Resumiendo esa información, podemos referirnos a los fallos en el sistema de seguridad en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla (de 170 incidencias habidas en el último año en el sistema de control, reconoció el propio ministro), al déficit en la inversión de su mantenimiento, a la falta de medios o personal, a la modificación de protocolos con finalidad de control y de revisar esa seguridad de la propia línea, llevada a cabo tras el siniestro, así como valorar la experiencia que se debió ganar tras el de Adamuz, ocurrido poco más de nueve meses antes en la misma línea, y que este precedente sirviera para revisar unas medidas de seguridad que no fueron suficientes para evitar ese primer siniestro, que son circunstancias de las que no se debe prescindir para hacer una valoración de un curso causal, incluso con trascendencia penal.

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No se está poniendo en duda el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que solo cabe que sea desvirtuado tras la celebración de un juicio justo, que termine con una sentencia condenatoria; pero tampoco debe servir para cuestionar lo que diga porque se tome de una información ofrecida por los medios. La presunción de inocencia es un derecho procesal cuyo ámbito es el proceso penal, mientras que el derecho a ofrecer y obtener por la ciudadanía una información corresponde a otro ámbito, que es el derecho a la información. Cuando se habla fuera del proceso, a efectos de exigir responsabilidades, no se ve afectada la presunción de inocencia, porque la persona no habrá perdido su condición de inocente, pero ello no es incompatible, ni se puede exigir que la sociedad espere a que recaiga sentencia para que forme opinión a través de la información que reciba, y que esta alcance la suficiente potencia y fundamento como para que tenga consecuencias a efectos de exigir responsabilidades, aunque no sean penales, como tampoco impide hacer una aproximación al desarrollo que pueda seguir la investigación penal, puesta en marcha para esclarecer el hecho en cuestión.

Es conocido que el ministro de Transportes renunció a su cargo la noche del 3 de noviembre de 2026, y lo hizo a partir de lo publicado en prensa y una opinión pública nada favorable, lo cual, al margen de la credibilidad que ofrezca, se ha vendido como una muestra de asunción de responsabilidad política, que es dudoso que pueda considerarse suficiente, si, como él mismo dijo en su comparecencia en la Diputación Permanente: "No tengo más" e "invierto todo lo que tengo"; porque, si esto es así y se pone en relación con algo tan relevante como no haber presentado el Gobierno en tres ocasiones unos Presupuestos Generales, habría que valorar si responsabilidades de este tipo no llegan más lejos, dada la incidencia que pudiera tener esa falta de inversión para atender unos servicios tan importantes como los relativos a la seguridad de la ciudadanía.

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Por otra parte, la investigación judicial es muy incipiente y se aventura que puede ser muy compleja, pero los antecedentes apuntados más arriba pueden valer, con todas las precauciones, para perfilar una eventual responsabilidad penal, como es propio de toda investigación judicial, sin que, por ello, se cuestione la presunción de inocencia del investigado.

Si entendemos el concepto de accidente como suceso eventual, ajeno a la intervención humana, del que resulta un daño, no les falta razón a las víctimas del siniestro de Urda cuando prefieren hablar de negligencia, porque, si se quiere por omisión, no se debería descartar la intervención humana en su causación; incluso, que esa omisión adquiera perfiles que definan un dolo eventual, y, por lo tanto, llegado el caso, hablar de homicidios voluntarios.

Cuando se estudian los clásicos, nos enseñan que el dolo eventual es una zona fronteriza con la culpa con previsión, lo que hace preciso acudir a criterios con los que definir esa línea que separa aquel de esta, entre los cuales la teoría de la representación ha sido una de las seguidas por nuestra jurisprudencia, que resumo diciendo que el delito será doloso cuando el autor se represente como probable el resultado, no obstante lo cual persiste en su actuación, y ese resultado se concreta, con lo que le será imputable, porque, habiéndoselo representado, lo acepta.

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En el caso de Urda, contamos con que, con anterioridad a este siniestro, tuvo lugar el de Adamuz, en el que, previsiblemente, el mal estado de la infraestructura fue determinante, sin que conste que después se tomaran medidas para evitar esa situación, mientras que el tráfico ferroviario continuaba circulando en unas mismas condiciones de riesgo que, aceptadas, se concretaron en el hecho que dio lugar a los terribles resultados de muerte de Urda, lo que es muestra de una mala gestión. Se podrá mantener que nadie quiso de manera directa que tuviera lugar ese fatal resultado, pero lo que cabe admitir es que, no obstante, se permitió que se siguiera circulando, consintiendo, por lo tanto, que tuviera lugar un resultado como el acaecido, que no fue sino concreción del potencial riesgo mantenido.

De confirmarse esta conclusión, habría que calificar los resultados de muerte como delitos de homicidio voluntario, no por negligencia, y la consecuencia sería que, en caso de llegar a juicio, tuviera que celebrarse ante el Tribunal del Jurado. Pero esto daría lugar a otra cuestión, como es reflexionar sobre si un asunto de esta complejidad debiera seguirse por este procedimiento.

* Ángel Luis Hurtado es magistrado jubilado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

España necesita debatir hasta dónde quiere hacer depender su evaluación científica de Scopus, propiedad de Elsevier, y de Web of Science, propiedad de Clarivate. Ambas ofrecen información útil. Pero su utilidad como herramientas no les confiere autoridad suficiente para definir qué investigación merece apoyo público. Esa responsabilidad corresponde a instituciones que deben responder ante la comunidad científica y la sociedad.

Una empresa selecciona los contenidos de su producto. Una comisión decide qué consecuencias atribuye a esa selección. Cuando convierte la pertenencia a un catálogo en una credencial automática de excelencia, está tomando una decisión sobre la política científica, aunque la presente como una operación técnica.

Hay dinero suficiente en juego para exigir explicaciones. La relación oficial de contratos de FECYT recoge dos adjudicaciones formalizadas en diciembre de 2023, con una duración de 36 meses: 9.716.497,27 euros para Scopus y 13.943.553,42 euros para Web of Science, IVA incluido. Suman 23,66 millones de euros. Son importes adjudicados para servicios de acceso; no acreditan por sí solos pagos ejecutados ni representan el coste total de la evaluación científica española. FECYT, contratos formalizados en 2023, p. 4.

Son servicios y tratamientos fiscales distintos y deben presentarse por separado

La dimensión económica se amplía al observar los acuerdos editoriales. El contrato de suscripción y publicación en acceso abierto entre CRUE y Elsevier, fechado el 11 de junio de 2025, recoge tarifas para las instituciones participantes que suman 97,99 millones de euros antes de impuestos durante 2025–2028, según el cálculo agregado de su anexo 1. Es un compromiso contractual de lectura y publicación, no una certificación de pagos ejecutados ni una segunda licencia de Scopus. Tampoco corresponde exclusivamente a universidades públicas: incluye otras entidades participantes. Contrato CRUE–Elsevier, cláusulas 4 y 5 y anexo 1, pp. 19–31.

Son servicios, periodos y tratamientos fiscales distintos; deben presentarse por separado. Pero permiten formular una pregunta común: ¿qué capacidad de decisión conserva el sistema científico cuando contrata con grandes proveedores tanto la circulación del conocimiento como las herramientas que utiliza para medir su reconocimiento?

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Las cifras no demuestran por sí solas un despilfarro. Sí justifican exigir una evaluación pública de esas contrataciones: qué necesidades cubren, qué resultados ofrecen, qué limitaciones presentan y qué capacidad propia estamos construyendo. Una suscripción puede ser razonable. Su renovación no debería quedar protegida del escrutinio por la costumbre.

El problema del interés comercial tampoco requiere atribuir malas intenciones. Una empresa tiene incentivos para vender sus servicios y conservar clientes. Una universidad pública debe reconocer conocimiento riguroso y socialmente relevante, incluso cuando resulta poco visible en los productos que contrata. Ambos intereses pueden coincidir. Corresponde a la institución demostrar cuándo coinciden y establecer garantías cuando divergen.

La reputación de una revista no exime de examinar el artículo que publica. La Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación, DORA, reclama que las métricas de revista, como el factor de impacto, no se utilicen como sustitutos de la calidad de trabajos individuales. Su advertencia es metodológica: el indicador del medio no demuestra el mérito de cada contribución.

Una empresa tiene incentivos. Una universidad pública debe reconocer conocimiento

Cuando una comisión resuelve esa dificultad mirando únicamente la posición de la revista, obtiene rapidez a costa de explicación. El número facilita comparar expedientes; sigue siendo necesario justificar que esa comparación responde a lo que se pretende evaluar. La apariencia de precisión no basta.

Además, los catálogos tienen una composición concreta. El informe de Torres-Salinas y Arroyo-Machado de 2026, que incluye un análisis del periodo 2015-2024, encuentra un predominio superior al 90% de publicaciones en inglés en Web of Science y Scopus, junto con una mayor diversidad lingüística en OpenAlex. También advierte de limitaciones y errores en los metadatos de esta última. Ninguna fuente representa por sí sola toda la actividad científica.

Estos resultados no prueban una exclusión deliberada del español ni permiten calcular qué porcentaje de toda la ciencia escrita en nuestra lengua queda fuera. Sí obligan a preguntar qué ocurre cuando una representación parcial adquiere valor normativo.

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Un trabajo sobre derecho español, educación rural o patrimonio local puede necesitar comunicarse en la lengua de las comunidades a las que concierne. Su calidad debe acreditarse con rigor. Pero sería incoherente exigir transferencia social y construir incentivos que resten valor a los canales que permiten esa transferencia. El reconocimiento de una investigación debería poder defenderse por lo que aporta, aunque su audiencia principal no sea anglófona.

