpretación de la laicidad republicana, ha mantenido en el callejero de la ciudad la totalidad de nombres de santos, vírgenes, papas, cardenales, obispos y cargos varios de la iglesia católica), tiene a gala haber eliminado de calles y plazas aquellos otros nombres que tenían resonancias monárquicas, es de suponer que porque sus actuales responsables comparten la opinión de Pablo Iglesias según la cual resulta escandaloso que el poder se pueda transmitir por vía hereditaria. Sin embargo, parece que ven como perfectamente normal y aceptable que se transmita por vía conyugal. Y así, tanto la mismísima alcaldesa como un número no insignificante de sus altos cargos colocaron desde el primer momento en lugares de responsabilidad y poder de la administración municipal a sus compañeros y compañeras sentimentales. La verdad, qué quieren que les diga, a mí esto sí que me suena a déficit de democracia, y bien severo, por cierto.

La trascendencia político-simbólica del 15-M parece fuera de toda duda. La fecha no solo terminó siendo la referencia de una nueva fuerza política, Podemos, sino que ha estado funcionando desde entonces como el acontecimiento fundacional de una generación, que se reconocía en la ruptura con el 'statu quo' preexistente en una forma análoga a como lo había hecho la generación de sus padres en Mayo del 68 con sus predecesores.

Íñigo, Manuela y Hamlet

Romper con los rupturistas del siglo pasado comportaba, lógicamente, abominar de su legado. Y así, las consignas con las que los nuevos se dieron a conocer en el espacio público significaban una enmienda a la totalidad de la herencia recibida. No queda tan lejos en el tiempo como para que nos podamos haber olvidado: de la Transición se hablaba como un candado, de la democracia configurada en aquel momento, como el régimen del 78, de la totalidad de los representantes políticos de los ciudadanos, como casta, y así sucesivamente. Insisto: probablemente no podía ser de otra manera, y lo que importe no sea tanto el rechazo frontal como el en nombre de qué se llevaba a cabo el mismo.

No faltaron analistas atentos que señalaron que, por chocante que pudiera parecer a primera vista, buena parte de estos políticos emergentes estaban repitiendo el guion de la transición, solo que ahora con ellos como protagonistas, y que buena parte de sus mensajes e iniciativas calcaban prácticamente los de los jóvenes políticos de hace cuarenta años. De ser cierta la observación, semejante actitud, en el fondo mimética, estaría implicando una íntima y profunda contradicción que en buena medida explicaría lo que ha terminado por ocurrir con los que se tenían por radicalmente nuevos.

El goteo de abandonos en el partido de Iglesias recuerda lo que ocurría en este país en los años ochenta en el seno de la izquierda

Las anteriores no pretenden ser consideraciones genéricas o vaporosamente abstractas. Tanto si analizamos la evolución del discurso de esta izquierda alternativa como si atendemos a sus diversas iniciativas políticas, sin la menor dificultad encontramos un paralelismo, en ocasiones asombroso, con lo ocurrido en este país hace algunas décadas. Así, por mencionar lo tal vez más llamativo y reiterado en el plano de las ideas, del discurso más abiertamente impugnador del orden político precedente, que se sustanciaba en la descalificación de la totalidad de los representantes de la ciudadanía considerándolos como casta (cual si de procuradores franquistas se tratara), Podemos ha pasado a centrar en exclusiva sus críticas y ataques en el IBEX 35, que queda enfrentado ahora a un magmático y totalizador concepto de "gente" del que, por lo visto, prácticamente nadie queda excluido. Probablemente también este desplazamiento teórico-programático resultaba poco menos que inevitable, una vez que los hipercríticos con la clase política habían "entrado en las instituciones". En semejante tesitura, solo les quedaban dos opciones: o distinguir entre casta buena y casta mala, o abandonar el propio concepto, y eligieron esto último sin proporcionar explicación alguna.