Como profesor de Ciencias de la Comunicación, esta discusión me resulta especialmente cercana. El profesional de la información y la comunicación ha sido durante décadas referencia para quienes investigamos en este ámbito. En sus páginas hemos encontrado trabajos que han contribuido a construir nuestra disciplina. Su trayectoria permite plantear una pregunta que ningún catálogo puede resolver por nosotros: ¿qué sucede con el valor de ese conocimiento cuando cambia la situación de la revista que lo publicó?

La cronología de EPI publicada por SCImago recoge su desindexación de Scopus y Web of Science y la dimisión de su director en junio de 2025, vinculada a las prácticas de la nueva editorial. Tomás Baiget también documenta la desindexación de Comunicar de Scopus en su balance de 2025. Son casos que requieren distinguir etapas, condiciones editoriales y aportaciones concretas. Presentarlos simplemente como exclusiones arbitrarias sería ignorar una parte sustancial del problema.

La reputación acumulada no garantiza la calidad de todo lo que una revista publique en el futuro

Precisamente por eso, su historia refuerza la necesidad de evaluar con criterio. La reputación acumulada no garantiza la calidad de todo lo que una revista publique en el futuro. Del mismo modo, los problemas de una etapa posterior no demuestran que los trabajos anteriores carezcan de valor. Una investigación no se vuelve peor porque cambie el propietario de la revista, ni mejor porque aparezca junto a una cabecera prestigiosa. Para juzgarla, hay que examinarla.

El caso de ZER, la Revista de Estudios de Comunicación de la Universidad del País Vasco, permite mirar otra dimensión del problema. Recuerdo que publicar allí era, para quienes trabajábamos en comunicación audiovisual, como poner una pica en Flandes. En sus páginas encontrábamos a catedráticos que eran referencias en nuestra formación. Ese recuerdo expresa el reconocimiento que una comunidad académica había construido alrededor de una revista. Su relación oficial de indexación enumera diversos repertorios especializados, pero no incluye Scopus ni Web of Science.

¿Debemos concluir que los trabajos publicados allí carecen de calidad? ¿Que las aportaciones que ayudaron a formar una disciplina pierden valor porque no figuran en determinados catálogos? El prestigio de sus autores tampoco debería dispensarnos de leerlos. Pero la ausencia de una base de datos no proporciona una respuesta sobre su rigor, su originalidad o su contribución al conocimiento.

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Aquí está la responsabilidad que la universidad debe recuperar: reconocer el valor de una investigación y explicar sus razones, también cuando el catálogo no ofrece un atajo.

España ya dispone de criterios que permiten reclamarlo. La resolución de la CNEAI para los sexenios de 2025 establece que la indexación puede actuar como argumento complementario, pero no justificar automáticamente una valoración positiva sin atender a la calidad intrínseca del contenido. Sería inexacto sostener que la normativa entrega toda la evaluación a estas bases. Lo que corresponde es comprobar cómo se aplica esa exigencia en las decisiones concretas.

¿Explican los informes qué aporta la investigación? ¿Puede una contribución sólida obtener reconocimiento mediante evidencias que no dependan del prestigio del medio? ¿Se revisan las diferencias entre disciplinas? Publicar respuestas verificables a estas preguntas permitiría distinguir una reforma efectiva de un cambio de vocabulario.

¿Puede una contribución sólida obtener reconocimiento con evidencias que no dependan del prestigio del medio?

La contradicción con la ciencia abierta es igualmente concreta. La Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 2023–2027 incluye entre sus objetivos nuevos mecanismos de evaluación e incentivos que impulsen la apertura. La Declaración de Barcelona propone que también sea abierta la información utilizada para evaluar la investigación. El compromiso afecta tanto a los resultados científicos como a la información con la que se decide su reconocimiento.

No basta con abrir el artículo si las evidencias decisivas para juzgarlo siguen siendo difíciles de examinar, contrastar o reutilizar. Una política coherente de apertura debe permitir que las personas evaluadas comprendan y cuestionen los datos y métodos que afectan a su trayectoria. También debe examinar si el acceso abierto está acompañado de una mayor autonomía institucional o si mantiene la dependencia económica de los mismos proveedores.

Existen decisiones que demuestran que esa dependencia puede revisarse. En Francia, el Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dejó de suscribirse a Scopus desde enero de 2024 y canceló el acceso a Web of Science Core Collection y Journal Citation Reports desde enero de 2026. El organismo vincula estas decisiones con su transición hacia herramientas abiertas y compatibles con su política de ciencia abierta. No significa que todas las universidades francesas hayan abandonado esas plataformas, pero sí que un organismo nacional de investigación ha decidido prescindir de ambas suscripciones.

La universidad española y Shanghái

Sorbonne Université ya había anunciado su retirada de Web of Science y de las herramientas bibliométricas de Clarivate para 2024. En los Países Bajos, la Universidad de Maastricht ha decidido cancelar Scopus desde enero de 2027 e invertir en OpenAlex; entre sus razones señala el aumento de costes, el descenso del uso y la menor exclusividad de sus contenidos. La Universidad de Groningen y su centro médico también han anunciado la cancelación de Web of Science desde esa misma fecha, aunque mantienen Scopus como alternativa. Son decisiones diferentes que muestran algo relevante: las licencias se pueden someter a evaluación y sus resultados pueden conducir a no renovarlas.

Estos precedentes obligan a plantear una pregunta en España: ¿qué parte de los recursos destinados a contratar información científica estamos dedicando a construir alternativas abiertas y capacidad propia? Cancelar una suscripción no demuestra por sí solo que una evaluación haya mejorado. Pero renovarla indefinidamente tampoco demuestra que la dependencia sea necesaria. Ambas decisiones deben justificarse con evidencias.

OpenAlex ofrece sus registros bajo CC0 y distingue entre datos abiertos y servicios de pago. Esa apertura permite reutilizar la información y trabajar con ella fuera de la plataforma, aunque no elimina el coste de mantener infraestructuras, corregir errores o formar profesionales. Una transición seria necesita presupuesto, pruebas de calidad y atención a las necesidades de cada disciplina.

Cambiar de proveedor sería insuficiente si se conserva la evaluación automática

Cambiar de proveedor sería insuficiente si se conserva la misma evaluación automática. Una clasificación elaborada con datos abiertos también puede utilizarse mal. CoARA propone que la evaluación se apoye principalmente en el juicio cualitativo, con revisión por pares e indicadores cuantitativos usados de manera responsable. Ese juicio necesita transparencia, controles frente a sesgos y recursos para funcionar.

La universidad española debería traducir estas orientaciones en obligaciones concretas: publicar, antes de renovar grandes licencias, análisis de uso, coste y cobertura; identificar las fuentes, fechas y métodos empleados en cada evaluación; facilitar la corrección de errores; y exigir motivaciones que expliquen el mérito de las aportaciones. También debe financiar infraestructuras abiertas y el tiempo de quienes evalúan. Pedirles que lean y argumenten mientras se les empuja a resolver expedientes mediante atajos es una contradicción institucional.

Nada de esto exige renunciar de inmediato a herramientas útiles. Exige poder decidir sobre ellas con autonomía y demostrar que su uso sirve al interés público.

Elsevier y Clarivate deben responder por sus productos. Universidades y agencias deben responder por las consecuencias que atribuyen a esos productos. La responsabilidad de una evaluación pública no se transfiere con una licencia.

La comunidad científica puede contratar herramientas. Lo que no debería alquilar es su capacidad de juicio.

*Javier Sierra Sánchez es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid.

Quien esto lea se preguntará, entonces, por el motivo de abordarlos conjuntamente como tema para un comentario. La explicación pasa por una dimensión de los hechos que es parecida: en todos los casos se sitúa en el eje de la reacción del Estado la apertura de un procedimiento penal por parte de un Juzgado de Instrucción, que será, supuestamente, el encargado, nada menos, que de determinar responsables y, por lo mismo, las causas que han dado lugar a los hechos, que penalmente se concretan en delitos imprudentes de homicidio y lesiones.

No hay que hacer un gran esfuerzo para intuir las pocas probabilidades de arribar a buen puerto que han de tener esos procesos, o, dicho de otra manera, casi nadie espera conocer a través de una investigación penal la verdad de las causas profundas que dieron lugar a esos hechos. Habrá quien piense, de buena fe, que si eso sucede será porque no se le proporcionará al órgano judicial toda la ayuda y toda la información que precisa, y que, además, eso se hará intencionadamente por parte de los máximos responsables de los sucesos.

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Todo eso es posible y no entraré en ponerlo en duda, pero creo que hay un aspecto del problema que no puede ser orillado, y es el que se refiere a la función de la jurisdicción penal y lo que se le puede exigir. En principio, el orden penal investiga hechos constitutivos de delito con el fin de concretar quiénes son las personas criminalmente responsables de ellos para someterlos al debido juicio y, en su caso, condenarlos o absolverlos. Se dirige, por lo tanto, a la búsqueda de personas específicas.

Este sencillo recordatorio, de absoluta evidencia, sirve para destacar que la responsabilidad penal no puede ser “difusa”, como si cupiera atribuírsela a grupos indeterminados de personas o a una clase de políticas, sino que es preciso poder señalar a sujetos determinados, y es ahí donde las indagaciones se atascan o, lo que a la postre resulta ser lo mismo, desbordan la capacidad de la instrucciónpenal. Eso no ha de escandalizar, antes, al contrario, lo normal es que la justicia penal aspire a dar con los autores y partícipes de los delitos, pero no puede pretender juzgar problemas que son gravísimos, pero que no se pueden vincular a individuos.

Problemas como la desidia o ineficacia de la Administración, la mala gestión de los servicios públicos, las políticas guiadas por intereses de partido o coyunturales, pueden tal vez ser vislumbrados por los responsables de la aplicación de las leyes penales, pero no pueden ser objeto de un enjuiciamiento y condena, y por eso, entre otras razones, cuando se trata de desastres de la magnitud de los que motivan estas notas, es inútil esperar de una investigación penal el esclarecimiento completo de los hechos y la fijación de las responsabilidades personales y políticas.

Es inútil esperar de una investigación penal el esclarecimiento completo de los hechos

La convicción de que los responsables últimos de actos que han tenido consecuencias funestas no es fácil determinarlos, y que seguramente no responderán de nada, produce justa indignación. En otro orden de consideraciones, entra el positivo valor del escepticismo que caracteriza al español medio, que le vacuna frente al riesgo de decepciones. Pero también es importante no culpar a la justicia penal de no haber sido capaz de “detener a los responsables”, pues, como he dicho antes, eso, ante ciertos dramas, es, simplemente, imposible.

Razones jurídicas se pueden aducir, como señalar la acumulación de factores causales, cada uno derivado del mal hacer de personas concretas, y todo el conjunto, posibilitado por la ineficacia del sistema o la impericia o incuria de los responsables teóricos. En las dos tragedias ferroviarias de este año 2026 eso ha sucedido.

Pero lo cierto es que, a poco que se preste atención a los comentarios que circulan, nadie está dispuesto a tragarse que los dramas son imputables a un círculo limitado de personas, que, por supuesto, no incluye a los altos cargos del Estado, preocupados por su indemnidad jurídica y política, pero incapaces también de reconocer la existencia de fallos sistémicos que son la explicación última de consecuencias que, además, son previsibles más allá del porcentaje de certeza sobre su efectiva producción.

Nadie está dispuesto a tragarse que los dramas son imputables a un círculo limitado de personas

En cuanto a la instrucción que se sigue por el asalto e invasión de Ceuta, a cargo de una muy dinámica jueza, la convicción de la inutilidad es mayor si cabe, pues es evidente que la jurisdicción penal española no puede entrar en lo que se pudo decidir o permitir en Marruecos, ni tampoco puede centrar el objeto de la indagación en averiguar quién sabía que aquello iba a suceder y la magnitud que alcanzaría. Pero es que, además, es preciso orientar la investigación a un delito concreto, y el único que entra en juego, pese al gravísimo alcance del hecho, es el de favorecimiento de la inmigración ilegal (art. 318 bis CP) que habrían cometido, tal vez, funcionarios marroquíes con el consenso de su Gobierno, a los que no alcanza para nada la ley penal española.

Indagar sobre la posibilidad de imputar a funcionarios españoles acusándoles de pasividad ante la avalancha humana, y de no haber dado la debida importancia a posibles noticias sobre lo que se avecinaba, es grave, pero de difícil asiento penal, y lo mismo se puede decir de acusar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de no haber impedido la entrada, pues no es razonable creer que podían hacer algo ante la marea humana que se vino encima.

Estamos, pues, ante un gravísimo conflicto internacional y la idea de que puede ser aclarado algo sobre sus causas y responsables a través de una instrucción penal es, simplemente, absurda, salvo que se quiera concretar en dos o tres personas la imputación de responsabilidad por lo sucedido, dejando de lado el modo en que el Gobierno lleva las relaciones con quien históricamente es un enemigo natural.

Una jueza que empieza, un caso por homicidio imprudente: el futuro judicial del accidente

Estamos, pues, ante un gravísimo conflicto internacional y la idea de que puede ser aclarado algo sobre sus causas y responsables a través de una instrucción penal es, simplemente, absurda, salvo que se quiera concretar en dos o tres personas la imputación de responsabilidad por lo sucedido, dejando de lado el modo en que el Gobierno lleva las relaciones con quien históricamente es un enemigo natural.

Se dirá que todo este discurso no puede llevar a cuestionar la necesidad de que la justicia penal indague en esos hechos, y no pretendo hacerlo. Solamente llamo la atención sobre la necesidad de no esperar gran cosa de esas actuaciones judiciales, por más que presten una cobertura al Gobierno en orden a asegurar que se quiere llegar hasta el fondo de cada suceso.

Una vez más, como dice uno de mis colegas, hay que recordar que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo (expiatorio).

La atribución a personas concretas de la autoría de delitos culposos de homicidio o lesiones, en cambio, tropieza con dificultades que no se salvan fácilmente. Toda conducta imprudente para el derecho penal ha de haber transgredido una norma de cuidado que alcanza directamente al infractor, y que existe para evitar, precisamente, la clase de resultados que se han producido. Pero esas normas de cuidado son normas de experiencia, lo cual quiere decir que, sin perjuicio de que en ocasiones concurra también una obligación de hacer de base reglamentaria –como sucede, por ejemplo, con las normas que regulan el tráfico de automóviles–, en muchas ocasiones su integración se hace de acuerdo con la experiencia acumulada. Así las cosas, y de ahí la problemática específica que afecta a la aplicación del derecho penal en sucesos catastróficos, puede suceder que la experiencia acumulada sea nula, esto es, que la memoria del antecedente sea poca o débil.

Buena parte de nuestras grandes y medianas organizaciones, y de nuestros líderes políticos, no es consciente de la magnitud de lo que ocurre. Se sigue decidiendo con los reflejos de hace 20 años, mientras otros países compiten por lo que decidirá el futuro: el talento, la salud, la energía y los datos.

Un cambio así obliga a revisar la visión de nuestro país y de cada una de sus organizaciones. Qué queremos ser, en qué podemos ser mejores que nadie y qué debemos dejar de hacer.

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No somos de izquierdas ni de derechas. Nuestra visión es modernizar el país sobre tres pilares como son la educación, la salud y las infraestructuras. La tecnología, y en especial la IA, es la capa que atraviesa los tres.

La tecnología no es un sector más. Es la capa que hace mejores a todos los demás, como lo fue la electricidad. Cuando llegó, hubo que rediseñar las fábricas alrededor de ella; las que no lo hicieron desaparecieron. Con la IA ocurrirá lo mismo. La ventaja no será de quien tenga acceso a ella, sino de quien reorganice cómo enseña, cómo cura y cómo funciona su Estado.

Por eso no basta con consumirla. Tenemos que crearla. Tenemos ciencia de calidad, pero demasiado talento se marcha a convertirla en empresa fuera. El puente entre laboratorio y mercado tiene que dejar de ser excepcional y ser una autopista. Hoy no lo es, como documenta el informe Draghi.

La tecnología la crean personas. Nuestros hijos necesitarán matemáticas, ciencia y humanidades, pero también criterio para saber cuándo una máquina se equivoca. La IA permitirá personalizar el aprendizaje y devolverá al profesor tiempo para despertar la curiosidad.

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Debemos competir por el talento y ser el lugar donde un científico quiera investigar y un emprendedor quiera vivir con su familia. Nos faltan salarios competitivos, carreras investigadoras estables y menos burocracia. Pero atraer talento y capital del mundo tiene una condición, que no es otra que esa riqueza sirva para blindar la vivienda, los servicios públicos y los salarios de quienes ya viven aquí. Un país que prioriza al visitante sobre el ciudadano rompe su contrato social.

Partimos con ventaja. Tenemos profesionales excelentes y una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Pero el envejecimiento y las listas de espera ponen a prueba un sistema que no puede crecer solo con más gasto.

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La IA ya ayuda a diagnosticar antes y mejor y a liberar a médicos y enfermeras de tareas administrativas. Unos datos sanitarios que hablen entre sí, con plenas garantías de privacidad, permitirían pasar de curar a prevenir.

Las decisiones sobre energía, agua o transporte que tomemos hoy definirán el país de nuestros hijos. Pero pensar a décadas no significa planes rígidos, ya que nadie acierta el futuro a 30 años. Las infraestructuras deben ser modulares y flexibles; la ventaja no será adivinar el futuro, sino reaccionar antes que los demás.

La IA y los centros de datos necesitan enormes cantidades de energía limpia y competitiva. Tenemos sol y viento como pocos. Con redes, almacenamiento e interconexiones, podemos ser el lugar donde la nueva economía digital decida instalarse. La autonomía estratégica no es nacionalismo; es responsabilidad.

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Ningún pilar se sostiene sin un Estado capaz de ejecutar. Pero no basta con ser eficiente, ya que un Estado moderno debe salir fortalecido de las crisis. Eso exige dos velocidades: proteger sin fisuras lo básico (sanidad, educación, pensiones, cohesión social) y, sobre esa base, asumir apuestas grandes en IA, biotecnología y talento. El Estado absorbe el riesgo extremo para que el ciudadano y el emprendedor puedan arriesgar.

Y aplicar el método científico a la política, es decir, cada medida con objetivo, coste, plazo e indicador. Si funciona, se amplía; si no, se cambia.

Ninguna tecnología hará este trabajo por nosotros. Lo harán, o no, quienes dirijan nuestras empresas, instituciones y país. Y aquí está nuestra mayor debilidad: la mayoría de las organizaciones españolas no tiene un plan de sucesión. Quien no planifica su relevo no planifica su futuro. Un país, tampoco.

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Liderar este cambio exige a menudo un relevo generacional y nuevos perfiles. No es cuestión de edad, sino de entender la tecnología desde dentro y de no tener miedo a reorganizar lo que funciona a medias.

Hoy se elige por afinidad, antigüedad o lealtad. Debería hacerse al revés: primero decidir adónde queremos llegar y después buscar a quien pueda llevarnos allí. Esa visión corresponde a los líderes políticos y a la sociedad civil. Y, una vez acordada, escoger a quienes deban ejecutarla por su talento y su capacidad de hacerlo.

Los países no cambian cuando aparece una tecnología, sino cuando se organizan alrededor de ella. Las decisiones que tomemos ahora con nuestra visión de país marcarán nuestro lugar durante décadas. Y es fundamental la decisión de quiénes van a liderar este proceso.

No se trata de movernos a la izquierda o a la derecha. Se trata de ir hacia delante.

Esta sola frase bastaría para resumir la vida de Fátima Báñez.