Parecido paralelismo encontramos si atendemos a lo que está ocurriendo en el plano de la práctica política. Así, por no desdeñar lo más reciente, el goteo de abandonos en el partido de Pablo Iglesias, que ha culminado en la iniciativa de Íñigo Errejón de aliarse con Manuela Carmena, recuerda lo que ocurría en este país en los años ochenta en el seno de la izquierda. En aquel momento, buena parte de dirigentes y cuadros del PCE, insatisfechos con la deriva política de su organización y a la vista de su imparable declive electoral, tomaban la iniciativa de constituir alguna plataforma, tendencia o asociación, que se anunciaba en un primer momento como independiente y ajena a los partidos, y que, de manera indefectible, acababa con sus miembros en el PSOE.

El diputado de Podemos Íñigo Errejón durante un pleno en el Congreso. (EFE)

No descarten que esto mismo sea lo que acabe ocurriendo ahora, con lo que se abriría en España la posibilidad de regresar a un diseño político con un panorama de partidos (cuatro: dos hegemónicos, los más centrados, y dos subalternos en los extremos) y un equilibrio entre ellos parecido al del primer momento de la transición. Por supuesto que también cabe la posibilidad de que lo que nos aguarde sea el escenario, inédito, de tres izquierdas para tres derechas, aunque, francamente, lo considero menos probable, entre otras cosas porque no veo quién podría liderar (y ofreciendo qué) un tercer partido de izquierdas. En todo caso, no me parece esto ahora lo más importante.

Tal vez tenga mayor importancia en el presente momento intentar esbozar un primer balance, aunque sea apresurado y a brochazos, del signo de lo ocurrido en esta década. Si intentamos colocarnos en una perspectiva de conjunto de los años pasados, podemos afirmar que la historia reciente le regaló a Podemos una oportunidad y un problema trascendentales para que pudiera beneficiarse de una y medirse con el otro. La oportunidad fue la de alcanzar la hegemonía de la izquierda (el en su momento famoso 'sorpasso') y está claro que no la supo aprovechar, sin que quepa atribuir dicho fracaso a factores externos a la propia formación, sino más bien a sus perseverantes errores, que no creo que haga falta evocar ahora por estar en la mente de todos. En cuanto al problema, en el que se ponía a prueba su estatura política, era el de Cataluña. No se puede decir, ciertamente, que tampoco por ese lado ni el partido ni sus sucursales hayan estado a la altura del desafío. Su presunta respuesta al mismo se ha movido entre una oportunista ambigüedad, protagonizada por la terminal catalana de Podemos, con Ada Colau a la cabeza, y los volantazos trufados de confusión política de sus presuntos estrategas (como la sobrevenida adhesión a un patriotismo que solo se diferencia del de derechas porque manifiesta estar movido por mejores sentimientos). Probablemente sea la suma de ambos fracasos la que explique el hecho de que en este instante la formación morada se encuentre en caída libre.

Ahora, cuando lo que toca es reformar todo aquello, no disponen ni de discurso ni de propuestas a la altura de lo que se necesita

No deja de ser paradójico que el principal reproche que, llegados a este punto, se les pueda hacer a los nuevos sea precisamente el de no haber entendido la especificidad del tiempo que les ha tocado en suerte vivir. Ellos, que tanto alardeaban de la presunta novedad de la que eran portadores por el mero hecho de que acababan de llegar (como si un recién llegado estuviera a salvo de hacer planteamientos obsoletos), han interpretado su tiempo con claves antiguas, sirviéndose de discursos y categorías que ya no dan cuenta de lo diferente que lleva rato ocurriendo. A medio camino entre el dogmatismo y la ignorancia, han optado por la repetición de los discursos y categorías que describían y explicaban un mundo que ya no es el caso. Irrumpieron aspirando a un 'remake' de la transición, con ellos esta vez como actores principales, y lo teorizaron en un primer momento con los discursos del resentimiento de los que consideraban que no habían salido bien parados de ella (el neoanguitismo) y, más tarde, con los planteamientos de quienes la llevaron a cabo, abandonando, con total desparpajo, el lenguaje del candado por el de "las conquistas de la transición". Ahora, cuando lo que toca es reformar todo aquello, no disponen ni de discurso ni de propuestas a la altura de lo que se necesita por la sencilla razón de que nunca pensaron en el asunto. Probablemente en esto se sustancie todo: no es que hayan envejecido prematuramente, es que nacieron viejos.