Con los ojos todavía bañados en lágrimas, me dispongo a escribir estas líneas que nunca hubiera querido escribir, dedicadas a quien fue una amiga inseparable, confidente y cómplice. Una amiga siempre dispuesta a ayudar, siempre con una sonrisa, incapaz de provocar un disgusto o de poner una mala cara.

Cuando alguien se marcha de este mundo, los seres humanos tendemos a recordar y ensalzar sus virtudes. Pero, en esta ocasión, resulta sencillamente imposible no hacerlo. Porque Fátima era así. Porque todo lo bueno que se diga de ella se queda corto.

Mucho se ha hablado de su etapa como ministra. ¡Sin lugar a dudas, la mejor ministra de Trabajo de nuestra democracia! Todavía recuerdo, como si fuera ayer, el almuerzo que compartimos pocos días antes de su nombramiento, cuando le vaticiné que sería ministra y ella, entre risas, no terminaba de creérselo. El día anterior a su nombramiento la llamé en varias ocasiones y no conseguí que me contestara. Exactamente igual que sucedió el pasado 28 de octubre… En aquella ocasión, una persona muy cercana me dijo: «Isabel, si no te contesta es porque va a ser ministra y no te quiere mentir». ¡Así era Fátima! Sincera, leal y optimista hasta decir basta.

Fátima

Y, hablando de comidas, cuánto me ha emocionado recibir estos días las condolencias del personal de algunos de los restaurantes a los que solíamos acudir con frecuencia. Todos desolados por su pérdida. Porque Fátima tenía ese don tan especial de hacerse querer por todos, sin distinciones. Era cercana, entrañable y cariñosa con cualquiera que se cruzara en su camino.

A veces se tiende a pensar que las personas extrovertidas, abiertas, simpáticas y alegres no pueden ser, al mismo tiempo, grandes profesionales, estudiosas y rigurosas. ¡Pues Fátima reunía todas esas cualidades! Qué largas e interesantes conversaciones técnicas y políticas compartimos en tantos lugares y circunstancias. Las últimas, en el Foro de La Toja, disfrutando del mar, del marisco y, sobre todo, de los amigos. ¡Y cuántas veces nos encontrábamos en minoría en nuestras conversaciones futbolísticas, como buenas seguidoras del Barça que éramos! «¡Este año lo ganamos todo!», me decía con ese entusiasmo tan suyo.

Mi amiga Fátima

Pero hay una faceta de Fátima que no quiero, ni puedo, dejar de recordar: su inmensa sensibilidad social. La cultivó durante toda su trayectoria política y continuó haciéndolo como presidenta de la Fundación CEOE. Siempre cerca de los más necesitados, siempre pendiente de quienes sufrían y, en muchas ocasiones, sufriendo con ellos. Así lo demostró también hace unos meses, cuando se volcó, junto al obispo de Huelva, en la organización del funeral por las víctimas del accidente de Adamuz, ante la falta de iniciativa del Gobierno.

Y es que Fátima era, además, una conciliadora nata. Tenía una capacidad extraordinaria para acercar posiciones, tender puentes y encontrar puntos de encuentro incluso entre quienes parecían más alejados. ¡Cómo la querían los sindicatos! ¡Y qué alegría ver cómo, gracias a ella, representantes sindicales, empresarios y profesionales nos sentábamos juntos en los actos protagonizados por el papa León en Madrid! Conseguía algo que parece tan sencillo y que, sin embargo, es tan difícil: unir a las personas.

Este fin de semana, Fátima iba a regresar a su tierra para, junto a su adorada madre, Ana, acercarse a rezar ante los restos de su querido padre. El destino, en su expresión más cruel, ha querido que ya no tenga que hacerlo, porque ahora descansa junto a él. Pero me consuela pensar que, por encima de todo, Fátima descansa ya bajo el manto de la Virgen del Rocío, a la que tanto quería y veneraba.

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A Jaime, su marido, y a sus hijos, solo puedo decirles que siempre he creído que cada ser humano es único e irrepetible. Pero Fátima lo era, si cabe, un poquito más.

¡Gracias, Fátima, por tanto como nos has dado! Por tu amistad, por tu alegría, por tu generosidad y, sobre todo, por haber sido siempre tú.

*Isabel Estapé es académica de Número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras Patrona de la Fundación Bancaria La Caixa.

El supuesto típico afectaba a la sal, la carne, el vinagre, el aceite, el jabón y las velas de sebo. El primero de ellos se creó en 1564 y estuvo vigente hasta 1870. Se articulaba sobre la base del estanco o monopolio de la sal; el de la carne, vinagre, aceite, jabón o velas era aún más peculiar, pues denominado el servicio de los millones se cobraba a través de las sisas, auténtico recargo adicional al precio de esos productos básicos, establecido en el reinado de Felipe II, que integraría las rentas provinciales y se extinguiría en 1845.

ADAC se opone a la reforma de Justicia que blinda el sobrecoste de las notas simples telemáticas

Podríamos pensar que en España ya no existen ejemplos de este tipo de "impuesto de los pobres". Esa conclusión sería errónea. Subsisten y el ejemplo prototípico es el del cobro de la información que se pide a un registro de la propiedad. El arancel que fija el Gobierno vía Real Decreto establece un importe de tres euros. Desde hace años, y consentido por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, el registrador ya cobraba nueve euros, siendo elevado unilateralmente por dicho colectivo registral desde mayo de 2024 hasta 12. Dos Sentencias de 22 de mayo y 21 de octubre de 2026 de diferentes Tribunales Superiores de Justicia -respectivamente, de Extremadura y Asturias- han declarado manifiestamente ilegal ese cobro, dándose la particularidad de que el Colegio de Registradores de cada nota simple que se cobra al solicitante retiene para sí el cincuenta por ciento del importe satisfecho.

Obviamente, el ciudadano a título individual no recurre -¿Quién va a contratar a un procurador y abogado para discutir seis o nueve euros de más?-; además, es una cantidad fija percibida por un colectivo de funcionarios públicos que actúa en régimen de monopolio territorial, por lo que el interesado nada puede hacer: si quiere la información ha de pagar el exceso; por último, salvo que recurra, desconoce que un Colegio Profesional al que no pertenece retiene para sí el cincuenta por ciento de lo recaudado.

El problema muestra su intensidad cuando se examina el acumulado de lo percibido

Podría pensarse que, consideradas individualmente son cifras ridículas, justo lo que ocurría con los impuestos sobre la sal, el vinagre o el vino. El problema muestra su intensidad cuando se examina el acumulado de lo indebidamente percibido, pues las cifras son millonarias, dado que se pueden estar pidiendo al año 10 o más millones de esas notas simples. Basta multiplicar para apreciar el exceso.

También podría deducirse que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sabedora ya de que dos Tribunales juzgan ilegal el cobro, habría reaccionado rauda y veloz para poner fin a la situación, al depender los registradores de ese órgano administrativo. Nada más lejos de la realidad; no solo no reaccionó corrigiendo el exceso cuando se hizo pública la Sentencia de Extremadura, sino que su respuesta fue a la carrera elaborar un Proyecto de Real Decreto para triplicar o cuadruplicar el coste de la información registral -de tres a nueve o 12 euros -; iniciativa que se sacó a consulta pública a caballo entre la última semana de julio y primera de agosto para resolver el problema a un colectivo de funcionarios, que lleva años percibiendo unas cantidades ya declaradas ilegales en dos Sentencias.

Por último, alguien podría considerar que atendida la situación existente en España con la vivienda resulta inaudita esta reacción administrativa. La respuesta, sin embargo, es simple: existe una auténtica captación del regulador, consecuencia de un sistema que debe ser modificado desde su raíz. Cuando se recurre una minuta de un registrador quien resuelve en primera instancia es el Colegio de Registradores que tiene nulo incentivo en corregir una situación por la que recibe magros ingresos; cuando asombrado el heroico ciudadano recurre ante la Dirección General citada, resulta que quienes preparan la propuesta de resolución también son registradores, por más que el acto administrativo final lo firme un Director General. Juzguen los lectores la imparcialidad y justicia del sistema.

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Pues bien, aun así, se han recurrido más de 3.500 facturas de registradores con el mismo exceso, habiendo resuelto esa Dirección General con carácter previo solo un solo recurso, precisamente, para negarle al desconcertado ciudadano que tenga razón, cuando es meridiano que un Real Decreto de un Gobierno afirma que solo se puede cobrar tres euros; ni nueve, ni doce.

Cabe concluir que un sistema que permite estos excesos durante años, soportados por unos indefensos ciudadanos, debe ser profundamente modificado en sentido radicalmente contrario al estival Proyecto de Real Decreto del Ministerio; del mismo modo, es procedente una reflexión profunda acerca de cómo es posible que el regulador haya tolerado esta situación, más propia de nuestro siglo XIX -el monopolio de la sal- que del XXI.

* Pedro Galindo es director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado.

La pregunta que nos baila en la cabeza contiene algo más que miedo o desconcierto. Encierra la certeza de que fácilmente podríamos haber sido nosotros quienes no regresáramos a casa, quienes dejáramos una llamada sin contestar o una vida interrumpida en mitad de cualquier rutina. Entre quienes sobreviven y quienes mueren puede no haber existido más diferencia que unos minutos, un trayecto o una circunstancia que nadie habría considerado decisiva. Aceptarlo resulta difícil porque obliga a reconocer que nuestra voluntad no basta para mantenernos a salvo, y que el mundo no distribuye sus desenlaces conforme a nuestros merecimientos.

Las catástrofes como los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, como las riadas de la DANA, instalan a la sociedad en esa lucidez incómoda. Más allá de las circunstancias particulares de cada tragedia, su impacto alcanza a quienes nunca estuvieron allí, pero se reconocen en las víctimas. No eran personas que vivieran al margen de nuestra realidad, expuestas a un destino ajeno. Eran personas que viajaban, trabajaban, volvían a casa o esperaban a alguien. Sus vidas transcurrían dentro de la misma normalidad en la que nosotros depositamos nuestra confianza. De hecho, muchos conocíamos a alguien que se quedó allí para siempre.

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La conmoción empieza cuando esa normalidad deja de parecernos una garantía. Nos gusta pensar que nuestras decisiones determinan, al menos en parte, lo que nos sucede. Queremos creer que la prudencia permite anticipar los riesgos y que existe una relación razonable entre la manera de vivir y las consecuencias de nuestros actos. Pero una tragedia rompe esa continuidad y nos enfrenta a la posibilidad de que dos vidas semejantes se separen de forma irreversible, sin que podamos encontrar en su mínima diferencia una explicación satisfactoria.

Para quien sobrevive, la pregunta adquiere una intimidad distinta. El alivio de seguir vivo se mezcla con la culpa de sentirlo, como si la propia continuidad exigiera una justificación ante quienes han muerto. Aparecen entonces interrogantes que no responden a una lógica moral, pero que pueden resultar difíciles de apartar: por qué uno permanece, qué ha hecho para merecerlo, cómo puede regresar a su vida mientras otras personas ya no tendrán esa posibilidad.

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La culpa del superviviente expresa, en ocasiones, la necesidad de encontrar un orden allí donde solo se percibe arbitrariedad. Si la muerteha separado dos destinos sin una razón comprensible, atribuirse alguna responsabilidad puede parecer menos insoportable que aceptar la impotencia. Al menos, la culpa conserva la ilusión de que algo podría haberse hecho de otro modo. De ahí que algunas personas reconstruyan una y otra vez lo sucedido, revisen sus decisiones y se pregunten si habrían podido advertir el peligro, ayudar más o impedir un desenlace fatal.

Pero la sensación de responsabilidad no demuestra que esa responsabilidad exista. Es necesario distinguir entre la culpa que nace del sufrimiento y la que corresponde a hechos concretos, susceptibles de investigación y valoración. Confundirlas puede añadir una carga injusta al dolor de quienes ya están tratando de asimilar lo ocurrido. Sobrevivir no constituye un privilegio que deba pagarse con infelicidad, ni continuar adelante significa olvidar a quienes faltan.

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Esa conciencia no afecta únicamente a quienes han vivido la catástrofe en primera persona También sacude a una sociedad que descubre, durante unos días, la proximidad de una muerte que habitualmente mantiene en segundo plano. Las víctimas dejan de ser una cifra cuando imaginamos sus proyectos, sus vínculos y todo lo que quedará pendiente.

Sin embargo, aceptar la incertidumbre no significa aceptar la fatalidad. No todas las tragedias pueden evitarse, pero tampoco todo lo que ocurre debe atribuirse al azar. La prevención, el mantenimiento de las infraestructuras, los sistemas de alerta, la diligencia institucional y la investigación de las causas pertenecen al ámbito de la responsabilidad humana. La conciencia de nuestros límites no puede convertirse en una excusa para renunciar a aquello que sí podemos prever, corregir o impedir.

Quizá nunca encontremos una respuesta a la pregunta que encabeza este texto. No existe una razón moral para que unos sobrevivan y otros mueran, ni la vida de quien permanece vale más que la de quien falta. El superviviente no tiene que justificar su suerte, del mismo modo que nadie debería buscar en la desgracia ajena una explicación que le permita seguir creyéndose a salvo.

La muerte nos recuerda que no somos invulnerables, pero la responsabilidad nos impide aceptar esa fragilidad como una condena. Entre quienes se han ido y quienes seguimos aquí no hay una frontera moral que explique el azar, pero sí un vínculo que nos compromete. Estar vivos no nos hace mejores ni más merecedores. Nos obliga a decidir qué hacemos con la vida que continúa y qué estamos dispuestos a hacer para proteger la de los demás.

* Beatriz Becerra es psicóloga y escritora. Doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, fue eurodiputada y vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (2014-2019) y es vicepresidenta y cofundadora de España Mejor.

Pensaba que tenía poco sentido cuando personas tan importantes como el presidente y la vicepresidenta del Gobierno que ella integró, o quienes tuvieron más cercanía, ya lo han hecho.

Pero lo tiene.

Porque no hace falta ser importante para hablar de ella, porque trataba con el mismo cariño a cualquier persona, con independencia de su rango y condición. Es más, acrecentaba su calidez con aquellos que necesitaban que alguien de su categoría se les acercase para sentirse importantes.

Porque no hace falta haber compartido mucho tiempo con ella para sentirla cerca. En estos tristes días, comentando con sus amigos y familiares cómo era, todos habíamos hablado o quedado con ella hace poco o lo íbamos a hacer, porque sacaba de donde fuese el tiempo para estar pendiente de cada uno de nosotros. Recordaré siempre la tarde de mi último jueves en el Ministerio de la Presidencia, cerrando los índices del Consejo, cuando Fátima quiso acompañarnos a Soraya, María y David porque sabía lo emotivo que era para mí.

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Y porque da igual que otros hayan escrito ya sobre ella, porque se merecería una elegía cada día. Es muy difícil encontrar alguien con esa bondad, buen humor, empatía y genuina vocación de servicio a España. Todavía nos beneficiamos, y lo seguiremos haciendo en el futuro, de las reformas que impulsó y en las que participó, y de la labor que luego hizo en la Fundación CEOE.

Lo mejor que nos deja Fátima es la esperanza de saber que es posible combinar el sentido de Estado, la ejecutividad y la humanidad necesaria para que incluso quienes discrepan de ti te aprecien. Bueno, eso y las carcajadas que te hacían sonreír cuando más lo necesitabas.

*Jaime Pérez-Renovales es abogado del Estado y fue subsecretario de la Presidencia entre 2011 y 2015.

Abrí sus mensajes con la extraña sensación de estar entrando en un lugar que debería estarme vedado. Como si leer lo que escribía me permitiera mantener un hilo de comunicación con alguien que ya no está. Como cuando uno se encuentra con una conversación de WhatsApp con un amigo que ha fallecido y siente la tentación de escribirle, con la ilusa esperanza de recibir una respuesta.

Leí con pudor. Algo de política, mucho de su profesión. Y, de repente, estas palabras: "Imagino que cuando llegamos al final, si echamos la vista atrás y encontramos felicidad, no nos entristece marchar. Imagino que será así en todos los aspectos de la vida".

Di un respingo. Parecía que Antonio me estuviera hablando directamente.

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El mensaje llevaba a un vídeo de YouTube. Lo había hecho él y era el único de su canal. Un homenaje a Barcelona que parecía el comienzo de una película de Woody Allen.

Y entonces escuché su voz.

Antonio narraba las imágenes y hablaba de la ciudad que tanto quería. Me impresionó escucharlo. Hasta ese momento había estado leyendo las palabras de un desconocido. Ahora podía escucharlo. Si ya sentía que me había colado en una intimidad que no me pertenecía, aquella voz me acercaba todavía más a ella.

Las imágenes también las había grabado él. Según explicaba en la descripción, había hecho el vídeo para despedirse de Barcelona cuando tuvo que dejarla después de estudiar allí. Era la despedida de una ciudad. Yo no podía evitar escuchar en ella otra despedida.

Me quedé pensando en su frase sobre llegar al final y mirar atrás. Me pregunté cuánta felicidad habría encontrado él. Y si aquel vídeo era el comienzo de una película que dejó para después.

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No sé si quería hacer más películas. No sé si lo dejó para otro momento. Lo que me sobrecoge es reconocer en esa posibilidad todas las cosas que yo también voy dejando. Ese proyecto que tengo en la cabeza. Esa visita que siempre aplazo. La costumbre de vivir como si siempre fuera a quedar tiempo para un beso más, para otra conversación, para despedirnos. Antonio no estaba destinado a morir ni nosotros a seguir viviendo.

Pienso también en sus últimos instantes, cuando, sabiendo ya que no viviría, accionó el freno de emergencia para evitar una tragedia mayor. En el valor de quien, al verse ante una muerteinevitable, todavía intenta salvar a otros. Y en el homenaje que todos deberíamos estar rindiéndole.

La voz que yo acababa de escuchar hablando de Barcelona era la misma que aparecía en las grabaciones de sus conversaciones con el centro de control. En el vídeo había elegido qué contar. En aquellos audios solo estaba haciendo su trabajo.

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Me duele pensar que muchos conocerán su voz únicamente por esas grabaciones. Que de todo lo que dijo, de todo lo que quiso contar, solo les lleguen unas palabras pronunciadas poco antes de morir. Antonio no merecía ser conocido por ese último audio.

Y me indigna que este maldito Gobierno haya decidido filtrar sus últimas palabras para convertirlo en chivo expiatorio del accidente y sacudirse una responsabilidad que solo es suya. Sus familiares no deberían haberse enterado de ellas por una noticia. Han querido señalar como sospechoso a quien ya no puede defenderse. Y lo hacen quienes tenían el poder de evitar esta catástrofe. Este Gobierno no merece perder unos votos, merece el repudio moral de un pueblo que ya ha tenido suficiente.

Pero sigo pensando en la otra grabación. En Antonio buscando las imágenes, escribiendo lo que quería decir, poniendo su voz a una ciudad que le había hecho feliz. En el tiempo que dedicó a hacer algo hermoso y compartirlo con los demás. Ayer, sin conocerme, aquello llegó hasta mí.

Cierro Twitter y me voy a casa a darles un beso a mis hijos. No quiero dejar ese beso para después.

Podéis escuchar a Antonio aquí

Después, al muy poco, llegó La Moncloa, en cuyos jardines se habían arrullado una tal Guiomar y el infinito Antonio Machado —a cuyos versos mi amiga era más que aficionada—. A ella la habían nombrado Ministra, de trabajo y seguridad social, y yo… yo ayudaba escribiendo discursos e intentando que las cosas salieran mejor. De golpe, no sé cómo, y sin más pasado que aquel café, era mi amiga. Y aún lo es. Una de esas amigas que siempre encuentra tiempo para hablar de tus cosas y no de las suyas porque lo que importa es lo que te corre a ti por dentro y no, por ejemplo, una Reforma Laboral con la que buscaba sacar adelante a un país que hoy llora por cada una de las setenta y cuatro víctimas del terrible accidente de Urda. Yo lo hago por todos, sí, y por ella. Por Fátima. Por mi amiga.

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Mi amiga era de esas mujeres que se compromete con lo grande tanto como con lo que para muchos no tendría importancia. Y lo mismo te llamaba para comentar un titular pequeño que para saber que "lo de tu sobrino" va todo bien —desde que supo que Alejandro, mi sobrino, tenía leucemia no respiró tranquila hasta que le dije que todo iba bien, sí, gracias a Dios; y fueron muchos meses—. Una de esas personas que tiende puentes porque no concibe que haya guerras y que si pudiera las pararía todas sin bajarse de sus tacones ni de sus grandes y eternos principios.

En 2015, yo andaba escribiéndole un discurso a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría —que viajaba a Lisboa a celebrar que en el Museo de Arte Antica habían recalado unos cuantos paisajes de El Prado—, me llamó para saber cómo me iba, si no me gustaría "volver a lo tuyo" —lo mío, las Artes—. "Pues claro, ministra", le contesté —yo siempre la llamaré así, ministra—, "pero si me pillas justo en eso"; pensando que algo le rondaba esa cabeza llena de proyectos, pero no que ese algo tendría en mi vida tanta trascendencia. No sé cuántos días más tarde, un puñado, la que me llamaba, misteriosa, era Marisa González. Para decirme que "la presidenta quiere hablar contigo".

Era una mujer que se comprometía con lo grande tanto como con lo que para muchos no tendría importancia

Y es que a Cristina Cifuentes quien le habló de mí fue ella. Quien le dijo que era mucho más de lo que soy y seré nunca fue ella. Y por ella fui nombrado Director General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid. Y ahí empezó todo esto de la política. Desde ahí, cada vez que he tenido una duda la he llamado a ella. Y el martes, este martes, lo hacía sin saber que no podré volver a hacerlo más. Justo al lado de otra grande que la quería y quiere igual que yo, Susanna Griso. “Ministra, ¿cómo enfoco lo que está pasando en Barcelona?” “Sé tú. Nada más”.

No creo que pueda volver a ser yo. O al menos no el yo de hace cuatro días, cuando un accidente mortal dejó en suspenso para siempre a tantas familias que andarían como yo en sus cosas. Yo charlando con Antonio Roura, responsable de educación y cultura de la Conferencia Episcopal. Hablando de Moyano y su ley centenaria y de la necesidad de un pacto de país para que desde las aulas el futuro esté asegurado. Con mi amiga Fátima en la cabeza como cada vez que pienso en pactos. Eso es lo que mejor sabía hacer ella. Armar consensos. Coser abrazos. Buscar la manera de fraguar pactos sin que se le despeinara ni un pelo de esa sólida melena que se tocaba con la mano derecha cuando estaba concentrada.

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Voy a echarla mucho de menos. Tanto que no soy capaz de entenderlo. Menos que su marido y sus hijos, claro, que sus hermanos. Pero todos los días del año. Y quizás, sólo quizás, un poco más cada 24 de diciembre. Porque era el día, la mañana, que nos teníamos reservado para celebrar juntos la Navidad. Con un café largo y algo dulce y villancicos y olor a caldo de gallina y huesos de jamón de fondo. Ayer, cuando supe que era una de las personas que viajaban en uno de los trenes siniestrados, salí corriendo de mi despacho para estar con Engracia Hidalgo, con la que, al menos, voy a seguir aprendiendo. De camino, y sin dejar de llamar a su móvil, por si acaso andaba ayudando, preocupándose por los demás y no de ella y sin prestarle atención al teléfono, pensaba en las Navidades de dentro de unas semanas y en todo lo que ella creía en Dios. Yo también creo. Mucho. Y creo —¡no, estoy convencido!— que desde eso que llamamos cielo para poder mirar a algún sitio y que es mucho más que aire y vapor de agua formando riscos, ya nos anda cuidando. Porque sólo sabe hacer eso, cuidar y querer. Mucho. Fuerte. Sin pedir nada a cambio. Porque nunca deja que pase un segundo sin intentar cambiar las cosas. A mejor. Mejor que nadie.

Espérame ahí arriba, amiga.

De aquella inauguración de la primera línea ferroviaria de la España peninsular en 1848, el Barcelona Mataró, surgió una coplilla popular que decía "Entre los inventos mil /, ninguno tan portentoso / como el ferrocarril. / Tan rápido como el viento / te lleva hasta Mataró / el carril, en un momento. / Jamás tal cosa se vio, / el comer en Barcelona / y el cenar en Mataró."

Ahora en pleno siglo XXI y hasta hace un año, podíamos cantar lo mismo desde Madrid a Barcelona, o a Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Santiago y más. Eso era antes, ahora lo que tenemos que hacer es rezar y que no nos pase nada grave porque ya tenemos asumido que podemos llegar a cenar hoy o mañana, o no llegar.

Cómo se puede producir un alcance en una línea de alta velocidad con consecuencias tan catastróficas. De momento, este es el segundo accidente más grave de la alta velocidad que ha ocurrido en España, después del de Angrois (Santiago) de 2013, el tercero de Europa y del mundo. El que más víctimas tuvo en este macabro ranking fue el de Eschede (Alemania) en junio 1998. Tristísimo background el que atesoramos, segundo, tercer y cuarto lugar en la historia mundial de la alta velocidad. Y lo peor, dos de ellos en nueve meses, impresiona.

Pero, por qué pasan estas cosas. Cada accidente tiene unas causas técnicas, otras funcionales o procedimentales y otras de factor humano. Casi siempre confluyen varias. Es muy extraño que no haya alguna causa técnica, en este caso, ha sido el "apagón" del sistema de señalización LZB, un sistema muy fiable y maduro, pero ya antiguo, que se inauguró hace 34 años cuando se puso en marcha la línea Madrid-Sevilla en 1992. Por qué se fue a cero el LZB. Eso está por averiguar, pero no es la primera vez.

La causa funcional está en instrucciones aparentemente cuestionables entre el puesto de mando y el maquinista del tren de Renfe y el de Iryo. Hay que esperar el análisis en profundidad y comprobar cómo se ha procedido antes de apuntar a estos ferroviarios.

Pero qué pasó con el ASFA, que es el sistema de señalización que se utiliza cuando falla el LZB. Otro punto por aclarar.

Y, por último, por qué el maquinista del AVE no circuló a baja velocidad con "marcha a la vista" si no tenía LZB y no sabemos si ASFA, pero parece que tampoco.

En la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla, un fallo del LZB puede dar lugar a circulación con bloqueo de señalización lateral (BSL), como parece ser que ha ocurrido en este caso, esto no equivale automáticamente a marcha a la vista. No hay una velocidad máxima única por el mero hecho de circular en "modo degradado con marcha a la vista". Depende del supuesto y de las condiciones de circulación.

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El Reglamento de Circulación Ferroviaria define la marcha a la vista sin asignarle un límite de velocidad concreto, ya que exige ajustar la velocidad a la vía visible en cada zona para poder detener el tren ante cualquier obstáculo o señal de parada.

Y con estas consideraciones, no doy respuestas, solo apunto lo que todo ferroviario sabe, y que seguro esta mañana en el centro de control H24 que tiene Adif en Atocha, donde han estado encerrados haciendo sus primeros análisis los técnicos y expertos de Adif, directores, su presidente, el ministro, el secretario de Estado, y quién sabe cuántos cortesanos más, durante cuatro horas antes de comparecer ante la prensa y medios, habrán desgranado bien todos los detalles. O al menos eso hay que suponer.

La cuestión hoy no es quién se equivocó o por qué ha ocurrido esta tragedia. Hoy toca respeto y silencio por las familias. Pero mañana tocará preguntar. Hay muchas preguntas y es imperativo que la sociedad tenga respuestas.

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Los accidentes no empiezan el día que ocurren, sino mucho tiempo antes. Mantenimiento insuficiente, expedientes aplazados, prioridades presupuestarias decididas por cuestiones políticas no técnicas o presupuestos que no se presentan y por tanto no se aprueban.

Hoy hemos visto el final de una cadena de errores o (Dios no lo quiera) tan solo otro punto y seguido, como ahora sabemos que fue lo de Adamuz. Pero ¿sabemos dónde empezó? Muchos lo intuimos, con bastantes indicios y evidencias.

Uno de ellos, el 6/2019, ampliaba el permiso de paternidad, una bandera de Ciudadanos. Ya habíamos impuesto su ampliación a cinco semanas en los Presupuestos de 2018, y en el pacto para investir presidente a Mariano Rajoy figuraba su equiparación con los permisos de maternidad hasta alcanzar las 16 semanas para ambos progenitores. Aun así, llegado el trámite de calificación, planteé en la Mesa que no debía admitirse, porque a nuestro juicio invadía materia de ley orgánica y lo hacía sin Cortes. No nos oponíamos al qué, sino al cómo. El portavoz socialista nos acusó a la presidenta, Ana Pastor, y a mí de un uso "sectario y fraudulento" de la Mesa que "raya en el delito", y de querer llevar "el tongo y el pucherazo" al Congreso (sin comentarios).

No voy a esconderlo: perdí aquella batalla y me llevé un tirón de orejas de los gurús de comunicación de mi partido. Los letrados entendieron que la Mesa solo podía inadmitir un decreto-ley ante una inconstitucionalidad manifiesta, y el decreto siguió su curso. Quizá tenían razón en lo procedimental, pero lo que intentábamos frenar no era un decreto, sino la práctica que inauguraba, y frenarla importaba más que cualquiera de sus contenidos, por beneficiosos que fueran. Lo que el decreto aprobaba podía aprobarse, con debate y enmiendas, en las Cortes que salieran de las urnas. Lo que el decreto inauguraba, en cambio, no tendría vuelta atrás. Era un fraude silencioso pero letal, que convertía el Consejo de Ministros en comité de campaña con las elecciones ya convocadas y que, al legislar sin Parlamento, alteraba las reglas más elementales de la separación de poderes. Siete años después, esa práctica se ha convertido en norma.

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Este martes 20 de octubre, el Consejo de Ministros ha inaugurado lo que el Ejecutivo bautiza ahora como "martes sociales": un catálogo de prestaciones que va de la protección por menopausia a las pensiones de viudedad y que culminará, antes de las urnas, con la subida del salario mínimo. "El Gobierno sigue gobernando", ha justificado la ministra portavoz. No discuto el fondo; muchas de esas medidas atienden necesidades sociales evidentes. Pero el decreto-ley exige, siempre, "extraordinaria y urgente necesidad" (artículo 86 CE). ¿Qué urgencia sobrevenida justifica en octubre de 2026 una prestación que el Gobierno pudo llevar al Congreso cualquier día de los últimos tres años? Esta urgencia no es de quienes van a recibir las prestaciones, sino de quien se presenta a las elecciones. Y la convalidación, en vísperas de la campaña o ya dentro de ella, será un acto de campaña puro y duro, planteado de modo que oponerse a cualquiera de sus piezas equivalga a votar contra las viudas o los niños con cáncer.

El presidente, en 2019, no concebía gobernar sin Presupuestos. No tanto ahora

El presidente que en 2019 no concebía gobernar sin presupuestos no ha presentado ni uno solo en toda la legislatura, pese a que el artículo 134.3 de la Constitución le obliga a hacerlo cada año. Lo que no quiso llevar al Congreso en tres años lo aprueba ahora en seis semanas, a trozos y sin Congreso, comprometiendo además un gasto permanente que pagará el Gobierno que salga de las urnas, sea cual sea.

Con todo, lo que más me preocupa es desde dónde se hace campaña. Tras la convocatoria, el artículo 50 de la LOREG prohíbe a los poderes públicos aludir a sus logros e inaugurar obras o servicios, para que el Gobierno que concurre a las elecciones compita en igualdad con quienes aspiran a sustituirle. Lo que no se puede hacer cortando una cinta se hace ahora cada martes desde la sala de prensa de la Moncloa. Los demás candidatos prometen; el Gobierno candidato convierte sus promesas en letra impresa del BOE y las paga con el dinero de todos.

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Y no es una interpretación mía. El pasado 15 de octubre, la Junta Electoral Central abrió expediente sancionador al propio presidente por su comparecencia en la Moncloa del día 6, al apreciar que sus "manifestaciones valorativas" podían vulnerar el deber de neutralidad. Cinco días después quedaban inaugurados los "martes sociales", un eslogan cuyo nombre es ya una confesión. Quedan cinco martes más hasta el 29 de noviembre, los dos últimos en plena campaña oficial. Así que de desliz, nada: es una costumbre. La Junta ya multó a la portavoz Isabel Celaá en 2019 y a su sucesora, Isabel Rodríguez, en 2023; y apercibió a Félix Bolaños por alardear de los logros del Gobierno en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En cuanto al presidente, el primero de la democracia multado por la Junta Electoral acumula ya cinco expedientes, incluido el actual, y al menos tres multas por hacer campaña desde la Moncloa, desde Bruselas y hasta desde Doha. Si nada ha cambiado, es porque una sanción de entre 300 y 3.000 euros no disuade a quien dispone del BOE. Cuando la multa es una propina y el premio es el Gobierno, la infracción sale a cuenta.

Por eso ya no basta con denunciarlo, se imponen reformas legislativas en defensa propia. En primer lugar, el decreto-ley ha dejado de ser un instrumento excepcional para convertirse en la forma ordinaria de legislar. Todos los gobiernos lo han usado, pero los de Sánchez más que ningún otro en democracia, ante un Tribunal Constitucional que, laxo con su presupuesto habilitante, no ha querido o no ha sabido ponerle coto. Si el control no llega, habrá que cambiar la regla, aunque exija una reforma constitucional. Debería suprimirse el artículo 86 de la Constitución y sustituirse por un procedimiento legislativo de urgencia, en el que el Gobierno podría declarar urgente un proyecto y el Congreso estaría obligado a debatirlo, enmendarlo y votarlo en un plazo breve y cierto. Y si las Cámaras están disueltas, que la Diputación Permanente legisle, pero con debate y enmiendas, en lugar de limitarse a sellar.

Mientras esa reforma llega, hay otra más sencilla y urgente: extender al periodo entre la disolución de las Cámaras y las elecciones las limitaciones que la Ley del Gobierno impone al Gobierno en funciones; y ampliar expresamente la neutralidad de la LOREG al Consejo de Ministros y a su comparecencia semanal, con sanciones que disuadan de verdad. Es lo que en Australia, Canadá o el Reino Unido resuelve la costumbre, con las convenciones del caretaker government o del pre-election period.

Escudo social a costa del vecino

Alguien dirá que no hace falta llegar tan lejos, que bastaría con que el Gobierno se contuviera. Y tendría razón en una democracia sana, porque en ellas las normas no escritas pesan casi tanto como las escritas. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt lo explicaron en Cómo mueren las democracias: los sistemas constitucionales no se sostienen solo sobre sus textos, sino sobre dos hábitos que ninguna constitución recoge, la tolerancia mutua, que consiste en aceptar al adversario como legítimo, y la contención institucional, que consiste en no apurar hasta el límite los poderes que la ley concede. Con las normas actuales, un Gobierno puede legislar por decreto con las Cámaras disueltas, anunciar cada semana desde la Moncloa prestaciones nuevas en plena precampaña o aprobar en seis semanas lo que no tuvo la decencia de presentar en tres años. Que pueda no significa que deba. La contención sería precisamente eso, renunciar a lo que la letra de la ley permite porque su espíritu lo impide. Pero en España los diques de las buenas costumbres democráticas se rompieron hace tiempo, hoy la intolerancia y la falta de contención inundan la vida pública. Y cuando las reglas no escritas dejan de funcionar, solo quedan dos caminos: resignarse o escribirlas. Como buen positivista, soy más partidario de la regulación que de la resignación.

Que el Gobierno gobierne hasta el último día, por supuesto. Pero que no confunda el Consejo de Ministros con un comité de campaña, ni el BOE con un mitin.

*J. Ignacio Prendes es abogado y exvicepresidente del Congreso.

Los polvos de la amnistía y la interpretación que de ella ha hecho el TC traerán lodos, y pronto. Como aperitivo tenemos el emotivo espectáculo del regreso de Lluís Puig, uno de los que, junto a Puigdemont, huyó del proceso penal que siguió a la declaración unilateral de independencia: gran recepción en el Parlamento catalán, en el que, ilegalmente, se le conservaba su condición de diputado pese a estar ausente, cubriendo su escaño con un lazo amarillo, que ahora, según el Presidente de la Cámara, también militante de Junts, será retirado y conservado como merece en su calidad de "recuerdo de la infamia", que es el calificativo que ese sujeto elige para referirse a la reacción del Estado ante el intento de golpe de los independentistas.

Nada tengo que objetar a que la Mesa del Parlamento aguardara la llegada del héroe a las puertas del Parlamento (sin que conste que el PSC-PSOE haya puesto pega alguna). El mismo presidente del Parlamento ha aprovechado el viaje para subrayar que aquel acto era el prolegómeno de la recepción que se daría a Puigdemont en su condición de "presidente en el exilio que ha preservado la integridad de la Generalitat". El regresado Puig ha aprovechado la ocasión para atacar a los jueces, prevaricadores contra Cataluña y para jactarse de que ha aprovechado el exilio para que en toda Europa se conociera bien el conflicto catalán, que está muy lejos de resolverse, al contrario: sigue abierto. Quiere ello decir que "la lucha continuará".

Ante esa escenificación político-emocional de la lucha independentista, da risa oír a los dirigentes del PSOE asegurar que la amnistía era necesaria para la pacificación y reunificación de Cataluña. Cuestión diferente es que las circunstancias concretas que se dieron en octubre de 2017 es difícil que se vuelvan a producir, y, por otra parte, es muy improbable que el próximo Gobierno esté pendiendo de los votos independentistas como ha sucedido con el actual.

Que vuelva (otra vez) Puigdemont

Pero no hay que engañarse: la vida pública en Cataluña será complicada, y de eso se encargarán tanto los partidos más izquierdosos – si es que se acepta la compatibilidad entre independentismo e izquierdismo – como los nacionalistas de derecha o extrema derecha. La lucha contra todo lo que suene a Reino de España o cultura histórica española o identidad nacional compartida, será sañudamente perseguida, ya sea el respeto al Rey, la presencia de las Fuerzas Armadas, la enseñanza del español o las corridas de toros, cuya prohibición, como saben todos, salvo algún antitaurino de buena fe, nada tiene que ver con el dolor animal.

Quizá algún ingenuo confiará en que el PSC-PSOE pondrá barreras a las políticas antiespañolas. Craso error que pronto podrán comprobar, desde el momento mismo de la Vuelta a Cataluña sin bicicleta que ha programado Puigdemont para recibir flores y exhortaciones a su heroica batalla.

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La utilidad de la amnistía y de la genuflexión ante los independentistas ha servido exclusivamente para sostener al Gobierno de Sánchez, y de eso se trataba, como han reconocido expresamente incluso +algunos de sus ministros. Los "exiliados" que regresan son la mejor prueba, y falta todavía la apoteosis que se organizará con la vuelta de Puigdemont, descendiendo por la escalera iluminada de fin del espectáculo, como hacía Josephine Baker al final de sus revistas.

Así pues, no se puede contar con los que regresan. Pero sí con otros, al menos eso es lo que en el laboratorio de ideas de la Moncloa se ingenió y plasmó con la ya famosa "ley de nietos", con la que se aspiraba a incorporar al censo de personas con derecho al voto, a miles y miles de votantes por aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 20-10-2022, que ofrecía la nacionalidad española a los descendientes de españoles exiliados durante la dictadura franquista. Nótese que no se hacía la misma oferta a los que se fueron de España por falta de trabajo, que no han sido pocos.

La cosa empezó a funcionar y, según las crónicas, algunos consulados empezaron a repartir pasaportes españoles a mansalva, sin excesivos miramientos en orden a comprobar la realidad de los requisitos exigidos por la ley, que, por otra parte, eran difusos, inconcretos y todo lo incompatible con un mínimo respeto a la certeza del derecho. La frivolidad con la que se aplicaba la ley fue reforzada por una Instrucción del Ministerio de Justicia, en cuya virtud se "presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955", y, a su vez, sin que ese hecho y su causa fuera preciso documentarlo mínimamente.

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Esa vergonzosa barra libre fue determinante de acciones emprendidas ante el TS que decidió, con monumental cabreo del Gobierno, paralizar la inscripción en el Censo Electoral de españoles con derecho a voto (CERA) y el derecho a voto de los ya inscritos tras obtener la nacionalidad española por esta vía, por la cual el Gobierno confiaba en incorporar a más de dos millones de votantes, en la convicción, no confesada pero evidente ante el enfado contra el TS, de que sus votos irían en muy buena medida al PSOE, en agradecimiento por el regalo, que, además, podría ir acompañado de la inscripción en las listas del paro a fin de recibir el correspondiente subsidio.

El tema es y va a ser motivo de complejos procedimientos, y la falta de vida parlamentaria, ya desde hace años, ha impedido discutir el punto básico que es el de diferenciar entre la concesión de la nacionalidad española (idea justa) y la del derecho al voto a personas que no viven ni trabajan en España, que es un disparate. Pero dejaré eso para otra ocasión.

Resumiendo: la operación de amnistía le sirvió a Sánchez, pero no a España, y menos a Cataluña, y fue un desastre jurídico vergonzoso, tanto como la ley de nietos, orientada a romper la pureza del sufragio electoral sin respeto alguno a los españoles.

Sumamos y sigamos, que queda mucho por ver.

Y, sin embargo, es de eso de lo que deberíamos estar hablando.

De quien espera durante meses, o años, una respuesta a su demanda. De quien necesita resolver un conflicto laboral, una disputa familiar o una reclamación frente a la Administración. Para esas personas, la Justicia no es un argumento de campaña. Es la última puerta a la que llaman para obtener una respuesta.

Ahora que los partidos políticos piden de nuevo la confianza de los ciudadanos, también deberían rendir cuentas de lo que han hecho —o han dejado de hacer— por la Administración de Justicia. Y explicar qué piensan cambiar. No con declaraciones de principios que sirven para cualquier programa electoral, sino con compromisos concretos, plazos y recursos.

Zafarrancho, de combate y de limpieza, contra los jueces

El primero tiene que ver con los medios y con el número de jueces. España arrastra desde hace años una insuficiencia de plazas judiciales que se traduce en órganos sobrecargados, retrasos y dificultades para atender los asuntos con la dedicación que merecen. La creación de 500 plazas anunciada en 2026 es una noticia positiva. Pero no deberíamos confundir una medida necesaria con la solución a un problema que se ha permitido crecer durante años. Las cifras se anuncian con facilidad; lo difícil es sostener una política de medios que no se abandone una vez terminada la campaña.

Hacen falta más jueces y una planificación que no se agote en una legislatura. También hacen falta una distribución de funcionarios eficiente, equipos informáticos que funcionen, instalaciones adecuadas y una organización capaz de sostener el trabajo diario. Una plaza judicial no es solo una cifra en el Boletín Oficial del Estado. Detrás debe haber un órgano que pueda trabajar de verdad.

¿Votarías en un referéndum para garantizar la independencia de la Justicia?

La segunda exigencia es menos vistosa en una campaña electoral, aunque resulta igual de importante: unas cargas de trabajo saludables.

Durante demasiado tiempo se ha dado por supuesto que, ante el aumento de asuntos, la respuesta debía ser que los jueces trabajáramos más. Se cuentan procedimientos, sentencias y resoluciones. Se fijan objetivos. Se compara lo que sale de un órgano con lo que sale de otro. Todo eso puede aportar información. Lo que no puede hacer es sustituir la pregunta fundamental: ¿cuánto tiempo necesita un juez para resolver bien un asunto? Si esa pregunta se evita, las cifras dejan de ayudarnos a comprender el problema y empiezan a ocultarlo.

Juzgar no consiste en producir sentencias. Exige estudiar los hechos, examinar las pruebas, contrastar los argumentos de las partes y explicar por qué se adopta una decisión. No todos los procedimientos tienen la misma dificultad ni pueden despacharse con el mismo tiempo. Hoy, además, nos enfrentamos a litigios cada vez más complejos, escritos más extensos y referencias jurídicas que deben comprobarse, especialmente cuando la inteligencia artificial permite multiplicarlas con una facilidad hasta hace poco desconocida.

Cuando reclamamos cargas saludables no pedimos eludir nuestra responsabilidad

Cuando reclamamos cargas saludables no estamos pidiendo trabajar menos ni eludir nuestras responsabilidades. Estamos diciendo que hay un límite a lo que puede exigirse sin comprometer la salud de quienes juzgan y la calidad de sus decisiones. Y hay también un cansancio que convendría no ignorar. El de reclamar durante años soluciones a problemas conocidos, el de comprobar cómo las deficiencias se convierten en habituales y cómo se sigue confiando en que el esfuerzo personal de jueces y magistrados termine compensándolo todo. Seguimos haciéndolo porque creemos en nuestro trabajo y conocemos la responsabilidad que tenemos entre manos. Pero no es razonable que el funcionamiento de un servicio público esencial dependa indefinidamente de ese esfuerzo extraordinario. Y mucho menos que el ciudadano termine pagando las consecuencias de unas carencias que deberían haberse corregido hace tiempo.

Queda una tercera reforma, para la que el obstáculo no parece ser económico. Es la del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.

El Consejo está llamado a proteger la independencia de jueces y magistrados. Sin embargo, la elección de sus 20 vocales depende actualmente de las Cortes Generales. Cada renovación se convierte así en una negociación entre partidos, con cuotas, vetos y equilibrios que todos conocemos. No podemos seguir fingiendo sorpresa cuando la ciudadanía percibe al Consejo a través de las etiquetas de conservadores y progresistas, como si fueran esas las categorías que debieran definir a quienes lo integran. Esa percepción no nace de la nada.

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El problema no es solo la imagen del Consejo. Es que esa imagen termina proyectándose sobre los jueces que dictamos resoluciones cada día y que no participamos en esos acuerdos políticos.

La Constitución distingue doce vocales procedentes de la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia. Lo que defendemos es que los doce primeros sean elegidos directamente por los jueces y magistrados, mediante un procedimiento abierto, plural y con garantías. Un sistema en el que puedan presentarse candidatos asociados y no asociados, que asegure la representación de las distintas categorías judiciales y que no sustituya las cuotas de los partidos por cuotas asociativas.

No falta una propuesta concreta, la tenemos. Existe un modelo de elección directa, proporcional y con listas abiertas que permite debatir sobre reglas, garantías y representación sin quedarse en las consignas. También existen recomendaciones europeas sobre la participación de los propios jueces en la elección de los vocales judiciales. La discusión técnica es necesaria, pero no puede servir de pretexto para aplazar indefinidamente la decisión política. Los partidos deben explicar por qué consideran imprescindible conservar la última palabra sobre esos doce puestos.

Los jueces también tenemos deberos y debemos examinar las deficiencias

Ahí es donde los discursos sobre la independencia judicial se ponen a prueba. Es fácil reivindicarla en un acto público o invocarla frente al adversario. Lo verdaderamente revelador es lo que cada partido está dispuesto a hacer cuando la reforma limita su propia capacidad de influencia. Y, hasta ahora, el sistema sigue siendo el mismo.

Los jueces también tenemos deberes. Debemos examinar nuestras deficiencias, mejorar nuestra forma de trabajar y recordar que la confianza se gana con resoluciones motivadas y con un trato respetuoso a quienes acuden a los tribunales. Nada de eso nos exime de señalar lo que no depende de nosotros.

No pedimos una Justicia a la medida de los jueces. Pedimos una Justicia a la altura de los ciudadanos. Con los recursos suficientes para llegar a tiempo; con cargas de trabajo que permitan decidir con rigor; y con un órgano de gobierno cuya independencia no dependa de una negociación entre partidos.

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No basta con incluir estas cuestiones en un programa electoral y olvidarlas al día siguiente. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué plazas se van a crear, con qué medios, cómo se van a fijar unas cargas de trabajo razonables y qué reforma concreta se propone para el Consejo. Y tienen derecho a exigir explicaciones si, una vez en el poder, esas promesas vuelven a quedar en nada.

La pregunta, en estas elecciones, no es cuántas veces van a hablar los partidos de la independencia judicial. Es si están dispuestos a adoptar las medidas necesarias para garantizarla, incluso cuando eso les obligue a renunciar a una parte de su poder.

*Marien Ortega es portavoz naciona de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria